La democracia colombiana en medio de la pandemia

Un grupo de expertos encabezados por Iv¨¢n Vel¨¢squez, quien fuera director de la CICIG en Guatemala, han enviado una carta al Gobierno Nacional, al Congreso de la Rep¨²blica y al poder judicial. En dicho documento se realiza un balance sobre la salud de la democracia colombiana en medio de la pandemia. Dentro de los varios temas que se tocan hay tres que son particularmente llamativos.

El primero es lo que denominan el d¨¦bil equilibrio de poderes en medio de la crisis. Un Ejecutivo todopoderoso, con apariciones televisivas todos los d¨ªas del presidente; un funcionamiento no pleno del Congreso por medios virtuales; y el parcial funcionamiento de la rama de judicial, ha llevado a que el ya fr¨¢gil equilibrio de poderes se vea amenazado. De hecho, el funcionamiento virtual del Congreso ha favorecido al Ejecutivo, quien literalmente no tiene control pol¨ªtico y ante las cr¨ªticas de cualquier congresista, salen los miembros del partido de gobierno, el Centro Democr¨¢tico, con ideas amenazantes de reducir el Congreso o intervenirlo. Lo cierto es que el poder e influencia del Ejecutivo, que siempre hab¨ªan sido muy grandes, ahora se han visto fortalecidos.

Lo segundo que deja ver el documento es la violaci¨®n del principio de publicidad. La crisis se est¨¢ manejando con una declaraci¨®n de emergencia, eso, entre muchas otras cosas, permite agilizar los procedimientos de contrataci¨®n. Sin embargo, mucha de la contrataci¨®n que ha realizado el Gobierno Nacional por medio de los ministerios o dependencias no est¨¢ p¨²blica en las plataformas SECOP I y SECOP II, lo cual imposibilita la veedur¨ªa ciudadana y el control pol¨ªtico. Todos los d¨ªas se hacen anuncios de entrega de subsidios, compra de equipos y nadie sabe con exactitud como se hicieron esos procesos y si llegaron a los destinatarios.

Un tercer hecho es que la veedur¨ªa ciudadana fue limitada por decreto. Los ciudadanos tienen derecho a radicar peticiones a las autoridades y estas a su vez ten¨ªan un plazo de m¨¢ximo 15 d¨ªas para responder. Esas peticiones pod¨ªan ser de informaci¨®n, como por ejemplo contratos, montos, con qui¨¦n se contrat¨®, entre otras. Mediante el decreto 491 se ampli¨® ese plazo a 35 d¨ªas. El l¨ªo es que el acceso a la informaci¨®n p¨²blica es un derecho humano que cobra mayor importancia en momentos que el Ejecutivo adquiere atribuciones extraordinarias.

As¨ª las cosas, no hay control pol¨ªtico, no se publican documentos b¨¢sicos y se ampli¨® el tiempo para la entrega de informaci¨®n. Hay una oscuridad total en materia de transparencia de funcionamiento de los m¨ªnimos criterios democr¨¢ticos. Lo complicado del asunto es que, en general, todos los poderes ejecutivos, no solo la presidencia, sino tambi¨¦n alcaldes y gobernadores, tienen esta omnipresencia y son muy pocos los que han publicado la contrataci¨®n de sus entes territoriales.

Obviamente, la oposici¨®n ha quedado relegada y la asimetr¨ªa es impresionante. Incluso, seg¨²n las ¨²ltimas encuestas, la gran mayor¨ªa de alcaldes, gobernadores y el presidente han crecido en las encuestas, saltando m¨¢s de una decena de puntos. El propio presidente Duque, que hace tres meses ten¨ªa una popularidad del 23% ahora esta por encima del 50%.

Con dicha popularidad los mandatarios se vuelven algo as¨ª como intocables. Ante cualquier solicitud de informaci¨®n, cuestionamiento o simple petici¨®n de claridad, salen sus partidarios a manifestar y cuestionar las peticiones de informaci¨®n o cr¨ªticas. Dicen que esas acciones no dejan trabajar, que debemos ¡°unirnos¡± y seguir al presidente sin cuestionar nada, pues estamos en ¨¦pocas de crisis. En fin, argumentos moralistas que impiden el ejercicio democr¨¢tico.

Esto no solo pasa en Colombia, de hecho, este tipo de an¨¢lisis ha salido por todo el mundo. Lo complicado es que en sociedades donde el poder del Ejecutivo y el presidencialismo es tan fuerte como en Am¨¦rica Latina, los riesgos para el ejercicio democr¨¢tico aumentan.