Diciembre, un mes maldito para Per¨²

Los cient¨ªficos sociales todav¨ªa no han descifrado qu¨¦ sucede cada diciembre en Per¨², mes de destapes, traiciones, rupturas, pactos debajo de la mesa y el retorno a la palestra de sus viejos fantasmas. Como si los guionistas de una plataforma de streaming se hubiesen puesto a trabajar horas extra, esta semana el expresidente Alberto Fujimori ¡ªcondenado en 2009 a 25 a?os de prisi¨®n por ser el autor mediato de dos masacres y dos secuestros¡ª sali¨® en libertad gracias a un controversial fallo del Tribunal Constitucional que desaf¨ªa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la fiscal de la Naci¨®n Patricia Benavides fue suspendida por seis meses por ser la presunta cabecilla de una organizaci¨®n criminal; el exmandatario Pedro Castillo cumpli¨® un a?o en prisi¨®n por su frustrado autogolpe de Estado; Dina Boluarte alcanz¨® su primer a?o de gesti¨®n con una aprobaci¨®n de 11% ¡ªla m¨¢s baja de los ¨²ltimos seis presidentes¡ª; y se reiniciaron las protestas a nivel nacional, aunque todav¨ªa sin el fragor ni la masividad del pasado reciente.

El mi¨¦rcoles los fujimoristas lograron su m¨¢s caro anhelo: que su l¨ªder abandonara su celda y cruzara el port¨®n del penal de Barbadillo, en Lima. A diferencia del 24 de diciembre de 2017, cuando sali¨® entre gallos y medianoche al ser indultado en la v¨ªspera de la Nochebuena, esta vez el fallo se supo con un d¨ªa de antelaci¨®n y provoc¨® la concentraci¨®n de sus incondicionales a las afueras de la c¨¢rcel. La incertidumbre rein¨® hasta el ¨²ltimo instante. Principalmente, porque el Ejecutivo no hizo p¨²blico que acatar¨ªa la resoluci¨®n del Tribunal Constitucional a sabiendas de la orden de la Corte IDH de abstenerse a liberarlo. Fue reci¨¦n cuando estuvo todo consumado que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el ministro de Relaciones Exteriores Javier Gonz¨¢lez-Olaechea se pronunciaron al respecto por televisi¨®n. ¡°El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de ning¨²n modo desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos¡±, se?al¨® el canciller.

Lo cierto es que este viernes la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos emiti¨® un comunicado donde remarcan su rechazo a la decisi¨®n que ha tomado el Estado peruano. ¡°La Comisi¨®n reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y cr¨ªmenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad¡±, indican. En el mismo oficio le recuerdan al pa¨ªs que ¡°est¨¢ obligado a acatar las medidas que la Corte adopte en el ejercicio de sus facultades¡±.

A ello se suma la denuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo y C¨¦sar Ochoa, quienes han se?alado que no se les consult¨® un asunto tan delicado como la excarcelaci¨®n de Fujimori. Pese a estas irregularidades, la escena se llev¨® a cabo: el peruano-japon¨¦s que gobern¨® al Per¨² en los a?os noventa y dio un autogolpe de Estado en 1992 dej¨® el penal, con un bal¨®n de ox¨ªgeno, en compa?¨ªa de sus hijos Keiko y Kenji. ¡°Finalmente, la justicia y la humanidad se impuso¡±, dijo la lideresa de Fuerza Popular, en alusi¨®n a los 85 a?os de su padre.

Los familiares de las v¨ªctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta ofrecieron una conferencia de prensa donde calificaron de ¡°ilegal¡± la excarcelaci¨®n de Fujimori y mencionaron que llevar¨¢n el caso a la Asamblea General de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA). Seg¨²n la Procuradur¨ªa General del Estado, Fujimori no ha pagado hasta ahora los 57 millones de soles (15 millones 405 mil d¨®lares) de reparaci¨®n civil en favor del Estado por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial. Su abogado Elio Riera ha evitado el tema, pero adem¨¢s ha dejado en claro que buscar¨¢ la nulidad de los fallos por los casos Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. ¡°Esas sentencias pueden ser cuestionadas por v¨ªa acci¨®n constitucional. Se encuentran en tr¨¢mite. Espero discutir esos casos y demostrar la inocencia del se?or expresidente¡±.

Mientras la poblaci¨®n estaba prendida de lo que sucediera con los Fujimori, en el Ministerio P¨²blico se destapaba una olla de grillos. La Fiscal de la Naci¨®n, Patricia Benavides, fue suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Benavides est¨¢ acusada de mover los hilos de una organizaci¨®n criminal enquistada en su sector que habr¨ªa tramado la elecci¨®n del Defensor del Pueblo, la inhabilitaci¨®n de una fiscal suprema y la remoci¨®n de la JNJ a cambio de archivar investigaciones de congresistas. Su asesor m¨¢s cercano, Jaime Villanueva, se acogi¨® a la colaboraci¨®n eficaz y asegura haber actuado por orden de su jefa.

El 7 de diciembre hubo doble aniversario, ambos tristemente c¨¦lebres: la intentona de Pedro Castillo de instaurar un gobierno de excepci¨®n y disolver el Congreso y, con ello, su pasaje directo hacia prisi¨®n; y el primer a?o de Dina Boluarte detentando el poder. Un a?o donde si bien se las arregl¨® para mantenerse a flote, su legitimidad solo decay¨®. Seg¨²n Datum Internacional, solo el 11% de peruanos aprueba su gesti¨®n. La semana pasada, la presidenta fue denunciada constitucionalmente por homicidio calificado, junto a su primer ministro Alberto Ot¨¢rola, por las muertes de los manifestantes que protestaron en busca de su renuncia en los primeros meses de su gesti¨®n. La denuncia ¡ªcuestionada por tard¨ªa¡ª la formaliz¨® la cuestionada Benavides el mismo d¨ªa en que fue acusada de encabezar una red criminal, produciendo una ruptura entre ambas.

Mediante un decreto supremo, Boluarte nombr¨® al 7 de diciembre como el ¡°D¨ªa de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia¡±, en referencia a la captura de Pedro Castillo. Sin embargo, ese mismo jueves, en una veintena de provincias, miles de ciudadanos exigieron su salida. La consigna se mantiene inalterable, as¨ª como el pedido de adelanto de elecciones y de una Asamblea Constituyente para la elaboraci¨®n de una nueva carta magna. Las movilizaciones esta vez han tenido un car¨¢cter pac¨ªfico y no se han producido enfrentamientos ni toma de carreteras como hace un a?o. Se cre¨ªa que el antifujimorismo, considerado por varios analistas como la agrupaci¨®n pol¨ªtica informal m¨¢s grande del Per¨², se echar¨ªa a las calles en masa, pero todav¨ªa no ha sido as¨ª. Eso s¨ª, los ¨¢nimos siguen revueltos. Contin¨²an en pie de lucha las organizaciones sindicales, los gremios universitarios, y colectivos independientes. Solo es otro diciembre m¨¢s en Per¨². Y reci¨¦n comienza.

Sigue toda la informaci¨®n internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.