Del Per¨² de Fujimori a El Salvador de Bukele: el fallido experimento de los ¡®jueces sin rostro¡¯ en Latinoam¨¦rica

A plena luz del d¨ªa, un grupo de hombres armados irrumpi¨® en el domicilio de Uriel Villegas en la ciudad de Colima y le dispar¨® 20 veces. El juez, que hab¨ªa llevado juicios de alto perfil contra el Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n, fue asesinado junto a su esposa el 16 de junio de 2020. El doble crimen fue dado a conocer por el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zald¨ªvar, en medio de una sesi¨®n virtual del Alto Tribunal. Villegas, que ten¨ªa 42 a?os y dos hijas menores de edad, hab¨ªa renunciado a sus seis escoltas y una camioneta blindada poco m¨¢s de un a?o antes de ser ejecutado. El homicidio conmocion¨® a la sociedad y deton¨® un debate sobre las amenazas a la justicia y las condiciones de seguridad de quienes imparten justicia en M¨¦xico.

Cuatro a?os m¨¢s tarde, el pa¨ªs est¨¢ a las puertas de aprobar una ambiciosa y pol¨¦mica reforma judicial, propuesta por el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, que ha acaparado los reflectores por impulsar la elecci¨®n de jueces, magistrados y ministros de la Corte por voto popular, un sistema que s¨®lo es utilizado en Bolivia. Pero no es el ¨²nico punto que divide opiniones. El proyecto de ley, aprobado esta semana en la C¨¢mara de Diputados por la mayor¨ªa liderada por Morena, el partido gobernante, contempla tambi¨¦n la adopci¨®n de los llamados jueces sin rostro, una figura que garantiza el anonimato de los juzgadores al frente de procesos por delincuencia organizada y que pretende ser una respuesta a la ola de violencia que azota a M¨¦xico, envuelto desde hace casi dos d¨¦cadas en una guerra abierta contra el narcotr¨¢fico. ¡°La l¨®gica detr¨¢s est¨¢ asociada con el riesgo que supone enjuiciar cierto tipo de casos que presentan un alto grado de peligrosidad¡±, explica Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

¡°Es una medida de excepci¨®n, pero excepcional es tambi¨¦n la violencia que se vive en varias regiones del pa¨ªs¡±, escribi¨® hace un par de a?os Ricardo Monreal, el l¨ªder de Morena en la C¨¢mara baja, para defender su adopci¨®n. La idea de los tribunales an¨®nimos se afianz¨® en Italia a inicios de la d¨¦cada de los noventa, tras el asesinato de Giovanni Falcone y otros jueces a manos de la mafia siciliana, y pronto se extendi¨® por varios pa¨ªses de Latinoam¨¦rica. El Per¨² de Alberto Fujimori (1990-2000), la Colombia de C¨¦sar Gaviria (1990-1994) o, m¨¢s recientemente, El Salvador de Nayib Bukele (2019-2029) y algunos Estados del Brasil de Jair Bolsonaro (2019-2023) lo intentaron en el contexto del combate contra el terrorismo, las guerrillas, el narcotr¨¢fico y el surgimiento de milicias.

El experimento, sin embargo, ha sido duramente criticado, con miles de personas detenidas y condenadas de forma arbitraria, sospechas de tortura e impunidad y denuncias de violaciones sistem¨¢ticas de derechos humanos. Imer Flores, acad¨¦mico de la Universidad Nacional Aut¨®noma de M¨¦xico (UNAM), afirma que la medida fracas¨® por partida doble en otros pa¨ªses: no protegi¨® a los jueces ni respet¨® las garant¨ªas m¨ªnimas de los acusados. ¡°Si no sabes qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s, ?c¨®mo puedes tener la garant¨ªa de que te est¨¢ juzgando un tribunal imparcial e independiente?¡±, cuestiona.

Colombia: el primer experimento en Am¨¦rica Latina

Colombia cre¨® la justicia sin rostro en noviembre de 1990, en pleno apogeo de la guerra con el cartel de Medell¨ªn. Se trata de una innovaci¨®n en Am¨¦rica Latina: la posibilidad de que no solo los jueces, sino tambi¨¦n ciertos testigos e investigadores judiciales, fueran an¨®nimos para las partes. La principal justificaci¨®n era una larga estela de asesinatos o amenazas a quienes participaban en procesos judiciales contra distintos criminales, especialmente vinculados al narcotr¨¢fico. Inicialmente era lo que el ministro de Justicia de la ¨¦poca llam¨® ¡°un brazo de 82 selectos jueces¡±.

La llamada Jurisdicci¨®n Especial de Orden P¨²blico, luego Justicia Regional, funcion¨® hasta 1999. Fue perdiendo funciones e importancia, primero cuando en 1996 el entonces fiscal general aclar¨® internamente que el secreto era excepcional y se deb¨ªa justificar en cada caso, y luego cuando la Corte Constitucional determin¨® que se deb¨ªa regular en el c¨®digo de procedimiento penal, algo que nunca se hizo.

Los jueces sin rostro eran competentes solo para algunos delitos, como los de narcotr¨¢fico, rebeli¨®n, terrorismo o secuestro extorsivo. Dirig¨ªan las audiencias desde cabinas cerradas, protegidos por un vidrio ahumado que imped¨ªa ver su rostro, y dispositivos que distorsionaban sus voces. Si bien ese fue el elemento m¨¢s notorio, el m¨¢s criticado fue la existencia de las llamadas pruebas secretas, testimonios o informes de peritos que los abogados defensores podr¨ªan conocer sin saber qui¨¦n los hab¨ªa producido. Eso les imped¨ªa alegar, por ejemplo, que un testigo ten¨ªa un inter¨¦s indebido o era sospechoso de alg¨²n sesgo; el juez tampoco podr¨ªa interpelar a la fuente.

La contracara de esas limitaciones al derecho a la defensa, la protecci¨®n de jueces, testigos y expertos, no siempre se logr¨®. Por ejemplo, en septiembre de 1992 fueron asesinados en Medell¨ªn una juez sin rostro, Myriam Roc¨ªo V¨¦lez, y sus escoltas. Entre los expedientes que llevaba estaba el asesinato del director del diario El Espectador, uno de los mayores magnicidios ordenados por Pablo Escobar.

Entre los cambios en el actuar de los criminales colombianos, que pasaron a usar m¨¢s la extorsi¨®n o la corrupci¨®n que el asesinato de jueces y testigos, y las cr¨ªticas a esta justicia, su fin a finales de los noventa no produjo grandes manifestaciones o cr¨ªticas. En el imaginario general, dej¨® m¨¢s bien un recuerdo de autoritarismo y limitaci¨®n de los derechos. As¨ª lo demostr¨® en 2022 el rega?o del Tribunal Superior de Bogot¨¢ a un juez que, en una audiencia virtual, no revel¨® su rostro. ¡°Al no activar su c¨¢mara durante la audiencia de juicio oral, el juez del caso incurri¨® en una pr¨¢ctica irrespetuosa, autoritaria y deshumanizante que vuelve a la administraci¨®n de justicia a los tiempos de los jueces sin rostro y que, en ¨²ltimas, lesiona el derecho a un juicio justo¡±.

Justicia sin cara contra los enemigos del Estado

En Per¨², los jueces sin rostro llegaron tras el autogolpe con el que Fujimori disolvi¨® al Congreso en 1992 y concentr¨® el poder. El presidente restringi¨® las libertades e impuso una bater¨ªa de medidas de mano dura contra sus enemigos pol¨ªticos, como las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Aquellos acusados de terrorismo eran procesados en tribunales civiles sin rostro y quienes eran imputados por ¡°traici¨®n a la patria¡± iban a tribunales militares secretos.

En ambos casos, los acusados ten¨ªan garant¨ªas m¨ªnimas para defenderse, eran acusados a menudo a partir de solo un elemento de prueba o el testimonio de alguien m¨¢s y eran sujetos a detenciones arbitrarias y prolongadas, denunci¨® Human Rights Watch. ¡°Los tribunales sin rostro han establecido un r¨¦cord aterrador de violaciones de derechos humanos¡±, se?al¨® la organizaci¨®n en un informe de 1996. Organizaciones civiles del pa¨ªs andino estiman que alrededor de 1.400 personas que fueron sentenciadas en estas condiciones eran inocentes, advirti¨® Amnist¨ªa Internacional. La reducci¨®n de la incidencia delictiva durante su aplicaci¨®n tambi¨¦n ha sido puesta en duda, bajo la sospecha de que muchas detenciones avaladas por tribunales sin rostro fueron, en la pr¨¢ctica, desapariciones forzadas.

¡°El hilo conductor entre Colombia y Per¨² est¨¢ asociado a una l¨®gica de derecho penal del enemigo, en el que se establecen restricciones excesivas y que afectan al debido proceso de las personas que son enjuiciadas¡±, explica Ortega. El especialista se?ala que los tribunales sin rostro funcionaban como una ¡°caja negra¡±, en el que no exist¨ªa ninguna garant¨ªa de un juicio justo ni de independencia judicial ni de competencia e imparcialidad de los jueces. El acad¨¦mico comenta que se dieron en pa¨ªses rebasados por la violencia, que privilegiaban el combate a esas amenazas por encima de los derechos humanos y que apelaban a modelos punitivistas, al no poder desahogar esos asuntos con herramientas democr¨¢ticas. Se justificaban como mecanismos para proteger a los jueces, pero en la pr¨¢ctica se atropellaban los derechos de v¨ªctimas y acusados.

La controversia lleg¨® hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consider¨® esta figura contraria al Derecho Internacional y declar¨® nulas varias de estas sentencias. Mucha de la jurisprudencia regional est¨¢ basada en el caso peruano y puede ser vista como un aviso de c¨®mo algunas de las disposiciones de la reforma judicial de L¨®pez Obrador pueden caer en contradicci¨®n con tratados internacionales que M¨¦xico ha suscrito. Per¨², donde se utilizaban m¨¢scaras y capuchas para guardar la identidad de jueces y abogados, abandon¨® los tribunales sin rostro luego de cinco a?os. En febrero pasado, la propuesta resurgi¨® en el Congreso del pa¨ªs andino de la mano de Juan Burgos, un pol¨ªtico que tambi¨¦n propuso declarar robos, homicidios y secuestros como delitos de ¡°terrorismo urbano¡±.

El resurgimiento

En los ¨²ltimos a?os, los tribunales sin rostro han recibido un nuevo impulso. En julio de 2019, R¨ªo de Janeiro se convirti¨® en el s¨¦ptimo Estado de Brasil que adopt¨® los jueces sin rostro para resolver casos de narcotr¨¢fico, delincuencia y lavado de dinero, y como respuesta a las amenazas de muerte de pandillas y milicias contra m¨¢s de una veintena de jueces.

En El Salvador, Bukele introdujo la figura despu¨¦s de declarar el r¨¦gimen de excepci¨®n en 2022. Otras medidas del presidente salvadore?o incluyeron juicios masivos en los que se dictaban cientos de sentencias en menos de cinco minutos, detenciones sin orden judicial y arrestos por sospechas y denuncias an¨®nimas, lo que levant¨® preocupaciones de expertos de la ONU. ¡°El Gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad p¨²blica¡±, afirmaron tres relatores de Naciones Unidas.

¡°Te habla de los estilos y las pol¨ªticas autoritarias y de mano dura de los Gobiernos que los han adoptado¡±, afirma Flores. La idea se presenta como un sacrificio de garant¨ªas procesales en pos de salvaguardar a los jueces, pero si las instituciones son d¨¦biles y tienen problemas de corrupci¨®n o presiones de los grupos criminales, los nombramientos an¨®nimos pueden filtrarse y dar paso a vendettas, advierte el acad¨¦mico. ¡±Es una muy mala idea¡±, zanja. ¡°Mucha gente tiene esta sensaci¨®n de que se protege m¨¢s a los delincuentes que al resto de las personas, pero lo que hay que entender es que la idea es que cualquier persona se pueda proteger de un abuso de poder¡±.

Ortega coincide y ve contradicciones en la reforma judicial que se discute en el Congreso en M¨¦xico. Por un lado, se pretende proteger el anonimato de jueces en casos excepcionales. Por el otro, se da m¨¢xima publicidad y se pone en la boleta a juzgadores para que sean elegidos por voto directo. ¡°Los pones en un contexto de mucha vulnerabilidad y los expones a que respondan a intereses de ciertos n¨²cleos, sobre todo en zonas dominadas por el crimen organizado¡±, comenta. ¡°Habr¨ªa que concentrarse en que el Estado proteja a los jueces, pero no a trav¨¦s de este tipo de figuras¡±, agrega.

M¨¢s de un centenar de jueces y trabajadores del Poder Judicial solicitaron medidas de protecci¨®n el a?o pasado, lo que refleja que el ordenamiento actual tampoco los blinda de la violencia ni las presiones. ¡°Como en muchos casos de situaciones extremas, se trata de elegir no entre una decisi¨®n buena o una mejor, sino la opci¨®n menos mala¡±, se?alaba Monreal en 2022. ¡°La figura de jueces sin rostro recibir¨¢ el mayor de los impulsos por parte de la mayor¨ªa legislativa, y habremos de promover las mejores pr¨¢cticas y experiencias internacionales en la materia¡±, en un art¨ªculo publicado el viernes. En 2010, el expresidente Felipe Calder¨®n, adversario pol¨ªtico de L¨®pez Obrador, propuso su adopci¨®n, pero no prosper¨®.

¡°Trata?ndose de delincuencia organizada, el o?rgano de administracio?n judicial podra? disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley¡±, se lee en la minuta aprobada por la C¨¢mara de Diputados y que a¨²n debe avanzar en el Senado. Es la ¨²nica menci¨®n sobre los jueces sin rostro en la nueva legislaci¨®n. Los detalles de c¨®mo funcionar¨¢n esos tribunales en la pr¨¢ctica a¨²n no se han definido y ser¨¢n objeto del debate de las leyes secundarias, en caso de que la reforma sea aprobada.

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