La Fiscal¨ªa busca acelerar el juicio contra Lozoya
Tras a?o y medio de investigaci¨®n, el Ministerio P¨²blico rechaza conceder m¨¢s pr¨®rrogas al exdirector de Pemex, imputado por los sobornos de Odebrecht. El juez decide este mi¨¦rcoles si abre por fin el juicio
La Fiscal¨ªa no necesita m¨¢s pruebas y quiere acelerar ya el juicio contra Emilio Lozoya. Por primera vez, el Ministerio P¨²blico ha rechazado una solicitud de pr¨®rroga del exdirector de Pemex y el laberinto de dilaciones y retrasos que empez¨® hace casi a?o y medio con la imputaci¨®n de Lozoya por los sobornos millonarios de Odebrecht parece por fin cerca de encontrar una salida. Un juez federal resolver¨¢ ma?ana mi¨¦rcoles si concede, contra la posici¨®n de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR), seis meses m¨¢s a la defensa o cierra la fase de investigaci¨®n para entrar en el juicio. Tras la medi¨¢tica detenci¨®n de Lozoya en Espa?a, su extradici¨®n y un pol¨¦mico acuerdo de colaboraci¨®n con la Justicia que le mantiene de momento sin pisar la c¨¢rcel, el exdirector de Pemex se enfrenta ahora al momento decisivo.
Alrededor de Lozoya gravita la derivada mexicana del caso Odebrecht, la trama de corrupci¨®n que en los ¨²ltimos a?os ha puesto en jaque a la clase pol¨ªtica en varios pa¨ªses latinoamericanos. Desde su imputaci¨®n en julio del a?o pasado por los delitos de lavado, asociaci¨®n delictuosa y cohecho, la apuesta de la defensa ha sido apuntar a lo m¨¢s alto de la pir¨¢mide del poder mexicano para lograr beneficios temporales para su cliente. Lozoya ha acusado al expresidente Enrique Pe?a Nieto y su mano derecha, Luis Videgaray, de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de d¨®lares repartidos entre la campa?a electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposici¨®n para aprobar la reforma energ¨¦tica del a?o siguiente.
El reto pendiente es acreditar toda esa catarata de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores, a la vez que dibujan a Lozoya como una pieza menor que apenas se limitaba a cumplir ¨®rdenes dentro de un engranaje de corrupci¨®n dise?ado directamente desde Los Pinos. La estrategia de la defensa ha convertido al exdirector de Pemex en una especie de testigo colaborador protegido. La concesi¨®n del llamado criterio de oportunidad requiere que el detenido aporte ¡°informaci¨®n esencial y eficaz de un delito m¨¢s grave¡±. A cambio, puede incluso conseguir la retirada de la acci¨®n penal. Es decir, quedar¨ªa libre sin haber iniciado siquiera el juicio.
A ese punto crucial se acerca el proceso de Lozoya tras a?o y medio de investigaci¨®n y aportaci¨®n de pruebas por parte de la defensa. Si el juez decide no conceder una nueva pr¨®rroga -ser¨ªa la sexta- se abrir¨ªa un plazo definitivo de 15 d¨ªas para preparar la audiencia en la que se determinar¨¢ si cabe el criterio de oportunidad y Lozoya queda libre; o se abre la fase de juicio que desembocar¨ªa en una condena. La defensa ha justificado la en¨¦sima extensi¨®n del plazo en la no respuesta todav¨ªa desde la Procuradur¨ªa de Brasil a un requerimiento para saber si sigue vigente el acuerdo de colaboraci¨®n con Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en M¨¦xico, quien acus¨® por primera vez a Lozoya de recibir sobornos de la constructora.
La negativa de la FGR de dar m¨¢s tiempo al acusado y la posterior decisi¨®n del juez federal llegar¨¢ despu¨¦s de una nueva pol¨¦mica en torno a Lozoya. Una foto subida a las redes sociales un s¨¢bado del mes pasado en la que aparece cenando en un restaurante de lujo con un grupo de amigos volvi¨® a despertar la indignaci¨®n en M¨¦xico sobre un caso que se perfilaba emblem¨¢tico en la lucha contra la impunidad.
Pese a estar formalmente imputado de graves delitos de corrupci¨®n, gracias al pol¨¦mico acuerdo con la FGR, el castigo del exdirector de Pemex se ha limitado por ahora a la retirada de su pasaporte y la colocaci¨®n de un brazalete de seguimiento durante todo este periodo de estancamiento en las investigaciones, que ya ha superado de largo el plazo legal de seis meses. De momento, tampoco las acusaciones de Lozoya han tenido apenas consecuencias. Tan solo uno de los se?alados est¨¢ en prisi¨®n. En abril, el exsenador del PAN Jorge Lavalle fue procesado por recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energ¨¦tica a comienzos del mandato del expresidente del PRI, Enrique Pe?a Nieto.
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