Raz¨®n democr¨¢tica

La Fiscal¨ªa General del Estado ha encargado a la del Tribunal Supremo que prosiga la investigaci¨®n iniciada por Anticorrupci¨®n a ra¨ªz de las informaciones que vinculaban al rey em¨¦rito con el cobro de comisiones por la construcci¨®n del tren de alta velocidad entre las ciudades saud¨ªes de Medina y La Meca. La intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa del Supremo se debe a la condici¨®n de aforado que conserva don Juan Carlos despu¨¦s de su abdicaci¨®n en junio de 2014, y significa que los indicios acumulados hasta ahora por Anticorrupci¨®n son suficientes, al menos, para proseguir las indagaciones. El caso puede ascender otro escal¨®n en el itinerario judicial si, como consecuencia de lo que llegue a saber la Fiscal¨ªa, el Tribunal Supremo considerase abrir diligencias contra el anterior jefe de Estado, una vez fijados los l¨ªmites de la inviolabilidad que le correspondi¨® mientras estuvo en el ejercicio de su cargo.

La decisi¨®n de seguir investigando la actuaci¨®n de don Juan Carlos viene a constatar que en el sistema constitucional espa?ol nadie est¨¢ exento de responsabilidades, incluido quien fue uno de sus principales art¨ªfices. Y es precisamente esta evidencia la que pone de manifiesto que no se puede confundir el valioso legado pol¨ªtico de don Juan Carlos con su reprobable actuaci¨®n personal. Si hoy se investiga a don Juan Carlos, y si, reuni¨¦ndose las circunstancias, debiera eventualmente responder ante unos magistrados que en tantas ocasiones ejercieron la justicia en su nombre, es porque una vez puesto en pie el vigente sistema constitucional dej¨® de estar sometido a cualquier voluntad que no sea estrictamente la de los ciudadanos, expresada a trav¨¦s del voto y concretada en las normas que aprueba el Parlamento y aplican los jueces.

El Estado de derecho establece las mismas obligaciones para todos, incluido el rey em¨¦rito. Pero tambi¨¦n reconoce id¨¦nticos derechos, de los que nadie, ni siquiera el rey em¨¦rito, puede ser despojado. As¨ª, mientras el camino judicial al que podr¨ªan dar lugar las investigaciones de la Fiscal¨ªa no llegue a t¨¦rmino, ya sea en el sentido del archivo de la causa, en el de la absoluci¨®n o el de la condena, ni don Juan Carlos puede ser privado de la presunci¨®n de inocencia ni el Tribunal Supremo presionado directa ni indirectamente a trav¨¦s de espect¨¢culos y juicios paralelos. La prueba a la que se enfrenta el Estado de derecho es colectiva, en la medida en que obliga a preservar las instituciones de todos por encima de las personas que las han encarnado, y que presuntamente habr¨ªan buscado il¨ªcitos beneficios privados.

No es, sin duda, beneficioso para el sistema constitucional de 1978 el hecho de que quien encarn¨® su m¨¢xima magistratura durante cuatro d¨¦cadas decisivas para el progreso y las libertades est¨¦ siendo investigado por corrupci¨®n. Pero eso no significa que de manera inexorable tenga que salir debilitado en lugar de fortalecido. Por lo pronto, si una figura de tanta relevancia como el rey em¨¦rito est¨¢ siendo investigada, al punto de que podr¨ªa acabar ante los tribunales como cualquier otro ciudadano, no es porque haya triunfado un expolic¨ªa que, vali¨¦ndose de sus debilidades y actuando desde las cloacas, pretendi¨® in¨²tilmente chantajear al Estado. Antes por el contrario, la ¨²nica raz¨®n es democr¨¢tica, y se resume en que las instituciones y las leyes han funcionado.