Tecoltemi quiere dejar de ser minera

El ejido de Tecoltemi bulle de un nerviosismo inusual. Parece temporada de cosecha, aunque los tallos de ma¨ªz est¨¢n secos desde hace meses. No es eso. Don Leoncio Lobato est¨¢ afinando el viol¨ªn nuevo y solo puede significar que algo importante se prepara. Otros ejidatarios buscan las pancartas de ¡®No a la mina¡¯, guardadas en alguna bodega que nadie consigue localizar. ¡°?D¨®nde se quedaron?¡±, se preguntan, mientras Alejandro Rivera ensaya en silencio un discurso que ha aprendido de memoria y que empieza por: ¡°Se?or ministro, de la manera m¨¢s atenta¡­¡±.

En unas horas, Rivera, Lobato y sus c...

El ejido de Tecoltemi bulle de un nerviosismo inusual. Parece temporada de cosecha, aunque los tallos de ma¨ªz est¨¢n secos desde hace meses. No es eso. Don Leoncio Lobato est¨¢ afinando el viol¨ªn nuevo y solo puede significar que algo importante se prepara. Otros ejidatarios buscan las pancartas de ¡®No a la mina¡¯, guardadas en alguna bodega que nadie consigue localizar. ¡°?D¨®nde se quedaron?¡±, se preguntan, mientras Alejandro Rivera ensaya en silencio un discurso que ha aprendido de memoria y que empieza por: ¡°Se?or ministro, de la manera m¨¢s atenta¡­¡±.

En unas horas, Rivera, Lobato y sus compa?eros del comisariado ejidal tienen una audiencia previa por zoom con Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de M¨¦xico responsable de su caso. Han instalado una mesita para la computadora bajo una lona azul, en un cerro rodeado de nopales cercano al pueblo. Quieren que el ministro vea en su pantalla el paisaje rugoso de este rinc¨®n del Estado de Puebla. De eso va el juicio que iniciaron hace casi siete a?os; de la tierra maciza y sedienta que alimenta la comunidad y que creen amenazada por el proyecto de una mina.

Instancia tras instancia, recurso tras recurso, el nombre de Tecoltemi, un ejido de apenas 300 personas, ha penetrado por fin los salones de la Suprema Corte. El m¨¢ximo tribunal tiene que decidir si cancela dos concesiones de 14.229 hect¨¢reas otorgadas por el Gobierno en 2003 y 2009 a la canadiense Almaden Minerals y si, adem¨¢s, declara inconstitucionales algunos art¨ªculos de la Ley Minera por violar los derechos de los pueblos ind¨ªgenas. La discusi¨®n estaba prevista para este mi¨¦rcoles pero ha sido aplazada, sin que todav¨ªa haya nueva fecha. El caso puede sentar un precedente y ha atrapado la atenci¨®n del Gobierno y del sector.

El camino legal ha sido tortuoso, casi tanto como la pista de terracer¨ªa que serpentea cuesta arriba hasta el ejido. Nadie avis¨® a los campesinos de Tecoltemi de que su territorio estaba siendo concesionado ni de que pronto podr¨ªan ser vecinos de una mina a cielo abierto. Empezaron a sospechar algo al ver unos helic¨®pteros amarillos sobrevolar la sierra.

Los ejidatarios tuvieron que presentar una solicitud p¨²blica de informaci¨®n para poder salir de dudas. La respuesta lleg¨® en 2015, 12 a?os despu¨¦s de que el Gobierno otorgara el primer permiso. Y, efectivamente, por el territorio de Tecoltemi cruzaban dos concesiones con una vigencia de 50 a?os, prorrogables hasta los 100. ¡°Nadie nos pregunt¨®. Todo se estaba haciendo en oculto¡±, se?ala con voz grave Lobato, campesino y violinista aficionado de 72 a?os, bien abrigado con cuatro capas de ropa para que no se le meta el fr¨ªo. El suyo es uno de los tres nombres que aparecen en la demanda de amparo contra el Gobierno en representaci¨®n de la comunidad.

Almaden Minerals, con sede en la ciudad de Vancouver, en Canad¨¢, inici¨® los trabajos de prospecci¨®n en 2001 pero no fue hasta 2018 que se confirm¨® el potencial: 73 millones de toneladas de mineral, que inclu¨ªan oro y plata. El foco de inter¨¦s eran 466 hect¨¢reas, a unos kil¨®metros de Tecoltemi. All¨ª se abrir¨ªa un tajo de 400 metros de profundidad.

Resolverlo a las malas o por la ¡°v¨ªa tranquila¡±. Al principio, Margarito D¨ªaz, campesino de 65 a?os, dud¨®. Cuando recibieron la respuesta a la solicitud de informaci¨®n, los ejidatarios se reunieron al lado de la escuela, un edificio de concreto pintado de blanco, para decidir qu¨¦ hacer. ¡°Muchos le ten¨ªan miedo a enfrentarse con las autoridades, pero con el apoyo de las abogadas la gente tuvo m¨¢s valor¡±, recuerda D¨ªaz. Despu¨¦s de unas tres horas de debate, votaron a mano alzada y se impuso la soluci¨®n del amparo.

El camino a la Suprema Corte

La clave del caso es la falta de consulta previa. M¨¦xico ha firmado el Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo que obliga al Gobierno a consultar a los pueblos ind¨ªgenas antes de llevar a cabo proyectos que les afecten. La Constituci¨®n mexicana tambi¨¦n reconoce ese derecho. Sin embargo, la Secretar¨ªa de Econom¨ªa no lo hizo antes de otorgar las concesiones. La dependencia adujo durante el juicio de primera instancia que la Ley Minera no le obligaba a realizarla y que, de todas formas, la poblaci¨®n no acreditaba su vinculaci¨®n con el territorio, afirma Itzel Silva, de la organizaci¨®n Fundar, una de las abogadas de Tecoltemi.

Almaden ha retomado la pol¨¦mica tesis de la escasa presencia ind¨ªgena. La Manifestaci¨®n de Impacto Ambiental (MIA), presentada por la minera en 2019, menciona que, seg¨²n cifras oficiales, solo un 2,3% de la poblaci¨®n es ind¨ªgena en el ¡°¨¢rea de influencia¡± del proyecto. En el trabajo de campo, ¡°¨²nicamente se identific¨® a una mujer adulta mayor en la localidad de Zacatepec, quien a pesar de conocer la lengua n¨¢huatl, ya no la practica, y considera no tener autoadscripci¨®n a ninguna etnia ind¨ªgena¡±, reza el documento.

Tecoltemi, que forma parte de la concesi¨®n pero no del ¡°¨¢rea de influencia¡± del proyecto, se afirma ind¨ªgena aunque el n¨¢huatl lleve d¨¦cadas en declive. Los mayores se lo oyeron a sus abuelos y a¨²n lo chapurrean; pueden saludar con un ¡®?c¨®mo amaneciste?¡¯ en el idioma de sus ancestros. Los j¨®venes ya no. ¡°Uno se adapta a la modernidad. El vestuario tampoco lo traemos ind¨ªgena porque no se consigue el material. Eso no quiere decir que no seamos parte de un pueblo originario¡±, apunta Raymundo Romero, campesino de 36 a?os que viste con una camisa a cuadros y que habla con fascinaci¨®n sobre los placeres del campo. ¡°Nunca me llam¨® la atenci¨®n la ciudad¡±.

Adem¨¢s de la cancelaci¨®n de las concesiones por la falta de consulta, el amparo reclama la inconstitucionalidad de algunos art¨ªculos de la Ley Minera, entre ellos el que establece que esta actividad es ¡°preferente sobre cualquier otro uso del terreno¡±. Una especie de cheque en blanco. ¡°La ley facilita la entrega de los territorios a las empresas. Es un marco legal espec¨ªficamente creado para quitarles obst¨¢culos¡±, asegura Silva, responsable de la denuncia junto a Diana P¨¦rez, del Consejo Tiyat Tlali. ¡°El caso se puede convertir en una herramienta para los pueblos que est¨¢n dando batalla¡±. Actualmente, el 8,6% del pa¨ªs est¨¢ concesionado a mineras. Equivale aproximadamente a la superficie de Costa Rica y Guatemala juntas.

Despu¨¦s de que la jueza de primera instancia admitiera a tr¨¢mite el amparo, la empresa intent¨® renunciar al pedazo de concesi¨®n que correspond¨ªa a Tecoltemi, una estratagema para que el juicio quedara sin sustento. Tampoco perd¨ªa nada porque el foco de su exploraci¨®n estaba a unos kil¨®metros de la comunidad. Un tribunal colegiado, sin embargo, rechaz¨® la petici¨®n porque ya exist¨ªa una suspensi¨®n judicial sobre la concesi¨®n. As¨ª, el caso ha podido avanzar hasta el m¨¢ximo tribunal.

Si, como propone el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en su proyecto de sentencia, se cancela la concesi¨®n, ser¨ªa la primera decisi¨®n de este tipo que toma el m¨¢ximo tribunal, seg¨²n las abogadas de Tecoltemi. Por otro lado, la Suprema Corte ha evitado, hasta ahora, entrar al fondo de la constitucionalidad de la Ley Minera y Pardo Rebolledo tampoco lo hace en este caso. El ministro esgrime la facultad del Estado para decidir sobre los recursos naturales y restringir ¡°bajo ciertas condiciones¡± los derechos de los pueblos ind¨ªgenas a la propiedad.

Tanto la Secretar¨ªa de Medio Ambiente como la C¨¢mara Minera siguen el proceso con atenci¨®n. La semana pasada la dependencia federal pidi¨® a los ministros que atendieran los reclamos contra la constitucionalidad de la ley. Las declaraciones no han sentado bien en el sector. ¡°Hemos visto intentos de dar l¨ªnea aunque sean poderes separados¡±, dice el presidente de la C¨¢mara Jos¨¦ Jaime Guti¨¦rrez, y a?ade sobre la posible cancelaci¨®n de concesiones: ¡°Generar¨ªa una desconfianza tremenda en el inversionista¡±.

En los ¨²ltimos 10 a?os, M¨¦xico ha ca¨ªdo 22 puestos en el ¨ªndice mundial que mide su atractivo para el sector, aunque se mantiene como segundo mayor destino de inversi¨®n en exploraci¨®n minera de Am¨¦rica Latina. Para evitar confusiones, la C¨¢mara reclama a las autoridades que reglamenten qui¨¦n es ind¨ªgena y cu¨¢ndo se debe hacer la consulta. El sector defiende que sea al finalizar la fase de exploraci¨®n y no antes de otorgar concesiones, un planteamiento rechazado por los movimientos sociales.

El miedo a quedarse sin agua

¡°Derecho al agua y a la vi...¡±, dice en grandes letras turquesas una pintada en la fachada de Raymundo Romero. Durante la campa?a, un partido pol¨ªtico dibuj¨® sus siglas encima sin pedir permiso y borr¨® algunas letras. ¡°Hay que volverlo a pintar¡±, reconoce el campesino. Siete palabras que son el estandarte del ejido.

Detr¨¢s del amparo y de la lucha legal de Tecoltemi, est¨¢ el miedo a la sequ¨ªa. Es lo que preocupa, m¨¢s que el uso de cianuro de sodio para separar el oro o las explosiones con dinamita para abrir brecha. El ejido batall¨® durante d¨¦cadas para lograr agua potable; sus habitantes tuvieron que conseguir los permisos de un manantial y excavar ocho kil¨®metros de zanja para la tuber¨ªa. A¨²n hoy, hay semanas durante la ¨¦poca seca en que tienen que ir a buscar agua a los barrancos con tinacos.

Leoncio Lobato recorre el campo de ma¨ªz frente a su casa. Quedan algunos tallos secos aplastados contra la tierra, los restos de la cosecha del a?o pasado. La lluvia no acompa?¨® y sacaron 800 kilos de ma¨ªz en vez de las tres o cuatro toneladas habituales. ¡°El ma¨ªz creci¨® hasta aqu¨ª¡±, dice y se?ala por las rodillas. ¡°Se lo dimos a los animales. Tenemos miedo de que la mina nos quite la poca agua que tenemos. Todo campesino lucha por la misma raz¨®n¡±.

Almaden asegura que se va abastecer principalmente de agua de lluvia y de laboreo -la que se encontrar¨ªa durante la construcci¨®n-, aunque el vicepresidente de Minera Gorri¨®n, filial de la canadiense, Daniel Santamar¨ªa reconoce que ¡°toda actividad industrial tiene un impacto¡±. ¡°El manto acu¨ªfero ser¨ªa m¨ªnimamente afectado. El chiste es que podamos presentar un impacto estudiado que pueda ser mitigado¡±, explica. ¡°Es un proyecto muy vanguardista¡±.

La Secretar¨ªa de Medio Ambiente ha se?alado que las estimaciones de necesidad de agua de la minera solo cubren 12 a?os del proyecto, no los 14,5 de vida ¨²til. Es uno de los detalles que llevaron a la Secretar¨ªa a rechazar la MIA a finales de 2020, lo que impide a la empresa pasar a la fase de explotaci¨®n. ¡°La veracidad de la informaci¨®n resulta cuestionable¡±, afirm¨® la dependencia. Almaden no se rinde y asegura que enviar¨¢ un nuevo estudio este a?o, aunque una sentencia desfavorable de la Suprema Corte pr¨¢cticamente enterrar¨ªa el proyecto.

La empresa ha intentado ganarse a los pueblos m¨¢s cercanos a la futura mina. En la plaza principal de Santa Mar¨ªa, Almaden ha abierto un m¨®dulo de informaci¨®n en una antigua bodega impecablemente rehabilitada. Despide un aire a Ayuntamiento. Un buz¨®n de metal invita a dejar ¡°inconformidades¡±. Dentro, una pared entera luce recubierta de fotos de habitantes de la regi¨®n que posan sonrientes frente a minas de cielo abierto en otros Estados del pa¨ªs. Visitas cortes¨ªa de Almaden. ¡°Es normal que la gente tenga ciertas preocupaciones sobre un proyecto como este. Nuestro trabajo es informar¡±, explica Santamar¨ªa.

El pueblo y sus alrededores llevan el sello de la minera. La empresa ha ayudado, entre otras cosas, a restaurar el techo de la iglesia, a instalar varandas en la escuela, a levantar un reservorio de agua para los agricultores. ¡°La cl¨ªnica no ten¨ªa tanques de ox¨ªgeno y la minera nos apoy¨®. Quisi¨¦ramos m¨¢s ayudas pero, como dicen ellos, no est¨¢n produciendo¡±, dice Claudia Herrera, trabajadora de una tienda de abarrotes.

Hace poco, Herrera visit¨® con la empresa una f¨¢brica de explosivos, y antes su hija asisti¨® a campamentos de verano, tambi¨¦n organizados por la minera, donde les ense?an a sembrar ¨¢rboles. ¡°?Estuvo padre!¡±, dice la adolescente desde el contador. Por la ventana del negocio, detr¨¢s del estante de las papas, se ve el cerro chaparro y ¨¢rido donde Almaden quiere empezar a excavar y que estima podr¨ªa dar trabajo a unas 420 personas durante la operaci¨®n. Una bolsa de empleo que Herrera ve con agrado en un municipio, el de Ixtacamaxtitl¨¢n -que engloba a Santa Mar¨ªa y a Tecoltemi-, con el 75% de sus poco m¨¢s de 26.000 habitantes en pobreza.

En Tecoltemi, Leoncio Lobato no quiere saber nada de campamentos de verano ni de promesas de empleo. ¡°Buscan que les des la mano para que te tomen hasta la pata. La mina va a necesitar gente de conocimiento que est¨¦ capacitada para ir a hacer las explosiones, dinamitar los cerros. Uno desconoce eso¡±. Lo suyo, dice pisando la milpa, es la tierra. ¡°Ojal¨¢ la Suprema Corte nos escuche¡±.

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