El Ej¨¦rcito mexicano se resiste a colaborar en la investigaci¨®n del ¡®caso Ayotzinapa¡¯

A dos a?os del cambio de Gobierno en M¨¦xico, las pesquisas por el caso Ayotzinapa tropiezan con viejos obst¨¢culos, generando atascos que ponen en peligro el proceso. Despu¨¦s del ¨¦xito del hallazgo este a?o del hueso de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, el primer identificado en seis a?os, la Fiscal¨ªa apunta ahora a uno de los grandes tab¨²es de la investigaci¨®n: el papel de los militares. En noviembre, las autoridades detuvieron a un capit¨¢n vinculado al caso. La pregunta ahora es si la fiscal¨ªa podr¨¢ llegar al fondo del asunto.

Pese a las promesas de transparencia del presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, los investigadores enfrentan dificultades para entender el papel que jug¨® el Ej¨¦rcito durante el ataque contra los estudiantes normalistas. Fuentes cercanas a la investigaci¨®n, consultadas por EL PA?S, se?alan que las peticiones de informaci¨®n que ha hecho la Fiscal¨ªa a la Secretar¨ªa de la Defensa en los ¨²ltimos meses han recibido indistintamente el silencio por respuesta. Sobre todo, ¡°peticiones de acceso a documentos que ayudar¨ªa a acceder a la cadena de mando¡±, explican estas fuentes.

En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, polic¨ªas de Iguala, Cocula y otros municipios de esa regi¨®n del Estado de Guerrero atacaron a un grupo de normalistas en varios puntos de Iguala. Los estudiantes hab¨ªan viajado al municipio para tomar autobuses de la terminal local y trasladarse luego a una marcha en Ciudad de M¨¦xico. Los polic¨ªas actuaron coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos. El motivo sigue sin estar claro. Hasta ahora se ten¨ªa la idea de que los militares hab¨ªan intervenido marginalmente. Mal, porque no hab¨ªan auxiliado a los muchachos, pero sin una responsabilidad concreta en el ataque. Ahora, la fiscal¨ªa duda sobre el alcance de su actuaci¨®n. Los investigadores tienen en el punto de mira ¡°a unos 30 militares entre los que estuvieron en Iguala y la cadena de mando¡±, seg¨²n las fuentes previamente citadas. Entre los 30 est¨¢n los generales Jos¨¦ Rodr¨ªguez, responsable del batall¨®n de Iguala en 2014, y Alejandro Saavedra, encargado de la zona militar del Estado de Guerrero.

Ya en 2015, el grupo de expertos que la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) mand¨® a M¨¦xico a investigar el caso insisti¨® en indagar al Ej¨¦rcito. Los expertos se?alaron tres puntos. Primero, el recorrido y las motivaciones de los militares que actuaron sobre el terreno en las horas clave. Segundo, las comunicaciones de la tropa y los oficiales con los mandos, y el nivel de conocimiento que estos ¨²ltimos tuvieron del ataque. Y tercero, los posibles v¨ªnculos de militares del batall¨®n de Iguala con Guerreros Unidos.

El militar detenido en noviembre, el capit¨¢n Jos¨¦ Mart¨ªnez Crespo, de 49 a?os, es uno de los elementos que patrullaron por Iguala aquella noche. Crespo comandaba a un grupo de soldados que estuvo en dos puntos clave, el cruce de la calle Juan N. ?lvarez, el anillo Perif¨¦rico y la comandancia de Barandilla de la polic¨ªa de Iguala. En el primero, agentes de Iguala protagonizaron el primer ataque, dejando estudiantes muertos y desaparecidos. Los soldados llegaron despu¨¦s a ese escenario, seg¨²n sus propias declaraciones. El segundo es parte de uno de los episodios m¨¢s controvertidos del caso.

La comisar¨ªa de Barandilla es un peque?o centro de detenci¨®n de la polic¨ªa local. A lo largo de los a?os, varios testigos, entre polic¨ªas, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, estudiantes y vecinos de Iguala, han se?alado que una parte de los 43 estudiantes desaparecidos fueron llevados all¨ª despu¨¦s del ataque en Juan N. ?lvarez y Perif¨¦rico. El grupo ser¨ªa mayor a 10 muchachos, incluso hasta de 16, seg¨²n los testimonios. Pese a no decirlo en sus primeras dos declaraciones, Crespo acab¨® reconociendo que pas¨® por all¨ª.

La duda por aclarar es si los estudiantes ya estaban en Barandilla cuando ¨¦l y los otros militares llegaron. En su tercera declaraci¨®n, rendida en septiembre de 2015, Crespo dijo que pas¨® por el centro de detenci¨®n a las 00.55 del 27 de septiembre. Que lleg¨® y pregunt¨® por una moto requisada a un compa?ero, un soldado que esa noche hab¨ªa estado ocupado en tareas de vigilancia en Iguala. Crespo dijo que el encargado de la comisar¨ªa, el juez de Barandilla, Ulises Bernab¨¦, se?al¨® que la moto no estaba all¨ª. Los militares se fueron enseguida, sin revisar nada. Tardaron cinco minutos.

La versi¨®n de Bernab¨¦ es muy distinta. En su declaraci¨®n como testigo ante los investigadores en 2014 se?al¨® que Crespo lleg¨® en realidad a las 23.30 y registr¨® las instalaciones, siempre con la excusa de la moto, durante unos 15 minutos. Bernab¨¦ nunca dijo que polic¨ªas le hubieran llevado a estudiantes all¨ª, pero varias fuentes cercanas al caso, del lado de las familias de los 43 y de la comisi¨®n presidencial que supervisa las investigaciones, se?alan que Bernab¨¦ deber¨ªa volver a declarar. ¡°Su testimonio es clave para entender si los militares habr¨ªan incurrido en un delito de desaparici¨®n forzada¡±, dijo una de las fuentes consultadas. Bernab¨¦ huy¨® a Estados Unidos hace a?os, donde pidi¨® y consigui¨® asilo pol¨ªtico.

Dos testigos se?alan a Crespo

La detenci¨®n de Crespo ilustra por un lado los intentos de la fiscal¨ªa en profundizar en el papel del Ej¨¦rcito en el caso y, por otro, las dificultades que ello implica. No hay ning¨²n testigo que sit¨²e al militar y los estudiantes, al mismo tiempo, en Barandilla. Por eso, la Fiscal¨ªa no puede acusarle de desaparici¨®n forzada. Su reclusi¨®n obedece a una acusaci¨®n por un delito de delincuencia organizada. Dos testigos lo acusan de ser parte de la red de Guerreros Unidos.

Hasta ahora se conoc¨ªa el testimonio de un testigo protegido al que la Fiscal¨ªa ha llamado Juan, un viejo conocido de las redes criminales de la regi¨®n. Con el cambio de guardia en el Gobierno y la fiscal¨ªa, Juan se acerc¨® a los investigadores y declar¨® que Crespo y su jefe, el coronel Jos¨¦ Rodr¨ªguez, comandante del batall¨®n de Iguala, trabajaban con la red criminal. Su testimonio fue clave para conseguir la detenci¨®n del capit¨¢n. En el caso del coronel Rodr¨ªguez, que ya ascendi¨® a general, la ¨²nica acusaci¨®n es la de Juan, de ah¨ª que no se haya concretado su detenci¨®n.

En el caso de Crespo hay m¨¢s pruebas. Primero, los testimonios de los estudiantes que interactuaron con ¨¦l en la noche de los hechos. Normalistas sobrevivientes denunciaron que Crespo les amedrent¨® en un hospital cerca del escenario de Juan N. ?lvarez. Adem¨¢s, hay un segundo testimonio que lo incrimina directamente con Guerreros Unidos. Se trata de un presunto integrante de la red criminal, detenido en Quer¨¦taro en 2017. Esta persona declar¨® que ¡°un militar de apellido Crespo¡± estuvo en varios ocasiones en casa de Marco Antonio Vega, uno de los fundadores del grupo. Crespo habr¨ªa recibido dinero de Vega. Este testigo se?ala adem¨¢s que Crespo y otro militar usaban veh¨ªculos oficiales para trasladar armas de Guerreros Unidos.

Las mantas y los abogados

En octubre de 2014 apareci¨® una manta en Iguala con un mensaje firmado por El Gil. Se?alado como responsable operativo de Guerreros Unidos en la noche del ataque contra los estudiantes, Gildardo L¨®pez, El Gil, fue detenido en 2015 y luego liberado en 2019 por falta de pruebas. Nunca se supo si El Gil estaba detr¨¢s del mensaje, pero la cantidad de informaci¨®n hizo que los fiscales incorporasen su contenido a la investigaci¨®n.

El mensaje se?alaba a los jefes de polic¨ªa de Taxco, Huitzuco, Tepecoacuilco y otros municipios de la regi¨®n de ser parte de la red de Guerreros Unidos. Tambi¨¦n a sus alcaldes. Da la casualidad de que varios de los jefes de polic¨ªa de los pueblos de la regi¨®n hab¨ªan sido anteriormente militares. Entre ellos, el jefe de polic¨ªa de Tepecoacuilco, Jos¨¦ Guadalupe Salas; el de Iguala, Felipe Flores; el de Cocula, C¨¦sar Nava, y tambi¨¦n los de Apaxtla y Taxco. Adem¨¢s de los polic¨ªas, el texto del mensaje mencionaba a funcionarios federales en la regi¨®n y a dos militares, un capit¨¢n y un teniente, de nombres Crespo y Barbosa.

Pese a la antig¨¹edad de los se?alamientos contra Crespo, solo ahora se ha procedido contra ¨¦l. Tambi¨¦n en su caso, la Secretar¨ªa de la Defensa ha tratado de esquivar a la justicia. La fiscal¨ªa le acusa de un delito grave: delincuencia organizada. Pero el Ej¨¦rcito ha puesto a disposici¨®n del capit¨¢n a un pelot¨®n de abogados, entre ellos Jorge Alfredo Rico, que hace a?os asisti¨® a los militares involucrados en la matanza de Tlatlaya, en el Estado de M¨¦xico.

Son en total cinco abogados de la defensor¨ªa p¨²blica militar los que integran el equipo que asiste a Crespo. En el entorno de la defensa de las familias de los 43 estudiantes ha resultado extra?o este comportamiento, ya que no es habitual que abogados de la defensor¨ªa militar participen en procesos judiciales contra compa?eros acusados de delitos as¨ª. Los abogados entran en casos de delitos previstos en el c¨®digo de justicia militar, pero no en cuestiones del ¨¢mbito civil. La Fiscal¨ªa planea impugnar el nombramiento de estos abogados.

Sin ser del todo grave, la defensa de Crespo simboliza la actitud del Ej¨¦rcito en el caso Ayotzinapa. A seis a?os del ataque y la desaparici¨®n forzada de los 43 estudiantes, el procesamiento de Crespo y el resto de militares se?alados de lazos con Guerreros Unidos podr¨ªa resultar clave para entender el tama?o y las din¨¢micas de la red criminal. Tambi¨¦n, la obtenci¨®n de documentos de la Secretar¨ªa de la Defensa que dibujen la actuaci¨®n de los mandos durante la noche del ataque. El tiempo corre en contra de los investigadores.