Viejos h¨¢bitos

Los servicios de espionaje y contraespionaje militar de Colombia no nacieron para defender los derechos humanos y combatir las amenazas contra la convivencia democr¨¢tica, la seguridad y la defensa nacional. Fueron creados para perseguir comunistas cuando la violencia del bipartidismo conservador y liberal se transform¨® en violencia subversiva y la revoluci¨®n de Fidel Castro intervino en la confrontaci¨®n ideol¨®gica entre EE UU y la Uni¨®n Sovi¨¦tica. Los mandos de la trama que ha espiado ilegalmente a pol¨ªticos, periodistas, sindicalistas y ONG son legatarios de la cultura del atropello establecida en 1964 por el Batall¨®n de Inteligencia y Contrainteligencia en su lucha sin cuartel contra las FARC y el ELN.

La ilegal intromisi¨®n en la vida de las personas destapada por la revista Semana ha sido recurrente desde los a?os en que los jefes guerrilleros arengaban a los campesinos, prometi¨¦ndoles la toma revolucionaria de la tierra y el ajusticiamiento de los malparidos que se hac¨ªan millonarios con el hambre y dolor del pueblo. El Ej¨¦rcito reaccion¨® movilizando tropas, escuchas e hip¨¦rboles contra el bandolerismo bolchevique que enfrenta a los partidos tradicionales y siembra el caos y la anarqu¨ªa en la patria enga?ando al trabajador.

La depuraci¨®n de las agencias encargadas de preservar el r¨¦gimen democr¨¢tico exige el desarrollo de la Ley Estatutaria 1618, con el deslinde del espionaje militar, policial y financiero, y la previa autorizaci¨®n de los jueces para abordar operaciones susceptibles de comprometer libertades fundamentales. El desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad las arras¨® durante su mancomunidad con los matarifes paramilitares que aceleraron la escabechina f¨ªsica y moral de Colombia.

Puesta la ley de 2013, puesta la trampa de su inobservancia por los nost¨¢lgicos del secreto como coartada. La Fiscal¨ªa deber¨¢ identificar a los responsables pol¨ªticos y operativos de los seguimientos prohibidos y averiguar si hubo enriquecimiento personal con los fondos de alba?al y la compraventa de informaci¨®n econ¨®mica. El fraudulento uso de los recursos t¨¦cnicos y financieros aportados por EE UU contra el narcotr¨¢fico implica a oficiales cuya conducta no corresponde valorar a la justicia castrense, sino a la ordinaria puesto que la persecuci¨®n a civiles era ajena a las funciones del empleo militar.

La ley que establece el marco jur¨ªdico de las actividades de inteligencia hubiera debido ser suficiente porque incorpor¨® la rendici¨®n de cuentas, ignorada durante el m¨¢s de medio siglo de violencias y crueldades. El art¨ªculo cuarto del precepto dice que, en ning¨²n caso, la informaci¨®n deber¨¢ ser obtenida o procesada por raz¨®n de g¨¦nero, religi¨®n u opini¨®n pol¨ªtica o filos¨®fica; ni tampoco para beneficiar o perjudicar a partidos y organizaciones ciudadanas. As¨ª debiera ocurrir, pero Am¨¦rica Latina ha demostrado su propensi¨®n a la verbosidad, a la aprobaci¨®n de reglamentos que incumple. Las reiteradas omisiones obstaculizan el progreso de los derechos, y la recuperaci¨®n de un pa¨ªs convaleciente de heridas de guerra que solo el tiempo, la pol¨ªtica y la vigilancia del Estado podr¨¢n cauterizar.