Johnson, sin ley

Todo indica que el primer ministro brit¨¢nico, Boris Johnson, no solo rechaza un acuerdo para un tratado comercial con la Uni¨®n Europea (UE) con vistas al futuro, sino que adem¨¢s pretende una ruptura dram¨¢tica de las negociaciones en marcha para redactarlo. Y abocarlas as¨ª a un abismo entre la isla y el continente al que ha estado fruct¨ªferamente vinculada durante cuatro decenios largos.

Esta pretensi¨®n ¡ªperceptible por todos¡ª se ha plasmado esta semana en dos pasos. A su inicio Johnson proclam¨® que un no acuerdo ser¨ªa ¡°un buen resultado¡±. Y a?adi¨® que presentar¨ªa al Parlamento una ¡°ley de mercado interno¡± para matizar o corregir el Acuerdo de Retirada que ¨¦l mismo firm¨® con la UE en octubre de 2019.

En los ¨²ltimos d¨ªas la gravedad de esas intenciones se confirm¨® y ampli¨®, al conocerse el texto de la ley presentado a los Comunes, pues desmocha el protocolo sobre Irlanda que ¨¦l firm¨®. Su antecesora, Theresa May, asum¨ªa la permanencia durante un tiempo no especificado en la Uni¨®n Aduanera europea y seguir las reglas de su mercado interior. Johnson pidi¨® y logr¨® de los 27 modificarlo para pactar algo que siempre denigr¨® por menos favorable: crear una aduana interna entre Irlanda del Norte y Gran Breta?a, que quedar¨ªa definitivamente fuera del per¨ªmetro del mercado y la aduana europeos.

Ahora pretende con esa ley nacional romper por las bravas su propio compromiso (ni siquiera el de alg¨²n predecesor). El borrador confirma adem¨¢s el objetivo de desvincularse de la normativa europea restrictiva de ayudas de Estado a las empresas, lo que facilitar¨ªa una competencia desleal y un Singapur al otro lado del canal.

La justificaci¨®n alegada es pueril: ser¨ªa legal, dice, cualquier norma ¡°que suponga el incumplimiento¡± de un tratado internacional, porque la soberan¨ªa brit¨¢nica est¨¢ por encima de ellos. Falso: un Estado puede denunciar alguna cl¨¢usula de un tratado seg¨²n el mecanismo que disponga su propio texto, puede establecer negociaciones con la contraparte para enmendarlo, pero no hacer prevalecer su soberan¨ªa a capricho, pues la firma de un texto de esa naturaleza supone precisamente la autolimitaci¨®n de la soberan¨ªa nacional de las partes contratantes.

Se trata, as¨ª, de una norma directamente ilegal. Lo ha corroborado el propio ministro para Irlanda del Norte, reconociendo que ¡°viola las leyes internacionales¡±, aunque aduzca que las viola solo un poco: de modo ¡°limitado y espec¨ªfico¡±. Esa ley supondr¨¢ la flagrante ruptura del pacto de 2019, lo que de consumarse colocar¨ªa a Johnson en situaci¨®n peor que los piratas del pasado: gozaban al menos de una ¡°patente de corso¡±, unilateral con apariencia formal, en un mundo carente de reglas comunes.

Bruselas ha reaccionado con la convocatoria del Comit¨¦ Conjunto para resolver litigios, y emitiendo un ultim¨¢tum de tres semanas para que el primer ministro rectifique. Trata de evitar que nadie pueda culpar a la Uni¨®n de la ruptura. Y espera que cuaje la contestaci¨®n interna brit¨¢nica ¡ªiniciada en las filas conservadoras, y con mucho predicamento en la C¨¢mara de los Lores¡ª a los desprop¨®sitos de su Gobierno. De no prosperar el ultim¨¢tum, quedan dos cartas: acudir a los tribunales que dirimen los litigios sobre el Acuerdo de Retirada. Y no volver a reunirse con Johnson para hablar de ning¨²n acuerdo futuro, pues ha quebrado toda posible confianza en ¨¦l al destruir de forma radical el acuerdo ya vigente.