La interminable condena de Aurelia: de un parto fortuito a la c¨¢rcel acusada de homicidio

Cuando era ni?a, a Aurelia, una joven ind¨ªgena de la comunidad de Xochicalco en las monta?as de Guerrero, su abuela le dec¨ªa que las mujeres que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio son quemadas vivas. Ahora, a sus 23 a?os, lleva seis meses presa por homicidio en grado de parentesco tras haber sufrido un parto fortuito, luego de haber sido v¨ªctima de una violaci¨®n. La condena que le impuso...

Cuando era ni?a, a Aurelia, una joven ind¨ªgena de la comunidad de Xochicalco en las monta?as de Guerrero, su abuela le dec¨ªa que las mujeres que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio son quemadas vivas. Ahora, a sus 23 a?os, lleva seis meses presa por homicidio en grado de parentesco tras haber sufrido un parto fortuito, luego de haber sido v¨ªctima de una violaci¨®n. La condena que le impuso el sistema de justicia mexicano es de 13 a?os y cuatro meses de c¨¢rcel, pero una jueza ha ordenado que se revoque esa sentencia y se reponga el procedimiento penal despu¨¦s de encontrar graves violaciones a los derechos humanos de la joven.

Aurelia no solo fue v¨ªctima de violencia sexual, como miles de mujeres en M¨¦xico y en Guerrero ¡ªun Estado con dos alertas por violencia de g¨¦nero¡ª, e ignoraba del derecho al aborto por violaci¨®n que garantiza la NOM046 en todo el pa¨ªs¡ª, sino que tambi¨¦n fue obligada a aceptar una condena por un delito que no cometi¨®, seg¨²n destaca en entrevista con este diario la abogada Ver¨®nica Garz¨®n, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

¡°La acusan de haber matado a su beb¨¦¡±, expone. Despu¨¦s de parir sola en su cama, Aurelia perdi¨® tanta sangre que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital. En esas fr¨ªas paredes comenz¨® la pesadilla: su t¨ªa llev¨® el producto en una caja de zapatos y el personal m¨¦dico denunci¨® a Aurelia ante la polic¨ªa, despu¨¦s de colocarle un implante anticonceptivo sin su consentimiento. ¡°La detienen y se la llevan directamente al centro penitenciario, donde sigue hasta ahora¡±, advierte Garz¨®n.

Procesada por el delito de homicidio en raz¨®n de parentesco ¡ªque alcanza penas de hasta 60 a?os de c¨¢rcel en Guerrero¡ª, Aurelia, cuya lengua natal es el n¨¢huatl, fue orillada en julio pasado a aceptar el procedimiento abreviado del sistema penal mexicano. Su defensora destaca que aunque ten¨ªa una int¨¦rprete presente, ¡°eso no es suficiente para entender realmente todo un sistema que no es el tuyo¡±. Desde entonces, la joven se ha enfrentado a todo un sistema que ¡°ignora por completo las necesidades y los derechos de las personas ind¨ªgenas¡±, apunta.

Por declararse culpable, la Fiscal¨ªa le ofreci¨® reducir la pena a 13 a?os y cuatro meses de c¨¢rcel, la cual acept¨® por temor a enfrentarse a un mayor castigo. ¡°Le dicen que es imposible luchar por su inocencia, que ella claramente era culpable, entonces ella acepta y la sentencian, y ah¨ª es cuando mi compa?era Ximena Ugarte y yo asumimos la representaci¨®n del caso y metemos la apelaci¨®n¡±, relata.

¡°Los derechos humanos de las personas ind¨ªgenas van m¨¢s all¨¢ de un int¨¦rprete¡±

La resoluci¨®n de la apelaci¨®n, a cargo de la magistrada Indalecia Pacheco del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, da la raz¨®n a las abogadas al se?alar que no se cumplieron los est¨¢ndares de protecci¨®n a las personas ind¨ªgenas y ordena reponer el procedimiento para que Aurelia pueda tomar una decisi¨®n con la informaci¨®n completa, explica Garz¨®n. ¡°Que su consentimiento sea previo y libre respecto del procedimiento abreviado y si decide no tomarlo, tener un juicio oral respetuoso de los derechos humanos y de los est¨¢ndares en materia de personas ind¨ªgenas¡±, resalta.

Aunque en todas las audiencias hubo una int¨¦rprete presente, la abogada recalca que eso no basta. ¡°Los est¨¢ndares internacionales de derechos humanos de las personas ind¨ªgenas van m¨¢s all¨¢ de la mera presencia de un int¨¦rprete, implica traer al conocimiento de Aurelia todo un contexto social, cultural, jur¨ªdico, que le es completamente ajeno porque no es su contexto¡±, subraya. Lo cual sostiene que ¡°va m¨¢s all¨¢ de traducir las palabras; que entienda qu¨¦ significa la condena y lo que implica, su naturaleza, sus objetivos, sus efectos y consecuencias¡±.

En la sentencia, la magistrada se?ala que ¡°el juicio fue omiso en realizar un an¨¢lisis de interseccionalidad para evitar actos de discriminaci¨®n¡±. ¡°Esto implicaba que el juzgador primario de control evitara cualquier barrera de comunicaci¨®n y garantizara la no vulneraci¨®n de los derechos de la acusada originaria de un pueblo ind¨ªgena, considerando que la relaci¨®n de quienes hablamos espa?ol en M¨¦xico con los que hablan una lengua ind¨ªgena ha sido complicada y dif¨ªcil, ya que las personas ind¨ªgenas han sido producto de una larga y compleja historia de resistencia y sobrevivencia¡±, argumenta en el dictamen emitido el pasado 18 de enero.

La jueza tambi¨¦n apunta que ¡°la perspectiva interseccional busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, el adultocentrismo, la opresi¨®n de clase y otros sistemas de discriminaci¨®n crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres generalmente¡±. Esta sentencia sienta un importante precedente sobre c¨®mo juzgar con perspectiva intercultural y de g¨¦nero, insiste Garz¨®n. ¡°Estamos hablando de una jueza que habla del patriarcado, eso de verdad que no se encuentra com¨²nmente, y de la relaci¨®n de resistencia que han tenido las personas ind¨ªgenas frente al Estado¡±, indica. Relaci¨®n que ha sido violenta, discriminatoria y opresora, subraya.

Melissa Ayala, coordinadora de Litigios del Grupo de Informaci¨®n en Reproducci¨®n Elegida (Gire), coincide en que es urgente que los jueces incorporen este enfoque de derechos humanos para lograr visibilizar las distintas realidades que viven las mujeres en el pa¨ªs. ¡°Evidentemente la situaci¨®n de violencia y discriminaci¨®n que viven las mujeres ind¨ªgenas es muy distinta a la discriminaci¨®n que viven, por ejemplo, las mujeres blancas que viven en una ciudad como Ciudad de M¨¦xico¡±, se?ala.

La sombra de la criminalizaci¨®n del aborto

Aunque en septiembre pasado la Suprema Corte de M¨¦xico declar¨® inconstitucional criminalizar a una mujer por interrumpir su embarazo, a¨²n hay muchas mexicanas, como Aurelia, que est¨¢n siendo castigadas en las sombras del sistema. La sentencia de la Corte no alcanza para ampararlas y sus casos son dif¨ªciles de identificar, ya que est¨¢n presas por delitos como homicidio en raz¨®n de parentesco, doloso, culposo e infanticidio . ¡°Lo cual no tiene sentido porque como tambi¨¦n dijo la Corte, el feto o el producto de un embarazo no es una persona¡±, advierte Ayala.

En el procedimiento de Aurelia el producto del embarazo es se?alado como la v¨ªctima, detalla Garz¨®n. ¡°Al producto lo llaman el menor de edad de identidad reservada¡±, indica. Esa y otras contradicciones podr¨¢n ser expuestas en un nuevo juicio que la abogada calcula tendr¨¢ una duraci¨®n m¨¢xima de cuatro meses.

Mientras tanto, la joven seguir¨¢ privada de su libertad en el penal de Iguala. ¡°Es un centro penitenciario con condiciones m¨¢s que inhumanas: no tienen actividades, son muy pocas mujeres y no est¨¢n separados hombres y mujeres, lo que las pone en riesgo de ser v¨ªctimas, sobre todo de actos de violencia sexual¡±, advierte. ¡°Es un entorno sumamente hostil, y aqu¨ª la pregunta es: ?por qu¨¦ siquiera una mujer como Aurelia est¨¢ privada de libertad por esto?¡±.

La criminalizaci¨®n del aborto es una problem¨¢tica persistente en Guerrero por la que en junio de 2020 fue emitida la segunda alerta de violencia de g¨¦nero en el Estado, explica Viridiana Guti¨¦rrez, del Observatorio de Violencias contras las Mujeres (Obvio). ¡°Una norma federal se contrapone con el c¨®digo penal, entonces hemos emprendido esta batalla con el Estado porque queremos homologar que la norma sea la que rija los servicios de salud¡±, puntualiza la coordinadora de la organizaci¨®n peticionaria.

Para acceder a un aborto, la ley estatal exige que haya una denuncia y que el procedimiento sea autorizado por un Ministerio P¨²blico, lo cual va en contra de la normativa federal NOM046 que en 2017 elimin¨® los requisitos para acceder a la interrupci¨®n del embarazo. Desde entonces, la mayor¨ªa de Estados han homologado sus c¨®digos penales en consecuencia, pero pocas entidades, como Guerrero, se resisten a hacerlo.

Lo mismo ocurre con la hist¨®rica resoluci¨®n de la Corte que declar¨® inconstitucional penalizar a las mujeres por abortar. Guerrero es una de las 26 ¡ª de las 32¡ª entidades del pa¨ªs que a¨²n castigan el aborto como un delito en su c¨®digo penal. Solo Ciudad de M¨¦xico, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima permiten el aborto hasta la semana 12 de gestaci¨®n. No obstante, Guerrero es tambi¨¦n uno de los Estados donde actualmente el debate de la despenalizaci¨®n est¨¢ m¨¢s vivo y ha llegado al Congreso. ¡°En este momento est¨¢ presentada la iniciativa, pero ha sido una pugna muy desgastante porque entre m¨¢s tiempo pasa, m¨¢s mujeres, m¨¢s ni?as, m¨¢s adolescentes est¨¢n trayendo hijos de violadores o est¨¢n someti¨¦ndose a abortos clandestinos que lo que deriva es el peligro a la salud y la vida¡±, se?ala la activista.

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