La consulta popular fallida y sus efectos

La consulta popular de este domingo 1 de agosto ha resultado anticlim¨¢tica. Lejos de representar un avance democr¨¢tico, ha puesto de manifiesto todos los vicios de un r¨¦gimen h¨ªbrido como el nuestro, en el que se combinan rasgos democr¨¢ticos y herencias autoritarias, salpicadas por un peculiar populismo aut¨®ctono. La consulta fracas¨® desde varios ¨¢ngulos: el legal, al no convocar a los votantes necesarios para tornar su result...

La consulta popular de este domingo 1 de agosto ha resultado anticlim¨¢tica. Lejos de representar un avance democr¨¢tico, ha puesto de manifiesto todos los vicios de un r¨¦gimen h¨ªbrido como el nuestro, en el que se combinan rasgos democr¨¢ticos y herencias autoritarias, salpicadas por un peculiar populismo aut¨®ctono. La consulta fracas¨® desde varios ¨¢ngulos: el legal, al no convocar a los votantes necesarios para tornar su resultado en obligatorio (solo vot¨® el 7% del padr¨®n de electores); el pol¨ªtico, al no servir como mecanismo de legitimaci¨®n del actual Gobierno, que buscaba mantener viva la estrategia de culpabilizaci¨®n de los gobiernos anteriores por todos los desastres del presente; y el simb¨®lico, al no producirse la supuesta conexi¨®n entre el pueblo y el l¨ªder, quien tom¨® la iniciativa de impulsar la consulta.

La consulta fue un galimat¨ªas desde el origen, como la HA sido la historia de la institucionalizaci¨®n de las formas de democracia directa en M¨¦xico (ver mi estudio sobre esto). Para empezar, la inclusi¨®n en la Constituci¨®n y leyes federales de formas de democracia directa (por cierto muy tard¨ªa en relaci¨®n con las legislaciones estatales, que ya desde 1998 las hab¨ªan introducido) preserv¨® las absurdas limitaciones que ya hac¨ªan impr¨¢cticos estos instrumentos de participaci¨®n a nivel local: de entrada, alt¨ªsimas exigencias de firmas ciudadanas para activar consultas populares o proponer iniciativas populares de ley desde la ciudadan¨ªa (la Ley Federal de Consulta Popular de 2014 exige la firma de un 2% del padr¨®n de electores); a la salida, la imposici¨®n de porcentajes alt¨ªsimos de participaci¨®n ciudadana para hacer v¨¢lidos los resultados, que son imposibles de obtener fuera de procesos electorales normales (dicha ley exige que participe en la consulta el 37% del padr¨®n para hacer oblogatorios sus resultados).

Es por ello que las ¨²nicas consultas y/o refer¨¦ndums legalmente v¨¢lidas que se han realizado en M¨¦xico han sido impulsadas por gobernadores o en este caso el propio presidente, no por la ciudadan¨ªa. Unas cuantas iniciativas populares de ley han llegado a congresos estatales despu¨¦s de largas campa?as de actores de la sociedad civil, con resultados dispares.

El presidente L¨®pez Obrador impuls¨® originalmente la realizaci¨®n de la primera consulta popular a nivel federal, en este caso sobre el posible enjuiciamiento de presidentes pasados, como una forma de estar (indirectamente) en la boleta en las elecciones intermedias de 2021 y participar de lleno en la campa?a. Los partidos de oposici¨®n le impidieron esa jugada y le obligaron a cumplir con la ley, que indicaba de origen que estos ejercicios ser¨ªan el primer domingo de agosto para no coincidir con procesos electorales normales. Pero lo que no impidieron fue que lo consultado fuera un absurdo jur¨ªdico: la pregunta original era si los ciuidadanos aceptaban que se enjuiciara a los expresidentes, desde Carlos Salinas en adelante.

Se supone, porque as¨ª est¨¢ en las leyes, que los delitos cometidos por servidores p¨²blicos se persiguen de oficio. Es el deber de las autoridades constituidas investigar esas faltas y promover su sanci¨®n. M¨¢s aun cuando la llamada 4T alz¨® como una de sus principales banderas la lucha contra la corrupci¨®n. El triunfo de Morena en las urnas obligaba al nuevo Gobierno a perseguir legalmente a los gobernantes anteriores, pues para eso fue electo, para evitar la impunidad. Por tanto, esta materia no estaba ni est¨¢ a debate, m¨¢xime que la ley dispone todos los elementos para llevar a cabo esta labor.

La necedad del presidente de impulsar la ¡°consulta popular¡± fue validada por el Congreso, donde tiene mayor¨ªa, pero no pas¨® la aduana de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que no acept¨® la pregunta tal como fue propuesta por L¨®pez Obrador, quien quer¨ªa poner los nombres de los expresidentes en la boleta. La SCJN no tuvo el valor de declarar inconstitucional la aberrante iniciativa, que fue reformulada por la propia corte en unos t¨¦rminos abstractos e incomprensibles para todos, de tal forma que nadie entendi¨® que diablos se estaba consultando.

Yanina Welp y Fernando Tuesta publicaron en 2020 un libro llamado El Diablo esta en los detalles (PUCP, Lima), donde analizan los dise?os legales y las experiencias de aplicaci¨®n de mecanismos de democracia directa en Am¨¦rica Latina. En todos los casos, se corrobora la intervenci¨®n activa de los gobiernos para acotar, resignificar, diluir o limitar los alcances de los refer¨¦ndums, plebiscitos y consultas populares. El establecimiento de las reglas, la definici¨®n de las preguntas y la ejecuci¨®n misma de los mecanismos son casi siempre procesos contenciosos que rara vez dejan satisfechos a los actores y a la ciudadan¨ªa. Sin embargo, la conveniencia pol¨ªtica y la deseabilidad normativa de la democracia directa no est¨¢ en cuesti¨®n. La democracia electoral es claramente insuficiente para atender los reclamos de participaci¨®n de los ciudadanos en la vida p¨²blica, por lo que diversas formas de democracia participativa y directa deben complementar a la democracia electoral (ver aqu¨ª). Lo que no puede evitarse es que los actores pol¨ªticos traten de truquear, para defender sus propios intereses, el contenido y la pr¨¢ctica de esos formatos participativos.

M¨¦xico es, de los pa¨ªses grandes de Am¨¦rica Latina, el que menos experiencia tiene en el ejercicio de la democracia participativa. Ello se debe a lo reciente de nuestra transici¨®n a la democracia y a la ausencia de un proyecto participativo en los actores pol¨ªticos. Ning¨²n partido ha impusado realmente la participaci¨®n, y por el contrario, lo que hemos observado es la franca manipulaci¨®n y la obstaculizaci¨®n de toda iniciativa civil en este campo. Morena como partido y L¨®pez Obrador como presidente son la ant¨ªtesis de un proyecto participativo. El presidencialismo absoluto postulado y practicado por L¨®pez Obrador niega expresamente la necesidad de la participaci¨®n de la sociedad civil en los asuntos p¨²blicos, y entiende la consulta como un mero ejercicio simb¨®lico de ratificaci¨®n de las decisiones del soberano. El presidente ha llevado esta concepci¨®n a extremos rid¨ªculos, como ha sido el caso de la ¡°consulta¡± sobre la cancelaci¨®n del aeropuerto de Texcoco, y como ya lo hab¨ªa hecho como jefe de Gobierno de la Ciudad de M¨¦xico en los primeros a?os del siglo, cuando invent¨® las ¡°consultas telef¨®nicas¡±.

El intento de L¨®pez Obrador de usar la primera consulta popular con validez legal para mantener viva su narrativa ha implicado un uso ileg¨ªtimo de un noble instrumento de democracia directa. El mandatario quiso utilizar para fines pol¨ªticos personales un mecanismo destinado a tomar decisiones trascendentes para el futuro de un pa¨ªs, no para recordar el pasado. Peor a¨²n, la consulta se produce en un momento en el que el Gobierno se ha demostrado absolutamente incapaz de procesar a los pol¨ªticos corruptos del pasado, de investigar las decenas de miles de asesinatos y desapariciones dejadas por las guerras intestinas del crimen organizado y las del Estado contra esos actores, y de sancionar la alianza espuria entre cientos de pol¨ªticos y los actores criminales. La impunidad de pol¨ªticos, de fuerzas del orden y de criminales sigue como antes, y esta continuidad es tambi¨¦n responsabilidad de su gobierno, no solo una herencia del pasado.

El fracaso pol¨ªtico de la consulta tiene una dimensi¨®n adicional: Morena y el Gobierno hicieron un amplio esfuerzo de movilizaci¨®n para llevar a votar a sus clientelas, a funcionarios p¨²blicos locales de gobiernos estatales donde Morena gobierna y a las bases del partido. Aun as¨ª solo lograron algo m¨¢s de seis millones de votos. No es una cifra menor, dadas las condiciones de un ejercicio cuyo sentido escapaba a la comprensi¨®n de propios y extra?os. Pero la cifra demuestra que las capacidades movilizatorias de la estructura morenista no son tan potentes como se cre¨ªa. Adem¨¢s, una buena proporci¨®n de esa cifra la forman ciudadanos convencidos de que su voto ten¨ªa sentido.

Dado que L¨®pez Obrador no aceptar¨¢ su error de c¨¢lculo, ha decidido culpabilizar al INE y a los medios de la falta de participaci¨®n de los ciudadanos en la consulta. Otro error: el INE hizo su trabajo a pesar de no tener recursos extraordinarios para el ejercicio. Los medios s¨ª cubrieron el proceso, desde una perspectiva cr¨ªtica, sin duda. Insistir en la asignaci¨®n de culpas a terceros no funcionar¨¢ como antes. Una reforma electoral que implique cambiar a los consejeros del INE y la disminuci¨®n del presupuesto de la instituci¨®n y de los partidos no va a ser apoyada por los partidos pol¨ªticos, ni siquiera los aliados del presidente, quienes ser¨ªan los principales perjudicados de una reducci¨®n de parlamentarios plurinominales y de sus prerrogativas. El espacio pol¨ªtico de acci¨®n discrecional del presidente ha disminuido a ra¨ªz de los resultados de la elecci¨®n de medio t¨¦rmino y de esta consulta.

Para recuperar espacio sin confrontarse con sus aliados, ganando asimismo mayor legitimidad, L¨®pez Obrador deber¨ªa proceder a impulsar una verdadera Comisi¨®n de la Verdad, es decir, no una comisi¨®n de denuncia pol¨ªtica, sino una que investigue los cientos de miles de cr¨ªmenes y la corrupci¨®n sist¨¦mica hasta hoy impunes. Y una tal comisi¨®n no podr¨ªa formarse con personeros del r¨¦gimen, sino con actores de la sociedad civil dotados de autonom¨ªa pol¨ªtica y apoyo t¨¦cnico y legal. Hacer juicios sumarios a trav¨¦s de comisarios pol¨ªticos, como se hace hoy con la prensa, no ayudar¨¢ en nada a la causa de la 4T.

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