Universalizar un nivel m¨ªnimo de protecci¨®n social: nuestra responsabilidad com¨²n

Los Gobiernos han respondido a la pandemia de covid-19 y a los estragos sociales y econ¨®micos que esta ha causado con una serie de planes ad hoc, incluyendo pagos por suspensi¨®n laboral, ingresos de efectivo y otros apoyos a familias. Estas respuestas son dignas de elogio, pero comparten dos grandes limitaciones.

En primer lugar, la mayor¨ªa de estas medidas constituyen arreglos temporales y cortoplacistas, que cubren la situaci¨®n de confinamiento o un hipot¨¦tico per¨ªodo hasta que se produzca la recuperaci¨®n econ¨®mica. No producen cambios en las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas en la vulnerabilidad, ni mejoran su situaci¨®n frente a futuras crisis.

En segundo lugar, dichas medidas no abordan las amenazas existenciales a las que se enfrentan muchas de las comunidades m¨¢s afectadas a nivel global. A pesar de que el gasto gubernamental total en la respuesta a la covid-19 supera los 11 billones de d¨®lares, las respuestas m¨¢s importantes han procedido, con diferencia, de pa¨ªses ricos. Por ejemplo, la Uni¨®n Europea aprob¨® recientemente un plan de recuperaci¨®n de 750.000 millones de euros (equivalente al 6% de su PIB), mientras que el plan de recuperaci¨®n econ¨®mica del Jap¨®n equivale al 22% de su PIB (o 1,1 billones de d¨®lares). Sin embargo, entre los pa¨ªses en desarrollo de bajos ingresos, la respuesta ha sido de media del 1,2% del PIB.

Los pa¨ªses en desarrollo, en especial aquellos de bajos ingresos, disponen de recursos limitados, lo que se ve agravado por la ca¨ªda de precios de algunas materias primas de exportaci¨®n. Sencillamente no pueden adoptar las medidas de respuesta a la crisis que su poblaci¨®n necesita, y menos a¨²n los sistemas de protecci¨®n social con capacidad de garantizar la resiliencia a largo plazo.

Incluso antes de la covid-19, el 69% de la poblaci¨®n mundial no estaba cubierta por protecci¨®n social alguna, o lo estaba solo parcialmente. Casi dos tercios de los ni?os del mundo no dispon¨ªan de cobertura de protecci¨®n social, solo el 22% de los desempleados recib¨ªan prestaciones de desempleo y solo el 28% de las personas con discapacidades graves recib¨ªan prestaciones por discapacidad.

Las crisis mundiales como esta pandemia no conocen fronteras geogr¨¢ficas o pol¨ªticas. Contra ellas, solo somos tan fuertes como los m¨¢s d¨¦biles de entre nosotros. Si queremos crear una mayor resiliencia y una capacidad de recuperaci¨®n m¨¢s eficaz, tenemos que apoyar a todos los pa¨ªses en la creaci¨®n de niveles m¨ªnimos, pero s¨®lidos, de protecci¨®n social. Hoy en d¨ªa, nos comportamos como si fuera suficiente empezar a contratar bomberos despu¨¦s de que haya estallado un incendio, para despu¨¦s dirigirlos a que salven solo unas pocas habitaciones del edificio en llamas.

Esto no es suficiente. En las circunstancias actuales, la solidaridad internacional es esencial y va en inter¨¦s de todos garantizarla.

Unos niveles de protecci¨®n social m¨ªnimos para todos son financiables. El d¨¦ficit de financiaci¨®n de todos los pa¨ªses en desarrollo (la diferencia entre lo que estos pa¨ªses ya invierten en protecci¨®n social y lo que costar¨ªa garantizar un nivel m¨ªnimo de protecci¨®n social completo, incluida la salud) es de unos 1,191 billones de d¨®lares en este a?o, incluido el impacto de la covid-19. Sin embargo, la diferencia para los pa¨ªses de renta baja es solo de unos 78.000 millones de d¨®lares, una cantidad insignificante en comparaci¨®n con el PIB de pa¨ªses industrializados. Sin embargo, el total de la ayuda oficial al desarrollo destinada a protecci¨®n social asciende tan solo al 0,0047% del ingreso nacional bruto de los pa¨ªses donantes.

El derecho internacional relativo a los derechos humanos reconoce que los Estados ricos tienen el deber de ayudar a implementar los derechos sociales en pa¨ªses de recursos m¨¢s limitados, y ya se han adoptado diversas medidas para concretizar este compromiso. En 2011, un grupo consultivo de expertos recomend¨® que los donantes proporcionaran financiaci¨®n previsible y plurianual para fortalecer la protecci¨®n social de pa¨ªses en desarrollo. En 2012, dos expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas propusieron un Fondo Mundial para la Protecci¨®n Social con el fin de ayudar a pa¨ªses de bajos ingresos a desarrollar niveles m¨ªnimos de protecci¨®n social para su poblaci¨®n. Ese mismo a?o, los miembros de la OIT (gobiernos, trabajadores y empleadores de 185 pa¨ªses) apoyaron la idea de una protecci¨®n social integral con la promesa adoptada por unanimidad de ¡°establecer y mantener... niveles m¨ªnimos de protecci¨®n social como elemento fundamental de sus sistemas nacionales de seguridad social¡±.

Regularmente escuchamos promesas de que debemos ¡°reconstruir mejor¡± a partir de la crisis actual, pero solo podremos hacerlo si cada individuo, incluidos los m¨¢s pobres y marginados, tiene un nivel m¨ªnimo de protecci¨®n social.

Los pa¨ªses deben movilizar el m¨¢ximo de recursos para que la protecci¨®n social se convierta una realidad para todos. Esto puede significar adoptar enfoques m¨¢s eficaces en materia de tributaci¨®n y de lucha contra la corrupci¨®n. A largo plazo, la redistribuci¨®n de activos contribuir¨¢ a frenar la desigualdad y la discriminaci¨®n y a apoyar la promesa del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 de ¡°no dejar a nadie atr¨¢s¡±.

Esta crisis nos ofrece muchas lecciones. Una de ellas es que para reconstruir mejor es necesario contar con la solidaridad internacional y una mejor protecci¨®n social para todos y todas, no s¨®lo para los que ya pueden permit¨ªrselo. Si ignoramos este mensaje, corremos el riesgo de condenar a las generaciones futuras a sufrir en el futuro como sufre la generaci¨®n actual. Esa es, sin duda, una perspectiva intolerable a la que no debemos resignarnos.

Michelle Bachelet es Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Olivier De Schutter, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y Guy Ryder, director general de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo.