Las mujeres perseguidas por buscar la verdad entre las fosas de San Fernando: ¡°La PGR desvi¨® toda su maquinaria penal contra nosotras¡±

La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica entreg¨® a cuenta gotas los tomos de investigaci¨®n sobre la matanza de San Fernando (Tamaulipas). Lo hizo para cumplir con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n, nueve a?os despu¨¦s de que las fosas con 196 cuerpos fueran encontradas. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundaci¨®n para la Justicia y la Democracia, iba a recogerlos con paciencia. Un agente del ministerio p¨²blico le dio una advertencia especial uno de esos d¨ªas. ¡°Cuidado con lo que encuentren ah¨ª¡±. Era el tomo 221. Lo que hab¨ªa dentro del expediente de una de las mayores masacres de M¨¦xico, perpetrada por Los Zetas, era una investigaci¨®n contra tres de las mujeres que m¨¢s hab¨ªan luchado por desentra?ar la verdad. La entonces Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) hab¨ªa abierto una causa contra Delgadillo, abogada de las v¨ªctimas, contra la periodista Marcela Turati y contra la antrop¨®loga argentina Mecedes Doretti. La indagatoria, por delincuencia organizada y secuestro, le permiti¨® al Gobierno rastrearlas durante meses entre 2015 y 2016. Una causa que ocho a?os despu¨¦s contin¨²a abierta.

Amnist¨ªa Internacional ha presentado este martes el informe Perseguidas: criminalizaci¨®n de las mujeres defensoras de derechos humanos en M¨¦xico en el que exige al Gobierno de M¨¦xico que ¡°detenga cualquier investigaci¨®n, espionaje o intento de acci¨®n penal arbitrario¡± contra ellas. Delgadillo, Turati y Doretti (por videoconferencia) han estado acompa?adas de Carmen Aristegui y del equipo de Amnist¨ªa para lanzar el grito de alarma com¨²n: ?c¨®mo puede seguir vigente en la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica una persecuci¨®n contra quienes buscaban dar luz a la masacre?

El 24 de agosto de 2010, una nueva modalidad de horror se desenterr¨® en M¨¦xico. Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 a?os, inmigrante ecuatoriano, lleg¨® sangrando hasta un ret¨¦n del ej¨¦rcito en la carretera 101 de Tamaulipas, en la frontera entre M¨¦xico y Estados Unidos. Antes de desfallecer en un hospital, dio el aviso: ¡°Hombres armados nos secuestraron. Los mataron a todos¡±. Llev¨® a los militares a un rancho abandonado en San Fernando. Dentro estaba el horror: 72 migrantes tirados en el suelo y asesinados a bocajarro, 58 hombres y 14 mujeres yac¨ªan maniatados. Pero no era el fin del terror. En abril de 2011, el Ej¨¦rcito encontr¨® al menos 48 fosas clandestinas en San Fernando, de las que se recuperaron, por lo menos, 196 cuerpos. Las investigaciones atribuyen las masacres a Los Zetas.

A los campos de exterminio lleg¨® Marcela Turati, para ver c¨®mo camiones del Gobierno de Felipe Calder¨®n se llevaban 120 cuerpos delante de familiares desesperados que buscaban una identificaci¨®n. ¡°Era el operativo para ocultar esos cuerpos. Se los trajeron a Ciudad de M¨¦xico, les hicieron dos o tres cositas, y los volvieron a enterrar. Me toc¨® ver c¨®mo el Gobierno desaparece a los desaparecidos, c¨®mo los sigue desapareciendo¡±, ha relatado este martes la periodista. Por su parte, Ana Lorena Delgadillo empez¨® desde 2012 la representaci¨®n de las familias de esos migrantes desaparecidos, masacrados a su paso por M¨¦xico. El Equipo Argentino de Antropolog¨ªa Forense fue tambi¨¦n aceptado en 2013 como parte del peritaje independiente de la masacre. Mercedes Doretti era su directora y tambi¨¦n fue elegida como parte de la Secretar¨ªa T¨¦cnica forense, junto con la direcci¨®n de servicios periciales de FGR, para investigar, identificar y ver la causa de muerte sobre los restos de la masacre.

Las tres continuaron sin cesar su trabajo. Pero en 2015, tras la publicaci¨®n de unos reportajes de Marcela Turati, durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto el caso da una vuelta de tuerca. ¡°Personal de la Subprocuradur¨ªa Especializada en Investigaci¨®n de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR desvi¨® recursos de la investigaci¨®n de una de las violaciones m¨¢s graves de derechos humanos para investigar indebidamente y espiar a Ana Lorena, Marcela y Mercedes¡±, apunta el informe de Amnist¨ªa. Era una averiguaci¨®n por secuestro y delincuencia organizada. La gravedad de las indagaciones le permiti¨® a la PGR solicitar ilegalmente informaci¨®n de telecomunicaciones, establcer a qui¨¦nes llamaron y d¨®nde estuvieron, pedir ilegalmente sus datos personales y escritos para analizar sus firmas, y espirar a las defensoras. ¡°Todo sin haber cumplido con las formalidades que exige la ley, destacando la falta de autorizaci¨®n judicial¡±. Nunca les notificaron de que hab¨ªa una acusaci¨®n en su contra ni por qu¨¦ las investigaban.

Las defensoras se enteraron a?os m¨¢s tarde. Cuando, por fin, la Fundaci¨®n consigui¨® acceso al expediente y leyeron el tomo 221. El impacto fue total. ¡°?C¨®mo puedo ser perito a ese nivel en esta investigaci¨®n y al mismo tiempo estar siendo investigada por crimen organizado en ese mismo expediente? Es algo que me resulta incomprensible¡±, ha dicho Doretti. ¡°Para m¨ª fue muy fuerte enterarme que soy al mismo tiempo abogada de las v¨ªctimas y perseguida por delincuencia organizada y secuestro. La FGR de manera ilegal desvi¨® todo su poder de la maquinaria penal, y todo el poder de la ley, en contra de nosotras tres, cuando solo intent¨¢bamos que las familias tuvieran una respuesta¡±, reflexiona Delgadillo, que apunta al principal punto: ¡°No solamente intervinieron nuestros tel¨¦fonos. Nos pusieron en la misma investigaci¨®n donde tendr¨ªan que estar investigando al crimen organizado por la masacre, que hasta la fecha sigue impune¡±.

Delgadillo y la Fundaci¨®n para Justicia presentaron una denuncia que, hasta el momento, no ha tenido m¨¢s avances. Las defensoras interpusieron una queja en la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que fue cerrada ¡°sin hacer un an¨¢lisis detallado y correcto sobre violaciones a derechos humanos, y reabri¨® la queja solo hasta despu¨¦s de que ellas presentaron un amparo¡±, recoge Amnist¨ªa Internacional.

La criminalizaci¨®n no acab¨® ah¨ª, porque no acab¨®. ¡°Uno puede pensar que esto fue parte de una administraci¨®n anterior y que al llegar una nueva, inmediatamente se hubiera cerrado esa investigaci¨®n, se hubiera sancionado a los responsables, removido del expediente toda esa informaci¨®n sobre nosotras tres, y tambi¨¦n se nos hubieran dado las disculpas correspondientes. Sin embargo, muy por el contrario, no solo no sucedi¨® nada de eso, si no que no hemos recibido ning¨²n apoyo ni explicaci¨®n por parte de la FGR ni de la administraci¨®n¡±, dice Doretti, que lanza directa: ¡°?Qu¨¦ se busca con dejar abierta esta causa claramente arbitraria?¡±.

Amnist¨ªa Internacional refiere que a la fecha de publicaci¨®n del informe todav¨ªa ¡°se desconoce si el espionaje e investigaci¨®n contra ellas contin¨²a¡±: ¡°Ana Lorena, Marcela y Mercedes permanecen sin acceso a reparaciones por las violaciones de sus derechos humanos y con una amenaza constante de que el uso indebido del sistema de justicia penal contin¨²e investig¨¢ndolas¡±. Por esa raz¨®n, la organizaci¨®n exige a la actual Fiscal¨ªa Llevar a cabo el No Ejercicio de la Acci¨®n Penal (NEAP), eliminar toda informaci¨®n confidencial y de datos personales de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, suprimir el tomo 221 de la investigaci¨®n, e investigar a los servidores p¨²blicos que estuvieron involucrados en el espionaje contra las defensoras.

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