Sobre la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica

La implicaci¨®n de los jueces en la gobernanza democr¨¢tica es reflejo de la creciente tendencia global de reivindicaciones de derechos y libertades desde la Segunda Guerra Mundial, y consecuente creaci¨®n de tribunales constitucionales e internacionales encargados de velar por su cumplimiento por parte de los Estados. Este proceso se ha visto vigorizado por el activismo jur¨ªdico por parte de actores sociales, pol¨ªticos y econ¨®micos que, gracias a una creciente cultura de la legalidad y a normas m¨¢s inclusivas de acceso a la justicia, descubrieron cuan plausible era el uso de los tribunales para influir en la pol¨ªtica.

Si por algo ha trascendido en el debate p¨²blico la idea de judicializaci¨®n de la pol¨ªtica es por situaciones donde los tribunales son movilizados por actores sociales, econ¨®micos y pol¨ªticos para tumbar las pol¨ªticas de la oposici¨®n o perseguirlas criminalmente. Situaciones que a veces contribuyen negativamente a la imagen p¨²blica de la justicia, al desvelarse aspectos sobre la posible ideologizaci¨®n, preferencias y estrategias pol¨ªticas dentro de la judicatura. Sin embargo, es importante entender que los tribunales son tambi¨¦n un ¨²ltimo recurso para actores de la sociedad civil que, excluidos del proceso de decisi¨®n pol¨ªtica, leg¨ªtimamente recurren a los tribunales para la protecci¨®n u promoci¨®n de ciertos derechos y pol¨ªticas. Es esta segunda vertiente la que ha puesto en guardia a l¨ªderes populistas europeos, y por la que consecuentemente han desarrollado pr¨¢cticas autoritarias que no solamente limitan la capacidad de la judicatura para proteger a la sociedad civil de los abusos de poder, sino que <NO1>adem¨¢s<NO>la hace m¨¢s susceptible de ser usada como arma pol¨ªtica contra sus adversarios. <NO1>pol¨ªticos.<NO>

No obstante, tal como han recientemente elaborado Karen J. Alter, Emilie M. Hafner-Burton y Laurence R. Helfer, el debate sobre la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica trasciende la fase de adjudicaci¨®n, que comprende desde que los litigantes inician el caso en los tribunales hasta el momento de la sentencia. En esta fase tienen cabida distintas estrategias por parte de actores pol¨ªticos, sociales o econ¨®micos asociadas con la selecci¨®n de la causa o del tribunal donde se presenta la demanda, la obtenci¨®n de evidencia y elaboraci¨®n de los argumentos jur¨ªdicos con la finalidad de afectar la decisi¨®n de los jueces. En este sentido, los actores con un inter¨¦s en el proceso pueden tambi¨¦n poner en pr¨¢ctica estrategias fuera de la sala para influir la decisi¨®n de los jueces (por ejemplo, movilizar a la opini¨®n p¨²blica, presi¨®n medi¨¢tica, incentivos o amenazas pol¨ªticas).

Aunque esta fase es crucial para entender la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica, que el debate p¨²blico se centre exclusivamente en ella nos limita a la hora de entender el proceso en toda su extensi¨®n. En la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica son adem¨¢s importantes otras fases previas y posteriores al proceso judicial donde se destacan diversas din¨¢micas, estrategias e implicaciones pol¨ªticas clave. En primer lugar, est¨¢ la fase de pol¨ªtica en la sombra que b¨¢sicamente hace referencia a la negociaci¨®n, estrategias y respuestas que se generan ante la amenaza de ir a los tribunales. Estas maniobras empoderan las demandas de los potenciales litigantes al incrementar los riesgos asociados con cualquier acto ilegal o pol¨ªtica considerada contraria a derecho. Estas estrategias se hacen patentes cuando estos 1) transforman sus demandas pol¨ªticas en reivindicaciones legales susceptibles de ser amparados por la legislaci¨®n vigente o marco constitucional, 2) hacen expl¨ªcitas las consecuencias negativas de ser condenados por los tribunales (por ejemplo, ir a prisi¨®n), o 3) sugieren acuerdos o ajustes en las pol¨ªticas que eviten ir a los tribunales. En segundo lugar, est¨¢ la pol¨ªtica del cumplimiento que se refiere a las estrategias y acciones de los litigantes u otros actores con un inter¨¦s en la causa a favor o en contra de la implementaci¨®n inmediata del veredicto judicial. De vez en cuando, una decisi¨®n judicial puede provocar grandes cambios en pol¨ªticas p¨²blicas. Sin embargo, existe la posibilidad de que quien est¨¢ obligado a acatar la decisi¨®n decida aceptar los costes pol¨ªticos o econ¨®micos de no cumplir con la misma, o, lo que es m¨¢s com¨²n, de que trate de cumplir de manera simb¨®lica o parcial con el contenido de ¨¦sta, lo que puede acarrear m¨¢s litigiosidad. Para compensar el incumplimiento de la sentencia, com¨²nmente se ejercen estrategias para ¡°se?alar y avergonzar¡± a la parte incumplidora con la esperanza de que la presi¨®n pol¨ªtica y social les conmine a acatarla.

Por ¨²ltimo, tenemos la fase de pol¨ªtica de retroalimentaci¨®n que refleja en qu¨¦ medida una decisi¨®n judicial en el largo plazo puede crear un nuevo statu quo pol¨ªtico. El efecto puede ser positivo al buscarse, por ejemplo, que una sentencia con efectos solamente entre las partes del litigio se transforme en una nueva pol¨ªtica p¨²blica o derecho que beneficie a un sector m¨¢s amplio de la sociedad. Sin embargo, los efectos de retroalimentaci¨®n pueden ser tambi¨¦n negativos cuando la parte condenada tiene suficiente poder pol¨ªtico para anular o limitar los efectos de la sentencia, o, incluso, para evitar que se tomen en el futuro decisiones similares en su contra, a trav¨¦s de reformas legales y constitucionales que invaliden los fallos judiciales perjudiciales a sus intereses, o manipulando la composici¨®n de los tribunales.

Juan Antonio Mayoral D¨ªaz-Asensio es assistant professor en Derecho y Pol¨ªticas en iCourt.