Una monarqu¨ªa que no debilite la democracia

Uno de los aspectos m¨¢s interesantes que est¨¢n emergiendo en el debate sobre la Corona es la comparaci¨®n de la calidad democr¨¢tica en rep¨²blicas y monarqu¨ªas. No hay duda de que existen monarqu¨ªas m¨¢s democr¨¢ticas que algunas rep¨²blicas, y rep¨²blicas que carecen de la m¨ªnima legitimidad democr¨¢tica. No es, por tanto, la jefatura de Estado la que define la calidad de la democracia. Pero eso no quiere decir que tanto su dise?o como la forma en que se ejerce sean inocuos en t¨¦rminos democr¨¢ticos. M¨¢s bien al contrario, pueden ayudar a estabilizar la democracia o contribuir a debilitarla.

Si bien en Espa?a, ni los principales partidos ni una parte importante de la sociedad estar¨ªan a favor de abrir ahora el debate entre monarqu¨ªa y rep¨²blica ¡ªque en alg¨²n momento habr¨¢ que abordar¡ª, es imprescindible al menos que se establezcan mecanismos para que la Monarqu¨ªa parlamentaria hoy existente ayude a estabilizar y no a debilitar nuestro sistema democr¨¢tico.

Las democracias se definen en buena medida por los mecanismos de control que existen sobre los representantes y responsables p¨²blicos. Para ayudar a ello, las pol¨ªticas y medidas de transparencia hacen posible el control y la rendici¨®n de cuentas de forma sistem¨¢tica. En Espa?a, la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno, tiene como objeto ¡°ampliar y reforzar la transparencia de la actividad p¨²blica, regular y garantizar el derecho de acceso a la informaci¨®n relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables p¨²blicos, as¨ª como las consecuencias derivadas de su incumplimiento¡±. Esta Ley se aplica a los altos cargos del Poder Ejecutivo, los ¨®rganos de los poderes Legislativo y Judicial, as¨ª como otros ¨®rganos constitucionales y reguladores. Tambi¨¦n a los partidos pol¨ªticos, organizaciones sindicales y empresariales.

Tan transversal norma afecta asimismo a la Casa de Su Majestad el Rey, ¡ªorganismo de apoyo y asistencia al monarca en sus funciones de jefe del Estado¡ª, respecto a sus propias actividades institucionales y a la gesti¨®n administrativa y presupuestaria de las cantidades que tiene asignadas. Sin embargo, y aqu¨ª viene lo sorprendente, nada se dice sobre la declaraci¨®n p¨²blica de actividades, bienes y patrimonio de la Familia Real. Se rompe as¨ª una regla b¨¢sica que afecta a todo el entramado institucional.

Si se pretende que la Monarqu¨ªa parlamentaria est¨¦ sujeta a par¨¢metros de control democr¨¢ticos, un primer paso podr¨ªa ser su incorporaci¨®n al ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la Ley de Transparencia, ¡ªdeclaraci¨®n p¨²blica de patrimonio incluida¡ª, tal como est¨¢n proponiendo diputados como el socialista Od¨®n Elorza y otros expertos juristas. Esto supondr¨ªa la equiparaci¨®n de la Familia Real, incluido el rey em¨¦rito, al r¨¦gimen de obligaciones que se aplican al presidente del Gobierno y los ministros, presidentes auton¨®micos, diputados, senadores, alcaldes... El Rey, como m¨¢xima instituci¨®n del Estado, no puede quedar fuera de las medidas de transparencia, hoy claves en democracias que quieren ser de calidad.