Estado de derecho

El acuerdo pol¨ªtico alcanzado ayer por el Parlamento, la Comisi¨®n y el Consejo europeos para condicionar el desembolso de las subvenciones presupuestarias de los 27 al respeto estricto del Estado de derecho es prometedor para una Uni¨®n Europea que proclama sus valores democr¨¢ticos. Sin duda tendr¨¢ que sortear intentos de bloqueo, tensiones y maniobras de todo tipo antes de llegar a aplicarse, pero su alumbramiento es una noticia que debe ser celebrada en una Europa que asiste al empecinamiento antiliberal y autoritario de las ¨¦lites gobernantes en algunos pa¨ªses. Desde una perspectiva global, el significado del acuerdo es profundo. No es muy frecuente, por desgracia, que el imperativo democr¨¢tico y la din¨¢mica econ¨®mica vayan de la mano. Tampoco que las promesas de los dirigentes se materialicen en plazos ¨²tiles, o al menos razonables, para armonizar intereses de distinta ¨ªndole: la prosperidad econ¨®mica, la cohesi¨®n social y la garant¨ªa de derechos y libertades.

La herramienta que surgir¨¢ del acuerdo exhibe suficiente fortaleza para tener mayor eficacia que el actual andamiaje apoyado en el art¨ªculo 7 del Tratado de la Uni¨®n. Los intentos europeos para frenar muy discutibles iniciativas de los Gobiernos de Polonia o Hungr¨ªa en el pasado no fueron todo lo r¨¢pidos y eficientes que hubiese sido deseable. Desde febrero se hab¨ªa formalizado la intenci¨®n de que los beneficios del presupuesto se condicionasen al imperio de la ley democr¨¢tica. A ra¨ªz del gran paquete econ¨®mico contra la recesi¨®n suscitada por la pandemia, el Parlamento Europeo consider¨® insuficientes los instrumentos que las otras instituciones hab¨ªan dise?ado a ese fin. Y presion¨® en favor de una mayor contundencia. El proyecto de reglamento presupuestario defendido por la presidencia alemana del Consejo se circunscrib¨ªa a sancionar a aquellos socios cuyas carencias democr¨¢ticas repercutiesen en un mal uso o un uso corrupto de los fondos europeos recibidos: era m¨¢s que nunca, pero insuficiente para los principales grupos de la C¨¢mara.

Con la intermediaci¨®n de la Comisi¨®n, el Consejo ha asumido condiciones m¨¢s amplias: que el desembolso de los fondos ¡ªtanto los convencionales como los procedentes del plan de recuperaci¨®n econ¨®mica en marcha¡ª solo se ejecute bajo el pleno respeto a las libertades fundamentales que reconoce la Carta y la independencia de poderes. Berl¨ªn se ha mostrado firme a la hora de mantener ese compromiso. Y aunque una minor¨ªa de pa¨ªses se oponga, tiene la virtud de que se decide por mayor¨ªa cualificada. Los opositores iliberales han amenazado con una t¨ªpica toma de rehenes pol¨ªticos: votar en sus Parlamentos contra la decisi¨®n de los nuevos ¡°recursos propios¡± (que exige unanimidad): esto es, contra los ingresos que deben honrar la factura de la deuda a emitir para financiar el plan de recuperaci¨®n. Lo que lo paralizar¨ªa y sumir¨ªa al continente en una crisis a¨²n m¨¢s profunda. Pero resulta que los primeros y m¨¢s graves perjudicados ser¨ªan quienes amenazan con el veto: su importancia para ellos es enorme. Sin contar con la que desde hace ya bastantes a?os suponen los fondos estructurales convencionales de la parte tradicional del presupuesto.

Por una vez pues, la ley democr¨¢tica y el dinero se alinean milim¨¦tricamente. Algo muy oportuno cuando desde otros continentes se pone en duda ese binomio.