La Fiscal¨ªa cancela al menos 21 de las 83 ¨®rdenes de detenci¨®n del ¡®caso Ayotzinapa¡¯ que pidi¨® en agosto

La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) ha solicitado la cancelaci¨®n de al menos 21 de las 83 ¨®rdenes de detenci¨®n que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa pidi¨® a mediados de agosto. El mismo juez que concedi¨® las ¨®rdenes ha accedido a la petici¨®n de la FGR y las ha dejado sin efecto. Documentos obtenidos por EL PA?S y fuentes cercanas al caso dibujan un conflicto entre la filial y la propia FGR, que comanda Al...

La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) ha solicitado la cancelaci¨®n de al menos 21 de las 83 ¨®rdenes de detenci¨®n que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa pidi¨® a mediados de agosto. El mismo juez que concedi¨® las ¨®rdenes ha accedido a la petici¨®n de la FGR y las ha dejado sin efecto. Documentos obtenidos por EL PA?S y fuentes cercanas al caso dibujan un conflicto entre la filial y la propia FGR, que comanda Alejandro Gertz. De las 83 ¨®rdenes de detenci¨®n, la Fiscal¨ªa ha ejecutado apenas cuatro. La dependencia no ha informado del resto.

Entre las ¨®rdenes canceladas figuran las de 16 militares, acusados de delincuencia organizada. Uno de los 16 es Rafael Hern¨¢ndez Nieto, comandante del 41 Batall¨®n de Infanter¨ªa, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014. Los documentos obtenidos por este diario muestran que 15 de esos 16 militares, todos menos Hern¨¢ndez Nieto, estaban acusados tambi¨¦n de desaparici¨®n forzada.

Adem¨¢s de los militares, el juez a cargo del caso, con sede en Toluca, ha aceptado cancelar igualmente las ¨®rdenes de detenci¨®n contra el exprocurador de Guerrero en la ¨¦poca, I?aki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala entonces, Ulises Bernab¨¦, por desaparici¨®n forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparici¨®n forzada y obstrucci¨®n a la justicia.

Fuentes cercanas a la investigaci¨®n se?alan a este diario que la petici¨®n de cancelar las ¨®rdenes no ha salido de la Unidad Especial para la Investigaci¨®n y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA). Creada a mediados de 2019, la unidad, comandada por Omar G¨®mez Trejo, se ha encargado de las pesquisas estos a?os, ayudada por la comisi¨®n presidencial y el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a M¨¦xico a tal fin. Los avances han sido importantes en este tiempo, principalmente el hallazgo de restos de dos de los 43 normalistas desaparecidos, o la reconstrucci¨®n del presunto montaje que orquestaron sus antecesores para cerrar con premura la investigaci¨®n.

La sinton¨ªa entre la unidad y la Fiscal¨ªa hab¨ªa sido buena estos a?os, pero el proceso contra Jes¨²s Murillo Karam, exprocurador general, primer encargado de las pesquisas del caso Ayotzinapa durante los a?os de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), ha generado una ruptura entre las partes. Las mismas fuentes mencionadas arriba se?alan que el fiscal Gertz orden¨® acelerar las acusaciones contra Murillo a mediados de agosto. La UEILCA plante¨® entonces un plazo de un mes para consignar la acusaci¨®n al juzgado. Pero Gertz se neg¨® y desplaz¨® a la Unidad.

El fiscal general orden¨® entonces a la Fiscal¨ªa Especializada de Asuntos Internos que tomara el caso de Murillo de manos de la UEILCA y lo presentara al juzgado. La FGR detuvo a Murillo el 19 de agosto y consigui¨® que un juez lo procesara a la semana siguiente por tortura, desaparici¨®n forzada y obstrucci¨®n a la justicia. En las audiencias, el juez critic¨® a los fiscales de Asuntos Internos, quienes, dijo, no parec¨ªan conocer el caso. Las mismas fuentes se?alan que desde entonces, Asuntos Internos mantiene ¡°ocupada¡± la UEILCA, desplazando al equipo original de G¨®mez Trejo.

En este contexto, la FGR ha empezado a tomar decisiones sobre las actuaciones previas de la UEILCA. Una de las decisiones de la dependencia ha sido pedir la cancelaci¨®n de estas 21 ¨®rdenes de aprehensi¨®n, la mayor¨ªa contra militares. La FGR ingres¨® la solicitud el 7 de septiembre y el juez accedi¨® d¨ªas m¨¢s tarde.

Las capas del caso

La aceleraci¨®n del caso Ayotzinapa en las ¨²ltimas cinco semanas ha sido constante, al punto de resultar a veces desconcertante. El 18 de agosto, la UEILCA present¨® al juez la solicitud para detener a 83 personas por el caso, conocido en el medio como pliego de consignaci¨®n. Entre las ¨®rdenes hab¨ªa 20 contra militares, aunque uno de ellos, el capit¨¢n Jos¨¦ Mart¨ªnez Crespo, estaba ya en prisi¨®n desde 2019. El juez accedi¨® a la petici¨®n al d¨ªa siguiente.

En esos mismos d¨ªas, la comisi¨®n presidencial que investiga el caso present¨® las conclusiones de su trabajo en un informe. Lo hizo dos veces. La primera, el 18 de agosto, no gener¨® demasiado ruido. El encargado de la comisi¨®n, Alejandro Encinas, se?al¨® que el ataque contra los estudiantes y la desaparici¨®n de los 43 hab¨ªa sido un crimen de Estado. En el informe ven¨ªan cantidad de mensajes tachados, comunicaciones de la red criminal de Iguala en la ¨¦poca que, seg¨²n Encinas, probaban la participaci¨®n de autoridades de Gobierno de todos los niveles en el ataque.

La segunda presentaci¨®n tuvo lugar el 26 de agosto, durante la conferencia de prensa matutina del presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Tratando de atajar las cr¨ªticas por la falta de novedades que aportaba el informe, Encinas desvel¨® algunos datos que en el documento ven¨ªan tachados. Uno sorprendi¨® por lo que planteaba. Encinas dijo que alias El Coronel era en realidad el comandante del 27 Batall¨®n de Infanter¨ªa, con sede en Iguala, Jos¨¦ Rodr¨ªguez. Encinas dijo que Rodr¨ªguez hab¨ªa ordenado matar a seis de los 43 normalistas, mantenidos cautivos durante d¨ªas despu¨¦s del ataque.

Entre las dos presentaciones del informe, la divisi¨®n de Asuntos Internos de la FGR defendi¨® el caso contra Murillo Karam en el juzgado. Detenido el 19 de agosto, el juez proces¨® a Murillo Karam el d¨ªa 24 y lo mand¨® a prisi¨®n. Las audiencias del exprocurador desviaron el foco de atenci¨®n de las ¨®rdenes de detenci¨®n que hab¨ªa pedido la FGR d¨ªas antes. La cantidad de avances y novedades registrados en pocos d¨ªas las dejaron en segundo plano.

El 7 de septiembre, EL PA?S informaba de que una de las 83 personas contra las que exist¨ªa una orden de detenci¨®n desde el 19 de agosto era precisamente el antiguo coronel Jos¨¦ Rodr¨ªguez. Actualmente retirado, Rodr¨ªguez hab¨ªa ascendido a general en 2015. La orden de capturarlo no era, sin embargo, por coordinar el asesinato de seis de los 43, sino por delincuencia organizada y la desaparici¨®n forzada de los muchachos. Para entonces, la informaci¨®n que hab¨ªa compartido la comisi¨®n no constaba todav¨ªa en el expediente que ha armado la UEILCA estos a?os.

A la semana siguiente, el 15 de septiembre, el Gobierno federal inform¨® de la detenci¨®n de Rodr¨ªguez y de otros tres militares de los 20 cuya captura hab¨ªa pedido la FGR a mediados de agosto. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mej¨ªa, dijo: ¡°Hay cuatro ¨®rdenes de captura¡±. Mej¨ªa se refer¨ªa a Rodr¨ªguez, al capit¨¢n Crespo, preso desde 2019, al sargento Eduardo Mota y al subteniente Alejandro Pirita. A Crespo, acusado de delincuencia organizada desde hac¨ªa a?os, se le a?adi¨® el delito de desaparici¨®n forzada. A Pirita y Mota se les acus¨® de ambos. A Rodr¨ªguez solo de delincuencia organizada, aunque la Fiscal¨ªa podr¨ªa a?adir nuevas acusaciones a partir de la informaci¨®n de la comisi¨®n. Los cuatro est¨¢n recluidos en la prisi¨®n militar de Ciudad de M¨¦xico.

En sus declaraciones del 15 de septiembre, Mej¨ªa no inform¨® sobre el estado del resto de ¨®rdenes de detenci¨®n, ni en el caso de los militares ni en el de los civiles. Durante todas estas semanas, la FGR ha permanecido en silencio. Ante el anuncio de la captura de Rodr¨ªguez y los dem¨¢s, este diario pregunt¨® a la dependencia por los otros 16 militares que buscaba. A trav¨¦s de un vocero, la respuesta de la dependencia entonces fue: ¡°No s¨¦, lo checo¡±.

Los militares que se salvan

Seg¨²n el oficio 573-C/2022, del que este diario tiene copia, el juzgado a cargo de las ¨®rdenes inform¨® a la delegaci¨®n de la Polic¨ªa Federal Ministerial en el Estado de M¨¦xico de su cancelaci¨®n el 13 de septiembre. La propia FGR solicit¨® su cancelaci¨®n el d¨ªa 7, apenas tres semanas despu¨¦s de pedirlas. Seg¨²n una fuente conocedora del caso, la fiscal adscrita al juzgado pregunt¨® a la UEILCA si de verdad quer¨ªan cancelar las ¨®rdenes. La unidad contest¨® que no. La FGR adscribi¨® entonces a un nuevo fiscal al juzgado para que se encargara del tr¨¢mite.

El oficio en cuesti¨®n incorpora el auto de cancelaci¨®n del juez, en el que da cuenta de los nombres de los militares implicados. De los buscados por delincuencia organizada, 11 eran parte de la Fuerza de Reacci¨®n del 27 batall¨®n, comandado por el capit¨¢n Crespo. En la noche del ataque, Crespo y sus hombres circularon por Iguala, acudiendo a varios de los escenarios de la agresi¨®n, entre ellos el cruce de las calles Juan N. ?lvarez y Perif¨¦rico y la cl¨ªnica Cristina.

Durante la pasada administraci¨®n, las cr¨ªticas a los militares apuntaban principalmente al grupo de Crespo y su papel omiso. No hab¨ªan evitado el ataque, ni protegido a los muchachos. Incluso los amedrentaron y acosaron, como ocurri¨® en la cl¨ªnica Cristina. Con la creaci¨®n de la UEILCA y la comisi¨®n presidencial entre finales de 2018 y principios de 2019, la visi¨®n de los militares ha ido cambiando. En noviembre de 2019 cay¨® el capit¨¢n Crespo por delincuencia organizada. La UEILCA le acusa de colaborar con Guerreros Unidos, grupo criminal que oper¨® el ataque contra los normalistas. Las nuevas ¨®rdenes de detenci¨®n apuntaban al resto. Preguntada por este diario por el motivo de la solicitud de cancelaci¨®n, la FGR no ha dado hasta el momento respuesta alguna. La dependencia tampoco aclara si las otras 58 ¨®rdenes han sido canceladas o ejecutadas.

De los otros militares buscados por delincuencia organizada y desaparici¨®n forzada, al menos dos trabajaban en la central de comunicaciones y videovigilancia local, el C-4. La UEILCA asume que los otros dos estuvieron activos en Iguala durante el ataque. En el caso de Hern¨¢ndez Nieto, su papel apenas se conoc¨ªa hasta ahora. La acusaci¨®n de delincuencia organizada apuntaba a su posible colaboraci¨®n con Guerreros Unidos, igual que Rodr¨ªguez.

En el caso de los civiles, la lista resulta sorprendente. Aparece el exprocurador I?aki Blanco, primer encargado de las investigaciones del caso Ayotzinapa. Figura adem¨¢s Ulises Bernab¨¦, funcionario del ¨¢mbito local de Iguala, juez de Barandilla en la ¨¦poca. En la narrativa del ataque que han ido construyendo la UEILCA y la comisi¨®n, Barandilla es un punto central durante la desaparici¨®n, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Seg¨²n los investigadores, polic¨ªas de Iguala y Cocula condujeron all¨ª a parte de los muchachos desaparecidos. En alg¨²n momento de la noche, el capit¨¢n Crespo apareci¨® all¨ª tambi¨¦n con algunos de sus hombres. En sus declaraciones, Bernab¨¦ siempre ha negado que estudiantes hubieran estado all¨ª. Hace a?os, el exfuncionario huy¨® a Estados Unidos, donde consigui¨® asilo.

Las otras tres personas a las que la FGR buscaba por desaparici¨®n forzada, cuyas ¨®rdenes tambi¨¦n han sido canceladas, son la presidenta en la ¨¦poca del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, y dos ingenieros adscritos al Palacio de Justicia de Iguala. La UEILCA se?ala su responsabilidad en la p¨¦rdida de videos de la instalaci¨®n judicial, clave en la reconstrucci¨®n del ataque en otro de los escenarios, Perif¨¦rico sur, en la salida de Iguala.

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