La militarizaci¨®n que viene: ?impuesta o tutelada?

Por doloroso que resulte, tendr¨ªamos que comenzar a asumir que M¨¦xico se encuentra en una ruta que solo puede terminar en un escenario: el uso del Ej¨¦rcito para enfrentar al crimen organizado. Las implicaciones pol¨ªticas son graves, pero si no comenzamos a discutirlo pueden ser catastr¨®ficas.

La tendencia expansiva de la delincuencia muestra que hace tiempo se cruz¨® el l¨ªmite en el que el sistema de justicia o las polic¨ªas civiles pod¨ªan enfrentarlos, mucho menos reducirlos. De entra...

Por doloroso que resulte, tendr¨ªamos que comenzar a asumir que M¨¦xico se encuentra en una ruta que solo puede terminar en un escenario: el uso del Ej¨¦rcito para enfrentar al crimen organizado. Las implicaciones pol¨ªticas son graves, pero si no comenzamos a discutirlo pueden ser catastr¨®ficas.

La tendencia expansiva de la delincuencia muestra que hace tiempo se cruz¨® el l¨ªmite en el que el sistema de justicia o las polic¨ªas civiles pod¨ªan enfrentarlos, mucho menos reducirlos. De entrada, porque los ej¨¦rcitos paramilitares del CJNG y similares, que ya son clandestinos, superan a los cuerpos de seguridad nacional, sean municipales, estatales o federales. Y, por otro lado, porque la fuerza econ¨®mica de las bandas para sobornar, meter en sus n¨®minas informales y/o intimidar a las autoridades locales, torpedea toda posibilidad de que la administraci¨®n p¨²blica se convierta en un freno a la expansi¨®n criminal.

Ante esta incapacidad, la presencia del crimen organizado es ya insoportable en una buena parte del territorio y en muchas actividades. Desde los comicios electorales y la imposici¨®n de autoridades locales, hasta el robo de plataformas petroleras, pasando por el huachicol de gas, la extorsi¨®n de los negocios, el control de cosechas, el robo a transportistas, la expulsi¨®n de habitantes, la gesti¨®n de tianguis y vendedores ambulantes, la pirater¨ªa y la prostituci¨®n, el contrabando de gasolina, la tala clandestina, la introducci¨®n de armas, la censura a medios de comunicaci¨®n local y un largo etc¨¦tera. Hace algunos a?os se dec¨ªa que la legalizaci¨®n de algunas drogas eliminar¨ªa la fuente de negocios del narco y ser¨ªa el paso decisivo para reducirlos. Hace rato que dejamos atr¨¢s ese punto. Su ¡°modelo de negocio¡± reside en el control territorial de espacios cada vez m¨¢s amplios y, una vez que ejercen este poder, se dedican a expoliar todas las actividades en las que es posible lucrar. Su territorio no se limita a las zonas rurales en las que ya son ¡°ley¡±, extiende sus dedos hasta abarcar carreteras atractivas, barrios bravos de las ciudades, playas, pasos fronterizos, puertos y aduanas. Y no se trata ya de robo hormiga o introducci¨®n escondida de armas en la cajuela, sino de contenedores a escala industrial.

Tiene raz¨®n el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador cuando afirma que el origen de la delincuencia se encuentra en la falta de oportunidades y en la impunidad en la que operan los criminales, producto en gran medida de la podredumbre del poder judicial. Por consiguiente, atender la ra¨ªz del problema pasa por generar empleos y prosperidad para ofrecer alternativas a la poblaci¨®n, por un lado, y por el saneamiento de la estructura en la que operan jueces, tribunales y polic¨ªas. Para nuestra desgracia, el fortalecimiento del crimen organizado camin¨® mucho m¨¢s aprisa que los avances del gobierno de la 4T en sus objetivos de largo plazo.

Este martes los transportistas cerraron las carreteras de varias entidades en protesta porque ya no pueden circular sin ser asaltados. Y desde luego no se refieren a caminos secundarios sino a las v¨ªas que enlazan al centro del pa¨ªs con la frontera ?Cu¨¢nto tiempo pasar¨¢ antes de que en ciudades como Cuernavaca, Uruapan o Matamoros pasen tres tipos a exigir una cuota mensual en cada casa de determinados barrios en nombre del jefe local? Y, peor a¨²n, ?cu¨¢nto tiempo llevar¨¢ que una porci¨®n cada vez m¨¢s amplia de la poblaci¨®n prefiera la instalaci¨®n de un poder autoritario a cambio de seguridad para sus familias y su fuente de trabajo? ?Qu¨¦ tipo de gobierno pedir¨ªan hoy los aguacateros obligados a trabajar para el narco o los pobladores expulsados de pueblos en Zacatecas y Michoac¨¢n?

Todo lo anterior no constituye un exhorto para el advenimiento de un gobierno autoritario, sino todo lo contrario. Un llamado para hacer algo mientras todav¨ªa podamos conducir por v¨ªas relativamente institucionales y democr¨¢ticas la confrontaci¨®n militarizada que supone detener al crimen organizado. Si no hacemos algo para tutelar este proceso, la soluci¨®n militar nos va a ¡°suceder¡±. Primero, porque la expansi¨®n de los c¨¢rteles seguir¨¢ deteriorando la vida nacional; y segundo, porque llegar¨¢ un momento en que la poblaci¨®n est¨¦ dispuesta a aceptar cualquier alternativa que le garantice cierta seguridad. Y llegados a tal punto s¨®lo quedar¨¢ la salida mala y la peor: la elecci¨®n de un candidato fascista con alg¨²n carisma que prometa el consabido ¡°orden y paz¡± a cambio de manos libres, o de plano, la intervenci¨®n directa o disfrazada del propio Ej¨¦rcito.

Dos datos: uno, en algunos c¨ªrculos pol¨ªticos se asume que los generales ya est¨¢n en condiciones de ejercer vetos en temas que les ata?e. Por ejemplo, su oposici¨®n a que el general Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, fuera investigado en M¨¦xico luego de ser ¡°rescatado¡± tras la detenci¨®n de la DEA, algo que inicialmente el propio AMLO hab¨ªa sugerido. ?Qu¨¦ va a hacer un presidente cuando los generales rechacen o exijan algo que les interese? Dos, de hecho, la militarizaci¨®n ya est¨¢ en marcha, aunque por una v¨ªa inesperada, en la medida en que el gobierno de la 4t ha entregado porciones importantes de la administraci¨®n p¨²blica a los soldados bajo la argumentaci¨®n, expresada por el presidente, de que ellos eran m¨¢s honestos y eficientes que los civiles. En la medida en que esta noci¨®n comience a ser internalizada en c¨ªrculos castrenses, habr¨¢ una justificaci¨®n, incluso patri¨®tica, para exigir un mayor involucramiento en otras ¨¢reas. Tal protagonismo y un probable clamor popular para detener al crimen pueden desembocar en soluciones preocupantes. Y no se trata de que los militares sean ¡°los malos¡± necesariamente; su apoyo al servicio p¨²blico y el cari?o popular del que gozan est¨¢ a la vista. Pero el involucramiento del ej¨¦rcito en el poder pol¨ªtico, sin mediaci¨®n o contrapesos de la sociedad, suele traducirse en situaciones indeseables para un pa¨ªs y sus ciudadanos.

Quiz¨¢ estoy equivocado y todav¨ªa cabe alguna soluci¨®n ¡°civil¡± para detener al crimen organizado. Si tal es el caso, habr¨ªa que intentarlo y agotar todas las posibilidades en este sentido. Pero habr¨ªa que hacerlo sin falsas ilusiones de que nuestros tribunales pueden ser suizos y nuestras polic¨ªas alemanas por arte de magia. El rasgado de vestiduras en ese sentido terminar¨ªa siendo c¨®mplice; de continuar la inacci¨®n terminaremos en escenarios l¨ªmite. Porque si esto falla, o incluso si ya ni siquiera es viable, m¨¢s convendr¨ªa usar la carta militar mientras pueda ser ejercida dentro de los par¨¢metros institucionales que hoy tenemos. Si hay que ampliar cuarteles, presupuestos y armamentos y emprender la confrontaci¨®n mejor hacerlo pronto, mientras exista un sistema pol¨ªtico capaz de tutelar este esfuerzo y no cuando nuestro brazo armado imponga las condiciones porque as¨ª lo exige una crisis insostenible. Mientras nos entretenemos con los dimes y diretes de la revocaci¨®n de mandato o las especulaciones de la sucesi¨®n, la fuerza real se est¨¢ desplazando en favor de aquellos que est¨¢n en condiciones de ejercer la violencia: los poderes salvajes, es decir los c¨¢rteles, y los poderes legales pero cada vez m¨¢s aut¨®nomos, los generales.

@jorgezepedap

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