C¨®mo el Gobierno de Chihuahua encarcel¨® a un fiscal anticorrupci¨®n para salvar al pol¨ªtico del PRI que desvi¨® 6.000 millones de pesos
La Fiscal¨ªa acusa a Francisco Gonz¨¢lez Arredondo de tortura psicol¨®gica. El expediente fue integrado con testimonios de exfuncionarios del Gobierno de C¨¦sar Duarte que participaron en actos de corrupci¨®n millonarios
¡ªLicenciada, yo no puedo estar aqu¨ª. Hay mucha gente a la que yo met¨ª en esta c¨¢rcel ¡ªle susurr¨® Francisco Gonz¨¢lez Arredondo con inquietud a una de las integrantes de su defensa legal. El exfiscal anticorrupci¨®n de Chihuahua hab¨ªa sido llevado la tarde del 21 de noviembre a la misma prisi¨®n donde est¨¢n recluidos el exgobernador C¨¦sar Duarte, s¨ªmbolo de la corrupci¨®n de las Administraciones del PRI, y una decena de exfuncionarios y empresarios que saquearon las arcas del Estado.
En esa prisi¨®n, el Centro de Readaptaci¨®n Social de Aquiles Serd¨¢n, tambi¨¦n hay decenas de hombres sentenciados por secuestro y homicidio que hab¨ªan sido llevados ante la justicia por Gonz¨¢lez Arredondo a lo largo de sus 16 a?os como investigador en la Fiscal¨ªa del Estado de Chihuahua. Ahora a ¨¦l lo bajaban a los mismos s¨®tanos y le apagaban la luz, como a un Dante.
Era lunes: el inicio de una semana en la que la vida del exfiscal anticorrupci¨®n se convertir¨ªa en tragedia. En el borrador de ese relato, elaborado por la Fiscal¨ªa de Chihuahua, las puertas se cierran para ¨¦l y su equipo de investigadores y se abren para los condenados por corrupci¨®n, con Duarte a la cabeza. La historia se est¨¢ escribiendo y el de Gonz¨¢lez Arredondo es el cap¨ªtulo inaugural. EL PA?S ha reconstruido los pormenores del caso ?mediante la revisi¨®n de cientos de documentos judiciales y entrevistas a familiares, abogados del exfiscal y activistas.
El expediente contra el exfiscal ya abri¨® un frente de batalla entre la Administraci¨®n de la gobernadora Mar¨ªa Eugenia Campos Galv¨¢n y el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, que mira con recelo lo que le parece un acto de venganza hacia los funcionarios que se atrevieron a indagar actos de corrupci¨®n del pasado, en los que la propia gobernadora ha sido implicada.
La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) orden¨® a la Fiscal¨ªa estatal cederle el control del caso, dado que los asuntos de tortura son de competencia federal. La defensa de Gonz¨¢lez Arredondo tiene esperanzas de que, una vez que la FGR conozca el expediente y sus irregularidades, el caso ser¨¢ cerrado y el exfiscal recuperar¨¢ su libertad. La Fiscal¨ªa estatal se ha negado a entregar la investigaci¨®n a la autoridad federal, lo que augura que la disputa por el control del expediente se resuelva en los tribunales.
El exfiscal anticorrupci¨®n de Chihuahua ha sido vinculado a proceso por el delito que le imputa la Fiscal¨ªa de Maru Campos. La jueza Hortensia Garc¨ªa Rodr¨ªguez instruy¨® dejarlo en prisi¨®n mientras concluya la investigaci¨®n en su contra y a la espera de sentencia, un tr¨¢mite que puede demorar meses o a?os.
El c¨®mplice
El denunciante de Gonz¨¢lez Arredondo es identificado por la Fiscal¨ªa como ¡°JJBP1¡±. Los otros cinco testigos tambi¨¦n son referidos por claves. Este diario corrobor¨® sus identidades, que se mantendr¨¢n en reserva para no afectar las investigaciones. Ser¨¢n referidos como El Denunciante y Testigo del 1 al 5. La FGE sustent¨® la acusaci¨®n de tortura psicol¨®gica con base en sus testimonios y los resultados del protocolo de Estambul que aplic¨® una asociaci¨®n civil sobre la que los abogados del exfiscal expresan reservas.
Las seis personas trabajaron para la Administraci¨®n de C¨¦sar Duarte, en la Secretar¨ªa de Hacienda, que era dirigida por Jaime Herrera, un viejo amigo del exgobernador. Estas son sus caracter¨ªsticas:
El Denunciante era asesor t¨¦cnico de la Direcci¨®n de Adquisiciones y Servicios. El titular de esa direcci¨®n era Antonio Tar¨ªn Garc¨ªa.
Testigo 1 era coordinador Administrativo y de Servicios, bajo el mando de Gerardo Villegas Madriles, un sobrino de Duarte. Testigo 1 le present¨® a El Denunciante a Tar¨ªn Garc¨ªa.
Testigo 2 era director de Egresos.
Testigo 3 era asesor en la coordinaci¨®n Administrativa y de Servicios, bajo las ¨®rdenes de Villegas Madriles y de Testigo 1.
Testigo 4 era jefe de control de Pagos, bajo las ¨®rdenes de Testigo 2.
Testigo 5 es esposa de Testigo 1 y fue funcionaria de Hacienda y luego del Poder Judicial.
Los nombres de Tar¨ªn y Villegas son los nodos que unen a los seis denunciantes de Gonz¨¢lez Arredondo. Tar¨ªn, Villegas y su jefe, el secretario de Hacienda, Jaime Herrera, fueron sentenciados por corrupci¨®n en diversas causas penales iniciadas por la Fiscal¨ªa en el Gobierno de Javier Corral (2016-2021) como parte de la Operaci¨®n Justicia para Chihuahua. Varios testimonios rendidos en su momento contra Tar¨ªn y Villegas por El Denunciante y los Testigos ¡ªque eran sus subordinados en Hacienda¡ª fueron clave para procesarlos penalmente.
Las investigaciones conducidas por el exfiscal Gonz¨¢lez Arredondo concluyeron que desde la secretar¨ªa de Hacienda de Duarte se desviaron 6.000 millones de pesos (303 millones de d¨®lares) del erario mediante contratos simulados y empresas fantasma. A ra¨ªz de las denuncias de la Fiscal¨ªa se recuperaron 712 millones de pesos.
El exgobernador fue extraditado por Estados Unidos y ahora est¨¢ vinculado a proceso, a la espera de sentencia, por uno de los varios expedientes en su contra iniciados por el exfiscal anticorrupci¨®n: el desv¨ªo de 97 millones de pesos a dos empresas en las que era fundador, accionista mayoritario y presidente del consejo de administraci¨®n: Uni¨®n Ganadera y Financiera de la Divisi¨®n del Norte. Contra Duarte, que est¨¢ recluido en el Cereso de Aquiles Serd¨¢n, est¨¢n pendientes de ejecuci¨®n otras 18 ¨®rdenes de aprehensi¨®n.
Uno de los casos ic¨®nicos de los desv¨ªos durante el duartismo fue conocido como Operaci¨®n Safiro, el nombre que le dieron sus art¨ªfices, error ortogr¨¢fico incluido. La Fiscal¨ªa de Corral se?al¨® que se trat¨® de un mecanismo mediante el que fueron desviados 250 millones de pesos desde la secretar¨ªa de Hacienda federal. Los recursos se depositaron inicialmente a la Tesorer¨ªa de Chihuahua y de ah¨ª fueron transferidos a las arcas del PRI con la finalidad de inyectarlos al financiamiento de campa?as pol¨ªticas en varios estados para las elecciones de 2016. El titular de la Hacienda federal era Luis Videgaray, cercano colaborador de Enrique Pe?a Nieto, y el dirigente del PRI era Manlio Fabio Beltrones. Ni Duarte ni ning¨²n funcionario federal ha sido procesado por la Operaci¨®n Safiro, un modelo que se replic¨® en varios estados gobernados por el PRI. Esa investigaci¨®n fue duramente bombardeada por el Gobierno de Pe?a Nieto, y, a seis a?os del inicio del expediente, este se encuentra entrampado en la Suprema Corte de Justicia.
Solo un personaje relevante fue sentenciado: Alejandro Guti¨¦rrez Guti¨¦rrez, La Coneja, un pol¨ªtico coahuilense a quien Beltrones nombr¨® secretario general adjunto del PRI y que, en los hechos, era el operador financiero que hac¨ªa las gestiones de los desv¨ªos en los Estados, seg¨²n los testimonios recogidos por la Fiscal¨ªa. En ese caso es donde cobra relevancia el papel de El Denunciante, que fungi¨® como testigo colaborador de la FGE gracias a un criterio de oportunidad, un recurso mediante el que algunos acusados pueden obtener beneficios en sus procesos penales si aportan elementos a las autoridades para desvelar delitos mayores.
En una declaraci¨®n de noviembre de 2017, a la que este diario ha tenido acceso, El Denunciante relat¨® que su jefe directo, Antonio Tar¨ªn, le pidi¨® poner en orden la documentaci¨®n de las empresas fachada que se utilizar¨ªan para los desv¨ªos de la Operaci¨®n Safiro. El Denunciante dijo que se percat¨® a la perfecci¨®n de que las compa?¨ªas ¡ªSisas, Sinnax, Samex y Despacho de Profesionistas Futura¡ª hab¨ªan sido constituidas ante el mismo notario p¨²blico, en las mismas fechas y que ten¨ªan domicilios en predios bald¨ªos o casas humildes. Y, aunque advirti¨® de ello a su jefe, este le dijo que ten¨ªan que hacerse las contrataciones porque el gobernador ten¨ªa un compromiso con el PRI. ¡°D¨ªas antes de las elecciones [del 5 de junio de 2016] me dice Antonio Tar¨ªn que las empresas ya no iban a mandar m¨¢s documentaci¨®n, por lo que me da la orden de que regularice todo, es decir que me invente todo, y me ponga a trabajar en la documentaci¨®n faltante. Me dijo que era una orden directa del entonces gobernador del Estado, C¨¦sar Duarte. Es as¨ª como se cumpli¨® con el compromiso de entregar los 250 millones de pesos al PRI nacional¡±, declar¨®.
Parte del dinero ¡ªdos millones de pesos¡ª fue a parar a otras dos empresas, Jet Combustibles y Promotora de Se?alamiento Integral, en las que eran accionistas Alejandro Guti¨¦rrez y su hijo. Este es el caso por el que fue sentenciado el operador del PRI, dada la obviedad del desv¨ªo a cuentas de su propiedad. En el juicio oral contra La Coneja testificaron El Denunciante y los Testigos 1, 2 y 4. Guti¨¦rrez fue juzgado en mayo de 2019 por un tribunal formado por tres magistrados que votaron dos a uno a favor de sentenciarlo. Una de las integrantes del colegiado fue, precisamente, Hortensia Garc¨ªa Rodr¨ªguez, que dio su voto a favor, al considerar que las pruebas aportadas por la Fiscal¨ªa eran s¨®lidas. Es la misma juzgadora que ha procesado ahora al exfiscal que encabez¨® ese caso.
El Denunciante no solo aport¨® informaci¨®n en el expediente de La Coneja. Fue acusado, a su vez, de participar activamente de otros hechos de corrupci¨®n. Uno de ellos est¨¢ relacionado con el desv¨ªo de 389 millones de pesos mediante contratos simulados a la empresa Asesor¨ªa y Servicios Online. La Fiscal¨ªa de Gonz¨¢lez Arredondo recab¨® informaci¨®n de que el dinero era convertido en efectivo y llevado al local comercial de otra compa?¨ªa, Manzil Construcciones. De ah¨ª, por ¨®rdenes de Antonio Tar¨ªn, era recogido por personas de su confianza y llevado a su despacho en la secretar¨ªa de Hacienda. Uno de los que recog¨ªa el dinero, seg¨²n la FGE, era El Denunciante. Otro era Testigo 3.
El Testigo 2, exdirector de Egresos de la Hacienda de Chihuahua, fue se?alado por el Testigo 1 en otro asunto: la triangulaci¨®n de 120 millones de pesos a trav¨¦s de la empresa Kepler Soluciones Integrales. Seg¨²n Testigo 1, el trabajo de Testigo 2 consist¨ªa en autorizar las solicitudes de suficiencia presupuestal para pagar los contratos simulados.
A su vez, el Testigo 4, que era jefe de control de Pagos, fue implicado en el caso de la N¨®mina secreta, en el que la Fiscal¨ªa de Gonz¨¢lez Arredondo denunci¨® la existencia de una ¡°caja chica¡± en Hacienda mediante la que el Gobierno de Duarte pagaba sobornos a pol¨ªticos, empresarios y periodistas. Los cheques de salida, seg¨²n la acusaci¨®n, suman 1.000 millones de pesos y eran firmados por el secretario de Hacienda o por Testigo 4.
Maru Campos fue acusada de cobrar 10 millones de pesos en la n¨®mina de Duarte entre 2014 y 2016, cuando era vicecoordinadora del PAN en el Congreso estatal. La Fiscal¨ªa present¨® en su momento como pruebas un conjunto de copias de recibos firmados por Campos. En 2020 se inici¨® un juicio en su contra y en 2021 fue vinculada a proceso por corrupci¨®n. Dos de quienes fueron sus abogados, Francisco Mart¨ªnez Valles e Iv¨¢n Corral, ya hab¨ªan defendido a Tar¨ªn y Villegas en los tribunales. Cuando Campos gan¨® la elecci¨®n a la gubernatura, su caso fue echado por los suelos por el Poder Judicial.
La v¨ªctima
A su llegada al gobierno de Chihuahua, en septiembre de 2021, Maru Campos instruy¨® relevar a las cabezas y mandos medios de la Fiscal¨ªa estatal. Ello determin¨® la partida de Gonz¨¢lez Arredondo. Y, desde finales del a?o, se comenz¨® a integrar la carpeta de investigaci¨®n en su contra por tortura psicol¨®gica a partir de los testimonios de El Denunciante y los Testigos 1 a 5.
En sus denuncias, a las que tuvo acceso este diario, afirman que fueron interrogados por la Fiscal¨ªa de Corral entre febrero de 2017 y noviembre de 2018. Las entrevistas, dijeron, no se hac¨ªan en la sede de la FGE, sino en la que hab¨ªa sido la Casa de Gobierno, llamada Casa Zarco, donde despachaban los mandatarios y que Corral decidi¨® no utilizar. Los Testigos, en realidad, no afirmaron haber presenciado los actos de tortura psicol¨®gica contra El Denunciante, sino que, dijeron, ellos mismos fueron sometidos a los mismos tratos por agentes de la Fiscal¨ªa. Tres de los Testigos no mencionaron en sus denuncias a Gonz¨¢lez Arredondo, sino a otros fiscales, pero la nueva FGE decidi¨® igualmente integrar sus testimonios, partiendo de que Gonz¨¢lez Arredondo era el jefe de los investigadores.
Los testimonios de El Denunciante y los Testigos coinciden en que los fiscales los ten¨ªan varias horas encerrados en una habitaci¨®n sin agua, sin comida y sin oportunidad de ir al ba?o; que les quitaban los tel¨¦fonos y los presionaban para decir ¡°todo lo que sab¨ªan¡±; que los intimidaban, les gritaban y los amenazaban con meterlos a la c¨¢rcel. Varios de ellos dijeron que ¡°se quebraron¡±, que lloraron frente a los agentes, que se les sub¨ªa la presi¨®n y les faltaba el aire, que sent¨ªan que se iban a infartar, que se sintieron obligados a dar declaraciones a modo para que los dejaran en paz, y que comenzaron a dudar de sus propios recuerdos sobre los hechos de corrupci¨®n respecto de los cuales los interrogaban. Relataron que tuvieron intentos de suicidio, alteraci¨®n del sue?o, episodios de p¨¢nico, alcoholismo y descompensaci¨®n alimentaria.
Estas son algunas declaraciones: ¡°Fueron horas de estar amenaz¨¢ndome y dici¨¦ndome que deb¨ªa colaborar y acordarme; hasta dudaba de que lo que yo sab¨ªa fuera cierto y lo que ellos cre¨ªan era la verdad¡±. ¡°Recuerdo que en uno de tantos interrogatorios Francisco Gonz¨¢lez me grit¨® muy agresivo: ¡®?no mame!, usted sabe m¨¢s de estas personas que saquearon al Estado¡±. ¡°El trato hacia m¨ª por parte de algunos agentes de la Fiscal¨ªa siempre fue grosero y hostil y haci¨¦ndome ver que yo era culpable de las anomal¨ªas de la Administraci¨®n duartista¡±. ¡°Fue tanta la presi¨®n que incluso la persona con quien sal¨ªa en ese momento, por tanta noticia que sal¨ªa donde me pon¨ªan como un delincuente y que me hab¨ªa robado mucho dinero, termin¨® conmigo¡±. ¡°Dej¨¦ de salir por el miedo de que me detuvieran, ni sal¨ªa al s¨²per a comprar mandado¡±.
El Denunciante declar¨® a la Fiscal¨ªa en un primer momento que no ser¨ªa capaz de reconocer a Gonz¨¢lez Arredondo, dada la confusi¨®n de recuerdos que le caus¨® la tortura. Luego, en una diligencia, la FGE le mostr¨® una foto del exfiscal, y El Denunciante, que recobr¨® la memoria, logr¨® identificarlo.
En la entrevista con los especialistas que le aplicaron el protocolo de Estambul, El Denunciante admiti¨® que quien fuera su jefe, Antonio Tar¨ªn, le orden¨® hacerse cargo de arreglar las contrataciones de la Operaci¨®n Safiro, como hab¨ªa testificado en el expediente de La Coneja. ¡°A lo largo de ese proceso tuve muchas discusiones con Antonio por dilemas ¨¦ticos. En uno de los interrogatorios me dijeron que por qu¨¦ no hab¨ªa ido a poner la denuncia en la Fiscal¨ªa. Yo no pod¨ªa, porque todo es manejado por los mismos. Yo ven¨ªa discutiendo mucho con Antonio por esto. Cuando se da el cambio de gobierno, todo se vuelve un pandemonio completo; ¨¦l me ped¨ªa que consiguiera documentos que hicieran falta y yo no ten¨ªa c¨®mo y me sacaron en octubre de 2016. Cuando lo detienen y se da cuenta que yo estoy colaborando, se acaba nuestra amistad¡±, dijo.
El protocolo de Estambul fue implementado por el Centro Iberoamericano de Formaci¨®n en Derecho Internacional y Derechos Humanos A.C., una organizaci¨®n civil constituida en 2017 en Coahuila y que fue contratada por la FGE para conducir el estudio por un pago de 600.000 pesos. El protocolo lo aplicaron una psic¨®loga colombiana, un psic¨®logo salvadore?o, un abogado costarricense y un especialista en discapacidad mexicano. La defensa de Gonz¨¢lez Arredondo afirma que el protocolo es ileg¨ªtimo como prueba porque los tres especialistas extranjeros no revalidaron sus estudios en M¨¦xico, requisito para ejercer su profesi¨®n en este pa¨ªs.
La organizaci¨®n concluy¨® que todos fueron objeto de tortura psicol¨®gica, lo que les provoc¨® un da?o irreparable a su proyecto de vida y a su integridad, ¡°al haber sido v¨ªctimas de una forma de privaci¨®n de su vida de manera arbitraria¡±. El estudio fue aplicado a El Denunciante y cuatro de los cinco Testigos. Uno no est¨¢ en M¨¦xico.
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