¡®Exit¡¯ Karlsruhe

De improviso, el 5 de mayo de este 2020 se ha convertido en el segundo d¨ªa negro del a?o para el gran proyecto de integraci¨®n pol¨ªtica que es la Uni¨®n Europea. Si el pasado 31 de enero la Uni¨®n quedaba dolorosamente amputada de uno de sus m¨¢s emblem¨¢ticos Estados miembros, apenas tres meses m¨¢s tarde, en una situaci¨®n de intenso abatimiento para Europa, esta misma Uni¨®n contemplaba at¨®nita c¨®mo uno de los m¨¢ximos logros judiciales de la Europa de la posguerra, el tribunal nacional cuya obra m¨¢s admiraci¨®n hab¨ªa suscitado a lo largo y ancho del continente, sal¨ªa de escena dando un violento portazo. Tal es la apreciaci¨®n que, en sus consecuencias, merece la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal alem¨¢n, simplificadamente el tribunal de Karlsruhe, por la que se declara violado el derecho de sufragio electoral de varios demandantes de amparo como consecuencia de la pasividad del Gobierno y del Parlamento Federales, sumada a la actuaci¨®n del Bundesbank, ante un presunto exceso competencial grave por parte del Banco Central Europeo (ultra vires), a su vez dejado arbitrariamente sin corregir por el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, simplificadamente el tribunal de Luxemburgo, de nuevo ¨¦l tambi¨¦n incurso en ultra vires.

Cabe apostar que el Tribunal Constitucional Federal no compartir¨ªa esta lectura reconocidamente radical de la sentencia en cuesti¨®n, que, lejos de ello, en modo alguno habr¨ªa querido efectuar una salida salvaje de la compleja arquitectura judicial de la Uni¨®n ni, m¨¢s all¨¢ de ello, del llamado ¡°sistema europeo de jurisdicciones constitucionales¡±, en formulaci¨®n, por una amarga iron¨ªa, del presidente de dicho tribunal, el muy reconocido catedr¨¢tico de Derecho P¨²blico Andreas Vosskuhle. Por el contrario, Karlsruhe se habr¨ªa limitado a implementar aqu¨ª el procedimiento a?os atr¨¢s dise?ado por ¨¦l mismo con el nombre de control ultra vires (haciendo pareja con un igualmente llamado control de identidad constitucional) para el supuesto de un exceso competencial de la Uni¨®n particularmente grave no remediado por el tribunal de Luxemburgo.

A pesar de las escasas fechas transcurridas desde la publicaci¨®n de la sentencia, es ya mucho lo que se ha dicho sobre el muy peculiar modo como el tribunal alcanza sus conclusiones, tanto sobre el fondo, la actuaci¨®n del Banco Central Europeo en sus programas de compra de deuda p¨²blica de los Estados miembros, como sobre su llamativa valoraci¨®n del m¨¦todo seguido por el tribunal de Luxemburgo en la fundamentaci¨®n de su precedente sentencia. Me limito por ello en esta ocasi¨®n a un par de consideraciones de orden institucional sobre las consecuencias de la sentencia de Karlsruhe, en concreto sobre la viabilidad futura tanto del ¡°sistema de jurisdicciones constitucionales europeas¡± como del repetidamente mencionado control ultra vires (en estrecha uni¨®n con el llamado control de identidad nacional) en el que el tribunal basa la legitimidad de su actuaci¨®n.

La noci¨®n, y al mismo tiempo la imagen, de un ¡°sistema de jurisdicciones constitucionales europeo¡± responde a la convicci¨®n de hallarnos en presencia de un espacio judicial europeo particularmente complejo en el que tres ¨®rdenes jurisdiccionales deben encontrar y ver reconocido su respectivo sitio y su respectivo espacio: el Tribunal de la Uni¨®n, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el conjunto de los tribunales superiores nacionales, sean ¨¦stos formalmente constitucionales o no. Cada una de estas categor¨ªas responde a una vocaci¨®n o, si se quiere, finalidad propia, la cual debe encontrar el respeto de las restantes. Es en este contexto en el que se ha desarrollado el tan tra¨ªdo y llevado di¨¢logo entre tribunales con el que se califica un estado de cosas en el que no se escatiman esfuerzos para escuchar al otro. Precisamente, cinco a?os atr¨¢s, en la precedente y bien conocida sentencia Gauweiler relativa a la misma problem¨¢tica de fondo, el tribunal de la Uni¨®n puso de manifiesto su voluntad de dialogar hasta el final, aceptando el envite del tribunal de Karlsruhe y ello pasando por encima de la oposici¨®n de varios Estados miembros que pidieron la inadmisi¨®n de aquella cuesti¨®n prejudicial argumentando que se estaba haciendo en el caso un uso desviado de este procedimiento. En contraste con aquella actitud, el tribunal nacional ha optado ahora por dar por finalizada cualquier posibilidad de di¨¢logo. Ahora bien, por ser quien es, por haber sido durante d¨¦cadas un referente para el modelo constitucional europeo, el da?o infligido a esta compleja arquitectura judicial por esta desafortunada sentencia es inmenso y, en l¨ªnea de principio, a su autor le tocar¨ªa remediarlo. Por desgracia, eso ya dif¨ªcilmente est¨¢ en su mano, de tal modo que corresponder¨ªa a los restantes componentes del sistema mantener operativa esta estrategia, en particular teniendo en cuenta que, en las presentes circunstancias, no hay alternativa a la misma. Pero a la vez, y por desgracia a?adida, el presente episodio est¨¢ poniendo de manifiesto que las estrategias de di¨¢logo tienen un recorrido limitado.

El tribunal de Karlsruhe considera que ha actuado con arreglo a derecho, a su propio derecho en todo caso, procediendo en los t¨¦rminos de un apropiado mecanismo de control de legalidad, el repetido control ultra vires (y/o de identidad constitucional), dise?ado jurisprudencialmente por ¨¦l mismo 10 a?os antes. La cuesti¨®n, sin embargo, de si un control de esta naturaleza y alcance es compatible con el Derecho de la Uni¨®n no parece haberle preocupado sobremanera. Y es que, dicho de forma extraordinariamente sencilla, una cosa es que no sean pocas las supremas instancias judiciales nacionales que han contemplado, en t¨¦rminos que tienen mucho de hipot¨¦ticos, la eventualidad extrema de que en Luxemburgo se interprete el Derecho de la Uni¨®n con un alcance que pueda resultar pura y simplemente insoportable para lo que podr¨ªamos llamar la conciencia de la propia comunidad pol¨ªtica, incluido en t¨¦rminos de soberan¨ªa (lo que, por ejemplo en Francia, se ha descrito expresiva y lapidariamente como l¡¯essentiel de la R¨¦publique). Y otra cosa muy distinta es que la instancia judicial superior de un Estado miembro, en una reconocible obsesi¨®n por el orden, regularice, con su nombre y apellidos, el modus operandi a trav¨¦s del que pasar por encima del principio de primac¨ªa del Derecho de la Uni¨®n, ciertamente no todos los d¨ªas, pero s¨ª cada vez que la situaci¨®n as¨ª pueda requerirlo. Es esta, en definitiva, normalizaci¨®n de una hip¨®tesis que s¨®lo es concebible como extrema la que hace sencillamente insoportable el invento.

Algo positivo, dentro de todo lo negativo, habr¨¢ de tener esta sentencia y es que hace ya inevitable y urgente enfrentarse a una situaci¨®n en la que, con mayor o menor grado de urgencia, cada Estado miembro parece mostrarse dispuesto a definir soberanamente la frontera de su propio espacio de intangibilidad constitucional. En particular, si se dejaron pasar los dos aislados precedentes de pronunciamientos ultra vires provenientes de otras jurisdicciones en asuntos de trascendencia limitada, parece llegada ya la hora de ocuparse seriamente de una peligrosa deriva en una cuesti¨®n que es simplemente vital para la UE. Sobre esta base ser¨¢ tambi¨¦n llegado el momento de que cada orden jurisdiccional ponga su parte en la igualmente necesaria reflexi¨®n sobre la gesti¨®n de las respectivas responsabilidades jurisdiccionales.

Pedro Cruz Villal¨®n es presidente em¨¦rito del Tribunal Constitucional y antiguo abogado general del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea.