El juez da un rev¨¦s a la Fiscal¨ªa en el caso contra OHL por la pol¨¦mica concesi¨®n del Viaducto Bicentenario

La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) se ha llevado un rev¨¦s judicial en un caso de corrupci¨®n que habr¨ªa sentado un precedente en la lucha del Gobierno por recuperar los bienes nacionales entregados a particulares en la ¨¦poca del PRI. La FGR hab¨ªa presentado una acusaci¨®n contra la constructora espa?ola OHL y su sucesora, Ale¨¢tica, por la probable explotaci¨®n ilegal del Viaducto Bicentenario, una vialidad elevada de 22 kil¨®metros construida sobre la carretera M¨¦xico-Quer¨¦taro, un camino de car¨¢cter fede...

La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) se ha llevado un rev¨¦s judicial en un caso de corrupci¨®n que habr¨ªa sentado un precedente en la lucha del Gobierno por recuperar los bienes nacionales entregados a particulares en la ¨¦poca del PRI. La FGR hab¨ªa presentado una acusaci¨®n contra la constructora espa?ola OHL y su sucesora, Ale¨¢tica, por la probable explotaci¨®n ilegal del Viaducto Bicentenario, una vialidad elevada de 22 kil¨®metros construida sobre la carretera M¨¦xico-Quer¨¦taro, un camino de car¨¢cter federal. La concesi¨®n fue entregada a OHL en 2008 por el Gobierno del Estado de M¨¦xico, entonces gobernado por Enrique Pe?a Nieto, en los a?os dorados del poder¨ªo y los negocios del PRI en esa entidad. La Fiscal¨ªa acus¨® que la concesi¨®n fue ilegal porque, conforme a las leyes mexicanas, los permisos de explotaci¨®n sobre v¨ªas generales ¨²nicamente pueden ser concedidos por el Gobierno federal, nunca por gobiernos estatales, como sucedi¨® en el caso del Viaducto Bicentenario.

En una pol¨¦mica audiencia que ha durado dos d¨ªas, desde el martes hasta este mi¨¦rcoles, el juez estatal Daniel Ram¨ªrez Pe?a decidi¨® que no existe delito que perseguir y ha ordenado dar carpetazo al expediente, con lo que ha quedado intacto el derecho de OHL-Ale¨¢tica sobre la vialidad cuestionada. La Fiscal¨ªa ha anunciado que impugnar¨¢ la decisi¨®n ante un tribunal colegiado y que denunciar¨¢ al juez. A su vez, el abogado Paulo D¨ªez, que present¨® buena parte de las denuncias contra la compa?¨ªa y que ten¨ªa el car¨¢cter de v¨ªctima en la causa judicial, ha afirmado que valora promover una queja en la Judicatura contra el juez Ram¨ªrez, por presuntas irregularidades en su conducta.

El abogado relata que, al inicio de la audiencia, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Ju¨¢rez (Estado de M¨¦xico), Ram¨ªrez atac¨® a los fiscales, a quienes reproch¨® una ¡°deficiencia¡± en la exposici¨®n de los cargos, para despu¨¦s anunciar que, si esa actitud persist¨ªa, no tendr¨ªa mayor remedio que no procesar a los acusados, seg¨²n el relato de D¨ªez, que estuvo presente. El abogado se?ala que es grave que el juez haya adelantado cu¨¢l ser¨ªa su resoluci¨®n antes de conocer los cargos. Los propios fiscales le exigieron al juez excusarse del caso, por su falta de imparcialidad, y pidieron que el expediente fuese turnado a otro juzgador, pero Ram¨ªrez no cedi¨®. ¡°El grado de injusticia con el que actu¨® el juez Daniel Ram¨ªrez Pe?a lleg¨® a un extremo verdaderamente inconcebible¡±, se?al¨® la FGR en un comunicado. Otra irregularidad, agrega D¨ªez, es que el juez no quiso reconocerle a ¨¦l su car¨¢cter de v¨ªctima, a pesar de la existencia de una resoluci¨®n de un tribunal colegiado que le dio al abogado esa calidad, y le pidi¨® abandonar la audiencia.

La FGR hab¨ªa acusado al actual director de OHL-Ale¨¢tica, Rub¨¦n L¨®pez Barrera, y a dos exdirectivos, Sergio Hidalgo Monroy Portillo y Jos¨¦ Andr¨¦s de Oteyza. Este ¨²ltimo, un exfuncionario en el gobierno del priista Jos¨¦ L¨®pez Portillo, de 81 a?os, fue presidente del Consejo de Administraci¨®n de OHL M¨¦xico hasta 2015, cuando se vio forzado a dimitir del cargo luego de que sali¨® a la luz una serie de escuchas telef¨®nicas entre altos cargos de la compa?¨ªa y funcionarios mexiquenses (del PRI) que suger¨ªan enjuagues corruptos para favorecer los negocios de la firma en infraestructura carretera en el Estado de M¨¦xico.

La Fiscal¨ªa acus¨® tambi¨¦n a cuatro exfuncionarios de la Administraci¨®n de Alfredo del Mazo en el Estado de M¨¦xico (2017-2022), se?alados de haber firmado en 2020 un convenio para ¡°legalizar¡± la concesi¨®n entregada a OHL. Se trata de Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Lim¨®n, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge Gonz¨¢lez Bezares, exdirector de la Junta de Caminos. Esta es la misma causa en la que fue denunciado el primer consejero jur¨ªdico del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, Julio Scherer Ibarra, por presuntamente haber utilizado sus influencias para ayudar a que OHL-Ale¨¢tica no perdiera el permiso de explotaci¨®n del Viaducto Bicentenario. La Fiscal¨ªa no lo imput¨® en esta primera audiencia.

Ale¨¢tica celebr¨® la decisi¨®n del juez de ordenar el cierre del expediente. ¡°Nos alegramos de que juez de control haya advertido que el caso carece de elementos. No cabe duda de que nuestro director general en M¨¦xico, Rub¨¦n L¨®pez Barrera, no hizo m¨¢s que dirigir nuestras acciones para seguir cumpliendo con nuestras obligaciones en virtud de un T¨ªtulo de Concesi¨®n, que se otorg¨® de forma competitiva, v¨¢lida y en pleno vigor. La resoluci¨®n del juez lo reconoce¡±, indic¨® la compa?¨ªa en un comunicado.

El ¡°convenio de la verg¨¹enza¡±

OHL-Ale¨¢tica ha defendido que su concesi¨®n del Viaducto Bicentenario fue obtenida en un proceso legal de licitaci¨®n y en las mejores condiciones de competitividad en 2008. Como parte del permiso, el Gobierno del Estado de M¨¦xico le concedi¨® a la empresa el derecho de cobrar a los usuarios una cuota de peaje desde entonces y hasta 2038. Para la Fiscal¨ªa, que sostiene que el Gobierno estatal priista no ten¨ªa la legitimidad para otorgar la concesi¨®n, se configura el delito de explotaci¨®n ilegal de un bien de la naci¨®n y el de asociaci¨®n delictuosa entre los funcionarios y empresarios implicados. El centro de la acusaci¨®n es que el viaducto elevado se construy¨® il¨ªcitamente sobre una v¨ªa general de comunicaci¨®n (la carretera M¨¦xico-Quer¨¦taro, a la que el viaducto se encuentra permanentemente incorporado), pues nunca existi¨® un permiso otorgado por el Gobierno federal, la ¨²nica autoridad facultada.

En 2020, la Administraci¨®n de L¨®pez Obrador emprendi¨® un procedimiento administrativo, a trav¨¦s de la Secretar¨ªa de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para determinar si hab¨ªa sido legal o no la concesi¨®n del Estado de M¨¦xico a OHL. El Gobierno mexiquense ¡ªel mandatario ya era Alfredo del Mazo, primo de Pe?a Nieto¡ª sac¨® a relucir un convenio de 1983 con el que, supuestamente, la Federaci¨®n le hab¨ªa cedido el control del tramo de la carretera M¨¦xico-Quer¨¦taro sobre el que se construy¨® el viaducto elevado. El problema es que de ese convenio no existe m¨¢s que una copia; adem¨¢s, lo que la Federaci¨®n le cedi¨® al Gobierno estatal fue apenas un peque?o ramal de la carretera, y nunca el tramo de 22 kil¨®metros sobre el que OHL construy¨® el Viaducto Bicentenario, seg¨²n la Fiscal¨ªa.

En medio del proceso de sanci¨®n de la SICT comenzaron a ocurrir presuntas manipulaciones para favorecer a OHL, seg¨²n las pruebas recabadas por la Fiscal¨ªa. En un principio, el proyecto de dictamen de la Secretar¨ªa iba en el sentido de sancionar a los funcionarios mexiquenses que otorgaron la concesi¨®n sin tener facultades para ello, y recuperar para el Gobierno federal la vialidad. Sin embargo, sorpresivamente, en un breve periodo, la propia SICT cambi¨® el sentido de su procedimiento de sanci¨®n, y no solo retir¨® las acusaciones iniciales, sino que convalid¨® la versi¨®n de que el Estado de M¨¦xico ten¨ªa el poder de concesionar a OHL la operaci¨®n de la vialidad. Esto ¨²ltimo se logr¨® gracias a la firma de un convenio entre la SICT y el Gobierno estatal para ¡°regularizar la posesi¨®n f¨ªsica y jur¨ªdica¡± del derecho de v¨ªa.

Ese convenio, gracias al cual se dej¨® sin materia la sanci¨®n al Gobierno mexiquense y se le dio un respiro a OHL, se ha vuelto el centro de todas las sospechas. La clave est¨¢ en las fechas. El dictamen mediante el que la SICT cancel¨® el proceso de recuperaci¨®n establece que el convenio se firm¨® el 1 de octubre de 2020. No obstante, de acuerdo con el abogado D¨ªez, existe un documento oficial que muestra que no fue sino hasta el 9 de octubre que el convenio se suscribi¨®. Es decir, la SICT cerr¨® el expediente con anticipaci¨®n, y adem¨¢s qued¨® de manifiesto que ese convenio siempre form¨® parte de un plan para dejar sin sustancia el procedimiento de sanci¨®n. Los firmantes del convenio son los exfuncionarios del Gobierno de Del Mazo acusados por la Fiscal¨ªa. Uno de ellos, Bezares, fue adem¨¢s se?alado de usurpaci¨®n de funciones, pues firm¨® como director de la Junta de Caminos cuando ya hab¨ªa dejado el cargo.

El abogado D¨ªez, autor de la denuncia original, sostiene que OHL-Ale¨¢tica ha obtenido ingresos por alrededor de 7.000 millones de pesos durante el tiempo que ha estado en operaci¨®n el viaducto elevado (se inaugur¨® en septiembre de 2010). Si el proceso judicial hubiese prosperado, el Gobierno federal habr¨ªa podido recuperar la vialidad, con todo y la infraestructura construida por la empresa espa?ola, sin tener que pagarle una indemnizaci¨®n, conforme la Ley General de Bienes Nacionales. La propia OHL estima que el valor de la infraestructura del Viaducto Bicentenario es de m¨¢s 11.788 millones de pesos. Esa recuperaci¨®n, de momento, ha quedado detenida.

Suscr¨ªbase a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs.