Cr¨ªmenes sin castigo en Veracruz

Una gran alianza de medios internacionales asociados a la plataforma Forbidden Stories ha lanzado The Cartel Project, una iniciativa para documentar la historia oculta de las relaciones entre grupos criminales y la pol¨ªtica formal. Han empezado por recordar la historia de Regina Mart¨ªnez, la corresponsal en Veracruz de la emblem¨¢tica revista mexicana Proceso en los a?os terribles en que el grupo criminal m¨¢s violento de la historia reciente, los Zetas, se implant¨® en ese territorio con la complicidad del tristemente c¨¦lebre gobernador Fidel Herrera (2004-2010). Regina fue asesinada en Xalapa, capital del estado, en 2012, durante el Gobierno del sucesor designado de Herrera, el tambi¨¦n c¨¦lebre Javier Duarte. Ese asesinato fue parte de una ola de cr¨ªmenes contra periodistas que convirtieron a Veracruz en la zona m¨¢s peligrosa para la profesi¨®n period¨ªstica en la d¨¦cada pasada.

El crimen de Regina fue el de m¨¢s alto impacto de los 20 cometidos en el Gobierno de Javier Duarte contra periodistas (la mayor¨ªa de los cuales, a diferencia de Regina, eran muy precarios y poco conocidos). Ninguno de esos casos ha sido resuelto, como no lo han sido los de miles de asesinatos violentos cometidos antes y despu¨¦s de ese fat¨ªdico 2012, ni los de m¨¢s de 3.000 personas desaparecidas de manera forzada en el Estado. La impunidad m¨¢s completa reina en Veracruz, al igual que en el resto del pa¨ªs.

Cabe preguntarse si el gran cambio pol¨ªtico producido por la victoria de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en 2018 ha tra¨ªdo alg¨²n cambio a esta atribulada regi¨®n del mundo. El cuestionamiento es m¨¢s pertinente aun dado que desde la misma fecha gobierna Veracruz Cuitl¨¢huac Garc¨ªa, del mismo partido del presidente, Morena, que tambi¨¦n gobierna los principales municipios del Estado.

La esperanza era grande al principio, pues la primera decisi¨®n del gobernador fue hacer una ¡°Declaratoria de Emergencia Humanitaria¡± en Veracruz, prometiendo dedicar todos los recursos que hicieran falta a la b¨²squeda de personas desaparecidas, estudios forenses, b¨²squeda de fosas clandestinas, persecuci¨®n de grupos criminales, y reforma de la polic¨ªa y de la fiscal¨ªa estatales. Algo parecido, con menos solemnidad, hab¨ªa prometido L¨®pez Obrador a M¨¦xico.

Lamentablemente, lejos de que la llamada 4T cumpliera estas promesas, la dependencia pol¨ªtica, la precariedad institucional y la absoluta falta de profesionalismo en las instituciones de justicia contin¨²an tan vigentes como antes, y en algunos casos se han profundizado.

Un caso ejemplar es el Estado de Veracruz. La tard¨ªa primera alternancia en el Gobierno local, que tuvo lugar apenas en 2016, cuando asumi¨® el poder un gobernador proveniente del PAN, result¨® en una decepci¨®n para los veracruzanos, pues la nueva Administraci¨®n fue incapaz de sancionar al gobernador Javier Duarte y sus funcionarios, que cometieron el saqueo m¨¢s cuantioso a un Gobierno estatal del que se tenga memoria en M¨¦xico, y llevaron las violencias criminal y oficial a niveles de esc¨¢ndalo. El ef¨ªmero gobernador panista Miguel ?ngel Yunes (2016-2018) hizo nombrar como fiscal aut¨®nomo a su abogado personal (por un periodo de nueve a?os) e impuls¨® una reforma a la constituci¨®n local para implantar el retiro forzoso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia al cumplir 70 a?os, independientemente de que no hubieran terminado el periodo de 10 a?os para el cual hab¨ªan sido designados por el Congreso (a propuesta del gobernador en turno). As¨ª, el gobernador oblig¨® a retirarse a 13 magistrados (nombrados por los gobernadores priistas) que hab¨ªan cumplido 70 a?os, pero no le alcanz¨® el tiempo para sustituirlos.

En 2018, la elecci¨®n de gobernador fue ganada por pocos votos por Cuitl¨¢huac Garc¨ªa, de Morena, quien fue incapaz durante casi un a?o de proponer al Congreso local candidatos a magistrados del Tribunal Superior, el cual, en consecuencia, estuvo operando irregularmente por la falta del 40% de sus integrantes. Entretanto, despu¨¦s de meses de sordo enfrentamiento pol¨ªtico, la diputaci¨®n permanente del congreso destituy¨®, sin tener atribuciones para ello, al fiscal general ¡°aut¨®nomo¡± heredado por el gobernador anterior, y nombr¨® provisionalmente a una funcionaria incondicional del secretario de Gobierno. En octubre de 2019, el congreso nombr¨® al fin a los 13 magistrados faltantes, pero siguiendo las pr¨¢cticas priistas: sin consulta ni debate y a partir de criterios puramente pol¨ªticos. Al reparto entr¨® no solo Morena, tambi¨¦n el PRI y el PAN.

Los magistrados finalmente designados ten¨ªan escasos antecedentes de carrera judicial, incluida Sof¨ªa Mart¨ªnez Huerta, quien fue electa como presidenta del Tribunal Superior de Justicia a pesar de contar con solo un a?o de experiencia como juez. Inmediatamente incurri¨® en pr¨¢cticas de nepotismo e ignor¨® al Consejo de la Judicatura, al cual nunca convoc¨®. Hace tres meses, el Congreso nombr¨® a otros dos nuevos magistrados, pues se oblig¨® al retiro a quienes llegaron a la edad l¨ªmite. Esta decisi¨®n provoc¨® una rebeli¨®n de la mayor¨ªa de los magistrados del Tribunal, quienes decidieron destituir a su presidenta y nombrar a una nueva en forma por dem¨¢s ilegal, contando en esta maniobra con el aval del presidente de la Junta de Coordinaci¨®n Pol¨ªtica del congreso local.

Todo indica que estos nombramientos y destituciones son parte de una disputa por el control de los recursos del poder judicial entre las distintas facciones de Morena, que buscan posicionarse de cara a las elecciones del pr¨®ximo a?o y, posteriormente, en la lucha por la candidatura a gobernador en 2024. As¨ª, el actual Gobierno de Veracruz ha agravado la crisis de las instituciones de justicia, pues las ha tomado, al igual que a los ¨®rganos aut¨®nomos, como bot¨ªn a repartir entre sus distintas facciones, exactamente igual que lo hicieron antes el PRI y el PAN.

Por su parte, la polic¨ªa estatal del actual Gobierno acumula m¨²ltiples denuncias por violaci¨®n de derechos humanos, incluyendo desaparici¨®n de personas, sin que ning¨²n caso haya sido procesado por la fiscal¨ªa. La zonas norte y sur del Estado viven en constante alarma dada la imparable guerra entre los grupos criminales regionales y la incapacidad de la polic¨ªa y de la Guardia Nacional para controlarlos. Sigue habiendo desapariciones forzadas y asesinatos en gran escala. Est¨¢ en cuesti¨®n la contabilizaci¨®n de delitos que hace la fiscal, especialmente de feminicidios. Y entre 2017 y 2020 han sido asesinados otros 9 periodistas.

Tambi¨¦n han aflorado numerosos casos de corrupci¨®n y de nepotismo en el Gobierno estatal, frente a los cuales el Comit¨¦ de Participaci¨®n Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci¨®n ha guardado un silencio absoluto, al igual que el ?rgano de Fiscalizaci¨®n del Congreso y la Contralor¨ªa del Estado.

Veracruz sigue experimentando una crisis del Estado de derecho, una condici¨®n permanente en la larga historia del autoritarismo priista. Parece que todo ha cambiado para que todo siga igual.

Alberto J. Olvera y V¨ªctor Andrade Guevara son investigadores del Instituto de Investigaciones Hist¨®rico-Sociales de la Universidad Veracruzana.