Pagan los ni?os
Gobierno y comunidades deben garantizar el derecho a la educaci¨®n
El coronavirus no entiende de calendarios, pero el comienzo del curso y la gesti¨®n pol¨ªtica deber¨ªan. M¨¢s de dos meses despu¨¦s del fin del estado de alarma, un tiempo suficiente para haber planificado los recursos para afrontar el curso con menos alumnos por aula y, por tanto, con mayores espacios disponibles y m¨¢s personal, algunas comunidades llegan a septiembre sin la preparaci¨®n adecuada. No hay pistas que indiquen que la contrataci¨®n de m¨¢s de 10.600 profesores por parte de la Comunidad de Madrid anunciada por la presidenta Ayuso, por ejemplo, vaya a materializarse cuando no se materializ¨® la de los m¨¦dicos o rastreadores comprometidos. Son varias las regiones que llegan con anuncios elocuentes de contrataciones que a¨²n no se han hecho realidad y que, en la gran mayor¨ªa y en el mejor de los casos, apenas est¨¢n en las mesas de negociaci¨®n. Madrid, adem¨¢s, ha retrasado el inicio de algunos cursos.
El Gobierno anunci¨® meses atr¨¢s una dotaci¨®n de 2.000 millones para afrontar el nuevo curso en las mejores condiciones de seguridad posibles ¡ª400 de ellos para la universidad¡ª, un desembolso que se producir¨¢ a partir de septiembre sin que conste a¨²n el detalle de los planes necesarios.
El inicio del curso se ha convertido, as¨ª, en materia de incertidumbre para las familias, que necesitan conocer a tiempo si los centros est¨¢n preparados, organizar soluciones en caso de que los chicos tengan que pasar d¨ªas lectivos en casa, prepararse material y laboralmente para ello y hacerlo con una serenidad que ser¨ªa deseable transmitir tambi¨¦n a los ni?os. Pero la comunidad educativa llega a las puertas de este desaf¨ªo sin certezas suficientes debido a ese d¨¦ficit de gesti¨®n de algunas comunidades y, tambi¨¦n, a una falta de liderazgo, de discurso claro y de coordinaci¨®n exigibles al Gobierno. No porque la competencia educativa est¨¦ transferida a las autonom¨ªas se encuentra el Ejecutivo exento de responsabilidad.
Desde marzo, la ense?anza se ha visto sostenida por profesores y padres abnegados que han luchado por la continuidad del curso por medios telem¨¢ticos. Pero ni todas las familias poseen los medios adecuados ni muchas tienen el tiempo o el conocimiento necesarios para sostener ese esfuerzo a distancia y en espacios reducidos. Estos meses deber¨ªan haberse aprovechado para afrontar el grave riesgo de descuelgue de los menores con menos oportunidades. Hasta un tercio de los estudiantes no sigui¨® en igual medida las clases en los ¨²ltimos meses, indicio clamoroso de una brecha digital que acelera la desigualdad econ¨®mica y social. Sus consecuencias pueden llegar a ser muy serias.
Espa?a deber¨ªa estar en condiciones de garantizar el inicio del curso presencial, llamado a cumplir con el derecho constitucional a la educaci¨®n y con la socializaci¨®n de las nuevas generaciones. La conciliaci¨®n de los padres tambi¨¦n debe estar garantizada. Los consejeros se reunir¨¢n hoy con los ministros de Educaci¨®n, Sanidad y Pol¨ªtica Territorial para intentar consensuar posiciones. En la batalla soterrada que libran los partidos y las instituciones para encajar responsabilidades solo hay un axioma que deben recordar: pagan los ni?os. Olvidarlo como parecen haber hecho hasta ahora es incumplir sus mandatos.
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