El estandarte medioambiental

No ser¨¢ porque el Gobierno espa?ol sea reticente al cambio energ¨¦tico; al contrario, el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energ¨ªa y Clima) presentado con pompa y circunstancia en Bruselas es el m¨¢s avanzado, el m¨¢s comprometido y el m¨¢s lustroso. A grandes rasgos, el plan se propone reducir los gases de efecto invernadero en un 23% en 2030 respecto a los vertidos en 1990; alcanzar un 42% de energ¨ªa renovable en el uso final de la energ¨ªa en la pr¨®xima d¨¦cada; y conseguir el 74% de presencia de energ¨ªa renovable en la producci¨®n de electricidad. La revisi¨®n reciente del PNIEC sit¨²a las inversiones necesarias para concluir la transici¨®n energ¨¦tica en 241.000 millones; no hay, pues, proyecto econ¨®mico, educativo o sanitario que pueda competir con el energ¨¦tico. Se nota que la ministra del ramo, Teresa Ribera, es una convencida de la urgencia de combatir el cambio clim¨¢tico y, de paso, de introducir con las energ¨ªas limpias procesos productivos con m¨¢s valor a?adido en la econom¨ªa.

Hasta aqu¨ª, el catecismo. Como es l¨®gico, un plan que se propone invertir 241.000 millones requiere capacidad de gesti¨®n. Hay que coordinar muchas piezas, cambiar la regulaci¨®n el¨¦ctrica, incentivar el cambio de costumbres sociales (el coche hasta la puerta de casa, la velocidad y la autonom¨ªa son fetiches identificados sin m¨¢s con libertad) y hay que atraer inversiones privadas (el dinero p¨²blico solo ser¨¢ el 20% aproximadamente de los 241.000 millones citados). Tambi¨¦n requiere pulso pol¨ªtico para negociar con la oposici¨®n todas y cada una de las partidas que conducir¨¢n a la Expedici¨®n PNIEC a ese Xanad¨² donde solo existen las energ¨ªas inmaculadas. Un esc¨¦ptico dir¨ªa que los precedentes pol¨ªticos conocidos desde 1982 revelan que en Espa?a no existe ese dep¨®sito de capacidad de gesti¨®n y negociaci¨®n. Y un economista se preguntar¨ªa si Espa?a tiene la capacidad financiera para hacer frente a los planes fara¨®nicos que propone. As¨ª que la respuesta es no en ambos casos.

S¨ª, Espa?a, esto es, su Gobierno, ambiciona ser el pa¨ªs estandarte contra el cambio clim¨¢tico. La cuesti¨®n es si puede hacerlo en los t¨¦rminos comprometidos. Ni la capacidad de generaci¨®n de riqueza, ni sus condiciones de estabilidad financiera, ni la praxis pol¨ªtica de los partidos con capacidad para gobernar permiten suponer que el pa¨ªs est¨¢ en condiciones de pagar los costes de la innovaci¨®n asociados a un esfuerzo de tal envergadura. Y aunque lo estuviera, la transici¨®n energ¨¦tica dise?ada con un manifiesto voluntarismo, el plan pide a gritos precisiones estrat¨¦gicas que no acaban de concretarse.

Pongamos, por ejemplo, dos. Financiar la nueva potencia renovable y los planes de rehabilitaci¨®n de viviendas implica atraer inversi¨®n privada, hasta el 80% del total previsto. Ahora bien, la continua entrada de producci¨®n renovable en el mercado el¨¦ctrico a precio variable cero significa deprimir los precios finales de la electricidad de forma persistente. Los inversores potenciales bien pueden entender que con unos precios en situaci¨®n de espiral a la baja puede resultar dif¨ªcil mantener la rentabilidad. El Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica (hasta el nombre es un gonfal¨®n) ha propuesto un sistema de subastas de electricidad con el fin de contener el precio en el que resulte finalmente ajustado. ?Ser¨¢ suficiente esta v¨¢lvula reguladora auxiliar para convencer a los inversores?

Tampoco es prudente desarrollar un plan de transici¨®n medioambiental sin entrar en un c¨¢lculo de la relaci¨®n coste/beneficio de cada partida o decisi¨®n espec¨ªfica. V¨¦ase el caso de las inversiones en rehabilitaci¨®n. Sin duda se ahorra energ¨ªa con la preparaci¨®n y aislamiento de viviendas, locales, industrias¡­ Pero no son pocos los que piensan que en un pa¨ªs c¨¢lido como Espa?a la necesidad de impermeabilizaci¨®n t¨¦rmica resulta menos perentoria que en otras zonas de Europa. Es aqu¨ª donde deber¨ªa entrar el c¨¢lculo coste/beneficio para aplicar los objetivos m¨¢s adecuados socialmente en cada pa¨ªs.

No tiene objeto insistir m¨¢s en la dicotom¨ªa entre la avidez del Gobierno por convertirse en el estandarte de la defensa medioambiental y las dificultades evidentes para encajar un plan ambicioso en el modesto per¨ªmetro de las finanzas p¨²blicas. Porque el peligro principal que puede dar al traste con la transici¨®n energ¨¦tica es pol¨ªtico. El PNIEC es un impulso gubernamental necesario, quiz¨¢ desbocado, para cambiar la estructura energ¨¦tica espa?ola; pero no es suficiente para conseguir la aquiescencia pol¨ªtica y social. Hace falta, tambi¨¦n, un compromiso de todas las Administraciones p¨²blicas en la tarea medioambiental. De nada sirve proponer un cambio dr¨¢stico del modelo energ¨¦tico si los Ayuntamientos no cierran el centro de las ciudades y orientan, con decisiones tajantes como esa, el uso de coches el¨¦ctricos, de forma que los fabricantes cuenten con un mensaje claro para construirlos. De poco vale rehabilitar edificios si los partidos que gobiernan la capital de Espa?a consiguen derogar el proyecto Madrid Central. Con todos los matices necesarios y a despecho de sus gratuitas declaraciones p¨²blicas (discursear nada cuesta), sucede que algunos partidos espa?oles (los dos principales que hoy est¨¢n en la oposici¨®n), se comportan en la pr¨¢ctica como si fuesen negacionistas del cambio clim¨¢tico.