Sin peso penal

La Fiscal¨ªa se ha pronunciado a petici¨®n del Supremo sobre si procede aceptar a tr¨¢mite las querellas que han llegado al alto tribunal sobre la gesti¨®n del Gobierno durante la crisis sanitaria del coronavirus. El informe que analiza parte de estas iniciativas, de 310 p¨¢ginas, ha sido claro y rotundo: no ha encontrado que los hechos denunciados sean constitutivos de delito y sugiere que se archiven 20 querellas en una resoluci¨®n ¨²nica, argumentando que atienden a hechos que son muy similares. Otro informe, que ir¨¢ en la misma direcci¨®n, se pronunciar¨¢ sobre otras 40 denuncias.

Las querellas apuntan a delitos como los de homicidio, imprudencia temeraria, prevaricaci¨®n o atentar contra la seguridad de los trabajadores, y han sido presentadas por particulares, asociaciones y entidades de distinto tipo y alg¨²n partido, como Vox, que ya tiene una dilatada experiencia en llevar cuestiones de fuerte impronta pol¨ªtica a los juzgados. Cualquier ciudadano u organizaci¨®n tiene leg¨ªtimamente derecho a defender sus intereses, y la Constituci¨®n les garantiza que puedan acudir a los tribunales cuando entiendan que han sido vulnerados. La virulencia de la pandemia sorprendi¨® hasta tal punto a las autoridades que ten¨ªan que articular una respuesta para detenerla que no siempre pudo ajustarse a protocolos existentes y tomaron iniciativas sobre la marcha en un contexto de emergencia sanitaria. Es posible que no siempre acertaran con el mejor camino para enfrentarse a un virus del que se sab¨ªan pocas cosas, pero la Fiscal¨ªa, que se detiene minuciosamente en casos muy diferentes, entiende que las acusaciones van demasiado lejos y no considera que los querellados ¡°pudieran haber infringido deber u obligaci¨®n alguna, o actuaci¨®n cuya implementaci¨®n hubiera evitado o disminuido de un modo relevante los resultados lesivos finalmente acaecidos¡±.

Consideraci¨®n especial merecen las querellas alentadas por una fuerza pol¨ªtica, porque confirman la peligrosa deriva que lleva instalada desde hace a?os en Espa?a de trasladar al poder judicial asuntos que no se han podido o no se han sabido plantear, discutir y resolver en los ¨¢mbitos que les corresponden, el Parlamento en especial. Es ah¨ª donde la oposici¨®n debe fiscalizar la actividad del Gobierno y, por tanto, es tambi¨¦n ah¨ª donde se le podr¨ªan exigir responsabilidades por la gesti¨®n realizada de una crisis tan compleja como la pandemia. Llevar a los juzgados comportamientos pol¨ªticos, al margen del desarrollo jur¨ªdico que puedan tener, con el ¨²nico af¨¢n de obtener r¨¦ditos partidistas, no deja de ser una se?al de un mal uso de las instituciones y del fracaso de una cierta manera de entender el ejercicio de la actividad p¨²blica.

El Partido Popular ha cargado contra la Fiscal¨ªa, acus¨¢ndola de estar en manos del Gobierno, sin entrar en el contenido detallado del informe y en la argumentaci¨®n desplegada para justificar que las querellas no tienen desarrollo penal. De nuevo, y en un episodio que vuelve a enfrentar al sistema constitucional con la costumbre de llevar los platos rotos de la pol¨ªtica a los juzgados, la respuesta se queda en el trazo grueso.

El informe de la Fiscal¨ªa est¨¢ ahora en manos del Tribunal Supremo, que, con la posici¨®n que adopte, contribuir¨¢ a definir con claridad si alguna de estas decisiones pol¨ªticas puede ser tratada como delito. Se trata de una decisi¨®n de hondo calado institucional.