La Fiscal¨ªa mexicana se enfrenta al dif¨ªcil reto de recuperar el dinero de los sobornos en el ¡®caso Lozoya¡¯
Los jueces tienen una escasa tradici¨®n en la tarea de cuantificar y reparar el da?o en casos de delitos de corrupci¨®n. El juicio por el desfalco de Javier Duarte se cerr¨® con una multa de 2.500 d¨®lares
Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha repetido con insistencia que espera que a partir del juicio a Emilio Lozoya ¡°se pueda recuperar lo robado¡±. La narrativa del presidente, que aspira a sacar todo el r¨¦dito pol¨ªtico posible elevando el caso del exdirector de Pemex a ejemplo de su batalla anticorrupci¨®n, corre de todas maneras en paralelo a los avances y posibilidades jur¨ªdicas de la investigaci¨®n. Y las garant¨ªas para que Lozoya, acusado por los exdirectivos de Odebrecht de haberse embolsado m¨¢s de 10 millones de d¨®lares, devuelva el dinero de los sobornos o que los jueces lo obliguen a una reparaci¨®n del da?o a trav¨¦s de un pago importante son de momento una inc¨®gnita.
Tras su medi¨¢tica extradici¨®n, su internamiento en un hospital y el retraso en declarar ante los jueces, Lozoya ha sido finalmente imputado por los delitos de lavado de dinero, asociaci¨®n delictuosa y cohecho. El tribunal acept¨® las medidas cautelares pactadas por las partes y el exdirector de la petrolera estatal, tras salir el s¨¢bado del hospital, aguardar¨¢ en su casa la pr¨®xima vista, prevista para enero de 2021.
Mientras tanto, la defensa seguir¨¢ negociado con la Fiscal¨ªa la continuaci¨®n del acuerdo que ya alcanz¨® tras ser detenido en Espa?a. Sus abogados pusieron sobre la mesa durante las dos audiencias de la semana pasada la figura del criterio de oportunidad. Un recurso que podr¨ªa derivar en que se retiren los cargos y Lozoya quede en libertad, siempre y cuando el exdirector de Pemex aporte ante la Fiscal¨ªa datos y nombres suficientes como para poder procesar a sus superiores, es decir, la c¨²pula del Gobierno de Enrique Pe?a Nieto. Otra opci¨®n es que Lozoya acepte, al menos en parte, su culpabilidad y consiga una reducci¨®n de la pena. O que directamente el juicio avance por las v¨ªas tradicionales hasta llegar a una sentencia. En todos los casos, la piedra en el camino es la dificultad de cuantificar el golpe de los delitos al inter¨¦s p¨²blico para despu¨¦s poder establecer la compensaci¨®n del da?o.
¡°Para poder aplicar el criterio de oportunidad, se exige como requisito que se pague una reparaci¨®n del da?o. Aqu¨ª el reto ser¨ªa para la Fiscal¨ªa, que tendr¨ªa que calificar un delito como el de cohecho en t¨¦rminos de afectaci¨®n y reparaci¨®n. Esto es algo que se realiza muy poco en M¨¦xico. Hay incluso expertos que interpretan que este tipo de delitos no son susceptibles de reparaci¨®n¡±, apunta Estefan¨ªa Medina, abogada y cofundadora de la organizaci¨®n Tojil, que ha seguido de cerca juicios de pol¨ªticos acusados de corrupci¨®n en M¨¦xico, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Las hip¨®tesis de que Lozoya acepte su culpabilidad en el marco de un procedimiento abreviado, o que el juicio siga su curso hasta el final van perdiendo fuerza ante el avance de las negociaciones entre la Fiscal¨ªa y la defensa. ¡°En estos casos el juez tendr¨ªa m¨¢s recursos a la hora de llevar a cabo la cuantificaci¨®n. Mediante el desahogo de pruebas se podr¨ªan exigir dict¨¢menes de expertos o providencias precautorias para garantizar el monto del da?o¡±, a?ade Medina.
El juicio a Duarte, procesado por un desfalco millonario de recursos p¨²blicos, es el antecedente m¨¢s cercano de un caso de corrupci¨®n de servidores p¨²blicos. Y su resoluci¨®n no invita al optimismo. El juicio termin¨® hace dos a?os en un pacto que propici¨® una sentencia de nueve a?os de prisi¨®n y 58.000 pesos de multa (unos 2.600 d¨®lares) por los cargos de lavado de dinero y asociaci¨®n delictuosa. En un primer momento, la sentencia inclu¨ªa el decomiso de 40 propiedades del pol¨ªtico. Pero, finalmente, el embargo fue revocado al considerar que los inmuebles son propiedad de terceras personas que a¨²n no han sido condenadas.
En el caso de Lozoya han aflorado al menos dos inmuebles relacionados con la trama corrupta. Una primera residencia de 1.165 metros cuadrados comprada por casi tres millones de d¨®lares a finales de 2012 en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares, en la capital mexicana. Y otra mansi¨®n de lujo en Ixtapa, en la costa de Guerrero, adquirida por 1,9 millones de d¨®lares apenas unos d¨ªas despu¨¦s de que Pemex autorizara la compra de una planta de fertilizantes que result¨® finalmente ser una empresa chatarra comprada a sobreprecio a Altos Hornos de M¨¦xico. Las investigaciones de la Fiscal¨ªa ha detectado que el pago de ambas casas se llev¨® a cabo a trav¨¦s de transferencias de una cuenta en Suiza a nombre de la empresa offshore Tochos Holding, establecida en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, uno de los canales por los que supuestamente Lozoya desvi¨® los sobornos tanto de Altos Hornos como de Odebrecht con la colaboraci¨®n de su esposa y de su hermana.
¡°Estos inmuebles puede que finalmente sean decomisados porque parecen estar directamente relacionados con los desv¨ªos. Veo m¨¢s complicado el caso de las cuentas. Habr¨ªa que demostrar a d¨®nde lleg¨® ese dinero¡±, apunta Hugo Concha Cant¨², investigador del Instituto de Investigaciones Jur¨ªdicas de la UNAM. ¡°Me preocupa en todo caso el tipo de delitos que finalmente se le han imputado. La Fiscal¨ªa descart¨® el enriquecimiento il¨ªcito seguramente porque se trata de un delito grave que obliga a prisi¨®n preventiva y har¨ªa m¨¢s dif¨ªcil la negociaci¨®n¡±.
Tanto su esposa, como su madre y su hermana est¨¢n acusadas tambi¨¦n de formar parte de la red fraudulenta que ocult¨® por diferentes cuentas bancarias los 10,5 millones d¨®lares que presuntamente Odebrecht pag¨® a Lozoya a cambio de tratos de favor. Seg¨²n la imputaci¨®n, las tres mujeres habr¨ªan tratado de ocultar el origen il¨ªcito de 3,4 millones de d¨®lares, parte de los cuales fueron destinados a la compra de la mansi¨®n en Ixtapa. Aunque, de momento, solo la madre, Gilda Margarita, ha sido detenida y actualmente se encuentra bajo prisi¨®n domiciliaria. La hermana y la esposa se encuentran pr¨®fugas de la justicia.
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