Nuestra monarqu¨ªa parlamentaria

Fue Manuel Garc¨ªa Pelayo quien subray¨® la exhaustividad de la Constituci¨®n, como regulaci¨®n obligada pero b¨¢sica de la vida pol¨ªtica de la comunidad. Nada fundamental pod¨ªa quedar fuera de ella, aunque necesariamente el constituyente se limitaba a lo esencial, sin descender a detalles. El desarrollo o la concreci¨®n, con absoluta fidelidad a la Norma Suprema, corresponder¨ªa a la legislaci¨®n o al Tribunal Constitucional. Cuando hablamos del Rey de lo que ha de tratarse es, entonces, de averiguar su imagen constitucional. Quiz¨¢s no es tarea f¨¢cil, pues el constituyente, como suele, ha podido utilizar en su labor t¨¦rminos abiertos, particularmente ¡°artificiales¡±, cuya comprensi¨®n requiere esfuerzo y estudio, y para lo que no siempre resultan de demasiada utilidad f¨®rmulas y categor¨ªas requeridas en otros ¨¢mbitos y disciplinas del derecho o la cr¨ªtica.

La monarqu¨ªa que contempla la Constituci¨®n es la parlamentaria, justamente la propia de una democracia que adopta un determinado modo de relaci¨®n entre los poderes del Estado. ¡°La forma pol¨ªtica del Estado espa?ol es la Monarqu¨ªa parlamentaria¡± (art¨ªculo 1-3? CE). Hay, entonces, una remisi¨®n general a lo que esta figura es en la teor¨ªa constitucional, en la que aparece en un determinado momento frente a otras formas hist¨®ricas, pero que no empece a ciertas decisiones al respecto hechas en la propia Constituci¨®n, claras e inevitables. De lo que no cabe duda es de que el Rey es un ¨®rgano constitucional, cuyas atribuciones fija la Norma Fundamental, dotando de base y legitimidad democr¨¢tica a su figura. Ni tiene otros poderes que los fijados en la Norma Suprema, ni deja de estar a disposici¨®n de quien ostenta el poder constituido, que puede proceder al cambio de la forma de estado, seg¨²n la previsi¨®n expresa de la propia Constituci¨®n para su reforma. Esta dependencia constitucional del Rey tiene dos importantes manifestaciones como es obvio. En primer lugar, el apoyo constitucional al Rey no le puede ser cuestionado mientras no se proceda a la reforma constitucional: un orden institucional no cambiado, pudiendo serlo, es un orden confirmado, que debe seguir siendo considerado leg¨ªtimo con toda propiedad. De otra parte, el cambio de la forma de estado ¨²nicamente se puede producir en el sistema constitucional, acudiendo a la previsi¨®n constitucional: solo el procedimiento de la reforma disfruta de las garant¨ªas necesarias para asegurar la reflexividad y limpieza del cambio trascendental propuesto.

La libre decisi¨®n del constituyente estableciendo la monarqu¨ªa le ha llevado a dotar al monarca de un estatus especial, privilegiado, que hace particularmente inconvenientes los intentos de entender su figura como una excepci¨®n, a veces se incurre en el exceso de calificar esta posici¨®n como su infracci¨®n del principio de igualdad. El Rey, es obvio, no es un ciudadano m¨¢s: y su sumisi¨®n a la Constituci¨®n solo permite hacerlo en los t¨¦rminos establecidos en ella, y no por remisi¨®n a un principio de igualdad general o metajur¨ªdico.

Pero la libre elecci¨®n del constituyente por la forma de estado mon¨¢rquica le ha llevado a incorporar a esta instituci¨®n ciertos rasgos que son inherentes a ella, que la acompa?an necesariamente, pues el constituyente no puede adoptar formas o categor¨ªas sin contenido o que est¨¦n expuestas a un vaciamiento o desvirtuaci¨®n improcedentes. No hay en la Constituci¨®n, efectivamente, hubiese dicho Francisco Rubio, ¡°f¨®rmulas hueras¡±. ?Cu¨¢les son estas decisiones necesarias, verdaderamente constitutivas de nuestra forma pol¨ªtica?

El Rey, en primer lugar, no puede adoptar decisiones pol¨ªticas: como no cabe exorbitancia en su conducta, sus actos necesitan de refrendo o autorizaci¨®n del ¨®rgano competente, que asume su responsabilidad y sin el cual carecen de validez. El ejercicio de sus atribuciones tasadas, de representaci¨®n y de relaci¨®n entre los ¨®rganos del Estado, le permite desempe?ar sus funciones, fijadas constitucionalmente, de ¡°s¨ªmbolo de la unidad y permanencia del Estado¡±. Se trata de una actuaci¨®n tremendamente importante para llevar a efecto la unidad de acci¨®n pol¨ªtica de la naci¨®n.

El Rey necesariamente, en segundo lugar, es irresponsable pol¨ªticamente. Como ya ha quedado dicho la base constitucional del Rey, en el fundamento y en la pr¨¢ctica, no puede prescindir del aseguramiento del nervio definitorio de la instituci¨®n mon¨¢rquica como forma pol¨ªtica en la que se accede a la jefatura del Estado por herencia y se ejerce vitaliciamente. Una monarqu¨ªa electiva ser¨ªa una forma pol¨ªtica superada hist¨®ricamente y un monarca deponible no permitir¨ªa al Estado disfrutar de la estabilidad institucional que la Corona asegura. La compatibilidad democr¨¢tica del Rey se garantiza encarg¨¢ndole competencias exclusivamente relacionales, o de representaci¨®n y exteriorizaci¨®n, as¨ª como mediante la instituci¨®n del refrendo. De otro lado, y como los espa?oles sabemos bien, la irresponsabilidad jur¨ªdica del Rey no impide, en la pr¨¢ctica, la verificaci¨®n de la misma, de modo que la abdicaci¨®n presentada sea, adem¨¢s del efecto de la propia voluntad, el resultado de una indisimulable exigencia pol¨ªtica.

La inviolabilidad del Rey, por ¨²ltimo, es una instituci¨®n m¨¢s dif¨ªcil de encajar constitucionalmente hablando. No cabe duda de la importancia que le confiere el constituyente, que solo la atribuye, adem¨¢s de a la persona del Rey a los derechos fundamentales (art¨ªculo 10 CE) y a las Cortes (art¨ªculo 66 CE). Ello impone su acogimiento de forma absoluta, expresando, desde un punto de vista general, la posici¨®n preeminente del monarca, cuya persona y libertad se protege frente a todos y en todos los casos. Conlleva, por tanto, su inmunidad total, y ello ya estemos ante su conducta privada o actos en el desempe?o de sus atribuciones p¨²blicas. No se trata as¨ª de un vestigio historicista de la monarqu¨ªa, bien entendible por otra parte en el horizonte de su legitimaci¨®n tradicional, sino de una nota imprescindible para asegurar el rendimiento funcional de la Corona, que no ofrecer¨ªa de otro modo ventajas frente a la forma republicana de gobierno. Cierto que el encaje constitucional de la figura de la inviolabilidad presenta dificultades pues se carece de un instrumento que, en parecido sentido a como ha sucedido con el refrendo, procurase la compatibilidad de la irresponsabilidad jur¨ªdica, o irresidenciabilidad judicial, de la persona del monarca con las exigencias propias del Estado de derecho. En efecto, la inviolabilidad entendida como irresponsabilidad jur¨ªdica ¡ªs¨®lo parcialmente cubierta en lo referente principalmente a sus aspectos patrimoniales por la asumida por su Casa Real¡ª constituye una brecha en el edificio del Estado de derecho que s¨®lo puede ser contrarrestada en un nivel pol¨ªtico por un compromiso de ejemplaridad del jefe del Estado. Lo que puede hacer el legislador, como ha ocurrido entre nosotros, a trav¨¦s de la modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de julio de 2014, es limitar los efectos de la inviolabilidad, constri?¨¦ndola al tiempo del ejercicio pleno de la Jefatura del Estado, y atribuyendo el aforamiento judicial ante el Supremo al Rey em¨¦rito.

Juan Jos¨¦ Solozabal es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la UAM. Acaba de publicar ¡®Pensamiento federal espa?ol y otros estudios auton¨®micos¡¯ (Iustel).