Pacto de pensiones

El Pacto de Toledo ha alcanzado esta semana un importante acuerdo para configurar las pensiones del inmediato futuro y apuntalar su sostenibilidad. El amplio consenso entre fuerzas pol¨ªticas es una buena noticia en tiempos de polarizaci¨®n y debe celebrarse. El pacto es de m¨¢ximo inter¨¦s para los nueve millones de pensionistas, sus familias y quienes les sigan la estela en Espa?a. Lo es especialmente porque las ¨²ltimas recomendaciones consensuadas de este foro datan de hace un decenio y el sistema necesita mejoras. A la espera de que las medidas recomendadas por el Pacto de Toledo pasen por el pleno del Congreso, las propuestas cuentan con el apoyo de todo el arco pol¨ªtico, salvo Vox (y la abstenci¨®n de Esquerra y de Bildu). Convergen dos votos favorables muy significativos. Uno viene del PP, que ha asumido el desaire pol¨ªtico y callejero a su reforma de 2013, y a su factor de sostenibilidad, que vinculaba las prestaciones a la evoluci¨®n de la esperanza de vida, erosionando las primeras en caso de mejora de la segunda. Otro, de Unidas Podemos, que siempre mostr¨® su reticencia a este foro, y que fue, en febrero de 2019, el partido que abort¨® un acuerdo ya ultimado.

El acuerdo pol¨ªtico, positivo por naturaleza, lo es tambi¨¦n por coyuntura, en medio de la profunda crisis que azota Espa?a. Y porque constituye la base de una nueva reforma estructural en el ¨¢mbito social, tras otros importantes pactos alcanzados con los agentes sociales en materia de ERTE y sus pr¨®rrogas y teletrabajo. Se trata, por a?adidura, de una reforma que Bruselas recomienda desde hace largo tiempo, lo que mejora el horizonte para el acceso a los fondos del plan de recuperaci¨®n.

Sin ser la panacea frente a todos los males, las nuevas conclusiones del Pacto de Toledo apuntalan, si se aplican, la estabilidad del sistema a corto/medio plazo. De las veinte medidas recomendadas destacan dos por su relevancia para asegurar la financiaci¨®n estable de las pensiones. Una es global, la que invita a los gobernantes a clarificar la financiaci¨®n del sistema de pensiones y restablecer su equilibrio financiero: por la v¨ªa de destinar las cotizaciones sociales solo a soportar las pensiones contributivas (jubilaci¨®n, invalidez y viudedad); y traspasar al presupuesto, para financiarlas mediante impuestos, las no contributivas (como maternidad, paternidad o fomento del empleo a trav¨¦s de la tarifa plana, y otras medidas). No se trata solo de una reclasificaci¨®n burocr¨¢tica, por cuanto la sobreexigencia a las cotizaciones sociales penaliza la creaci¨®n de empleo, al encarecerlo. Aligerar su carga supone asimismo incentivar la ocupaci¨®n. La otra medida clave es acercar la edad de jubilaci¨®n efectiva a la legal, mediante variados incentivos.

Los c¨¢lculos gubernamentales auguran que solo con la aplicaci¨®n de ambas medidas el sistema entrar¨ªa en super¨¢vit durante unos a?os. Ahora bien, el envejecimiento de la poblaci¨®n, las m¨¢s altas pensiones de quienes se incorporan como clases pasivas y el encarecimiento de las nuevas prestaciones indican que a largo plazo ello resultar¨¢ insuficiente. Habr¨¢ que ir madurando, cuanto antes mejor, nuevas f¨®rmulas de sostenibilidad, como el aumento de la ¡°contributividad¡± (acercar el cobro a lo que se ha ingresado, siempre inferior); volver a retrasar la edad de jubilaci¨®n; realizar una pol¨ªtica inmigratoria proactiva... Pero antes habr¨¢ que traducir a realidad normativa las recomendaciones de hoy.