El mandam¨¢s antioque?o

Ni la mortandad de la pandemia ni el arresto domiciliario de ?lvaro Uribe son los problemas fundamentales de Colombia, acostumbrada a la muerte y a las privaciones de libertad desde que hace m¨¢s de medio siglo liberales y conservadores dirimieran sus diferencias con asesinatos, secuestros y destrucci¨®n de propiedades. El coronavirus es de origen desconocido, pero la cultura de la violencia y el odio es heredad de las ¨¦lites y mes¨ªas locales, responsabilidad de los colombianos, incapaces de imponer la civilidad como prioridad en escuelas, familias y programas para impedir su diaria profanaci¨®n a punta de pistola y Twitter.

La politizaci¨®n de la muerte fue paralela a la politizaci¨®n de la Justicia, siempre bajo sospecha de parcialidad, en esta ocasi¨®n contra el expresidente y senador del partido gubernamental, cuya detenci¨®n por orden de la Corte Suprema no responde a sus actos como mandatario sino como senador por supuesta manipulaci¨®n de testigos vinculados con el paramilitarismo. La instrucci¨®n y juicios del caso durar¨¢n a?os. El acompa?amiento medi¨¢tico ser¨¢ tan intenso que pondr¨¢ a prueba la consistencia de las instituciones y el grado de cauterizaci¨®n de las llagas abiertas por el terrorismo pol¨ªtico apandillado con el narcotr¨¢fico y la delincuencia com¨²n.

El expresidente fue detenido para evitar que obstruya las averiguaciones sobre fraude procesal y soborno, ordenadas por una Justicia peri¨®dicamente desprestigiada por la corrupci¨®n y avenencias con los grupos de poder, y cuya reforma, en 2012, acab¨® en fiasco. La guardia pretoriana de Uribe denuncia al tribunal como c¨®mplice de persecuci¨®n pol¨ªtica. Los magistrados no son hermanitas de la caridad, y sus entornos pol¨ªticos y sociales influyen, pero el reo tampoco es el buen samaritano. Como gobernador y mandam¨¢s de Antioquia en los noventa propugn¨® responder a tiros cualquier extorsi¨®n guerrillera; desde entonces afronta decenas de investigaciones de la Corte Suprema y la comisi¨®n de acusaciones del Congreso.

Los encargados de llevarlas a cabo rastrean matanzas, compra de votos, expulsiones y desafueros de las Autodefensas cuando compet¨ªan con las guerrillas en el atropello de los derechos humanos. Aunque la muerte del padre de Uribe por las FARC influy¨® en su visceralidad antisubversiva, la desgracia familiar no anula sus responsabilidades ante la ley y ante los compatriotas que ni perdonan ni olvidan, pero necesitan propuestas y liderazgos que alejen a la sociedad de la ¨¦tica de la barbarie y los discursos legitimadores de la venganza.

La oposici¨®n del influyente parlamentario a los acuerdos de paz de 2016, contrariamente al moderado juicio del presidente y delf¨ªn, Iv¨¢n Duque, indica que el resentimiento del caudillo es m¨¢s fuerte que su deseable contribuci¨®n a la verdad, la justicia y la reconciliaci¨®n. El proceso judicial puede servir para exorcizar la memoria nacional y debatir sobre el origen de los cr¨ªmenes cometidos por el salvajismo, de corbata o verde olivo, a fin de que el pasado no malogre el futuro de Colombia.