Linchamiento

Desde el 25 de marzo, cuando la juez Carmen Rodr¨ªguez-Medel abri¨® diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Jos¨¦ Manuel Franco, por presunta prevaricaci¨®n al permitir manifestaciones durante la epidemia, pese a su riesgo, este caballero ¡ªy sus jefes¡ª ha sido objeto, no de cr¨ªtica pol¨ªtica ¡ªincluso compartible¡ª, sino de linchamiento personal. Por la oposici¨®n que le calific¨® de ¡°criminal¡±, por la caverna y por los funcionarios que debieron coadyuvar a la justicia. La juez exoner¨® el viernes a Franco del delito que se le imputaba. No pudo demostrar que tuviera un ¡°conocimiento cierto, objetivo y t¨¦cnico del riesgo¡±; ¡°no recibi¨® comunicaci¨®n o instrucci¨®n sanitaria¡± al respecto; nadie, ni p¨²blico ni privado, ¡°le inst¨® para que prohibiera las movilizaciones¡± y no se acredit¨® que ¡°coaccionara a los manifestantes¡± en ning¨²n sentido. Pues vaya, tres meses linchado y se le certifica tal limpieza de cutis.

La distancia entre la crucifixi¨®n de este Franco y su desimputaci¨®n es sideral. ?Qu¨¦ jalones la jalean? ?Qu¨¦ calidad tuvo la decisi¨®n judicial de imputarle? ?C¨®mo se permiti¨® que los informes de los guardias civiles que actuaron como polic¨ªa judicial censuraran textos de decisiones oficiales? ?Qu¨¦ calidad mostr¨® el dictamen del psicoterapeuta que apuntillaba al delegado? ?Por qu¨¦ los voceros de su linchamiento no han pedido excusas, no por su cr¨ªtica (leg¨ªtima), sino por su ensa?amiento?

Todas esas preguntas no obedecen a la mera curiosidad. Sino a la necesidad de verificar que la juez, los guardias civiles y el perito no incurrieron en lo que presum¨ªan de Franco. Que no cayeron en prevaricaci¨®n, el delito (C¨®digo Penal, 404) de la autoridad o del funcionario p¨²blico que dicta resoluci¨®n a sabiendas de que es injusta; o en falsedad en documento p¨²blico (C¨®digo Penal, 390), el delito del funcionario p¨²blico que altera un texto oficial, lo simula en parte para inducir a error, o falta a la verdad en la narraci¨®n de los hechos.

La magistrada Medel abri¨® diligencias sin trasladar a los jueces de otras ciudades la denuncia del abogado que denunciaba a Franco. El perito psicoterapeuta, ignorante en materia epid¨¦mica, prejuzg¨® la imprudencia de Franco. Los informes de la Guardia Civil alteraron los hechos, censuraron la parte esencial de las instrucciones de los organismos internacionales (y nacionales) sobre el riesgo de las concentraciones, para acusar al delegado de actuar ilegalmente. Y los voceros, ay los voceros, esos siempre se salen por la tangente.