Frenar desahucios

Los 18.138 desahucios practicados en los nueve primeros meses del a?o son un fracaso colectivo de las administraciones y la econom¨ªa espa?ola por mucho que la cifra se haya visto reducida respecto a a?os anteriores debido a la paralizaci¨®n de lanzamientos por la pandemia. La cuesti¨®n de la vivienda es un problema estructural en Espa?a, pa¨ªs con uno de los menores parques de vivienda social en alquiler de Europa (un 2,5% del total) y un mercado inmobiliario que ha mostrado graves desequilibrios en la ¨²ltima d¨¦cada. La gran recesi¨®n de 2008 fue especialmente virulenta en Espa?a, entre otras razones, por la gran burbuja de la vivienda que estall¨® en los a?os posteriores. La crisis coloc¨® a las familias m¨¢s vulnerables ante la imposibilidad de afrontar alquileres e hipotecas y puso el foco en 650.000 casas vac¨ªas que no ten¨ªan mercado, servicios financieros cuestionables, una desequilibrada cultura de endeudamiento privado favorecida por los bancos y el fortalecimiento de fondos oportunistas como grandes propietarios de viviendas de alquiler. Esta situaci¨®n de fondo, a la que se suma la crisis vinculada a la pandemia, ha generado una bolsa de pobreza habitacional ante la que el Estado no puede permanecer cruzado de brazos.

En el apartado judicial, la semana pasada se ha conocido una notable sentencia con la que el Tribunal Supremo ha impedido a la Comunidad de Madrid desalojar de uno de sus pisos sociales a una mujer y sus dos hijos peque?os en situaci¨®n de especial vulnerabilidad a los que no ha procurado una soluci¨®n alternativa. La Comunidad entabl¨® en 2017 un proceso para recuperar la casa en la que hab¨ªa alojado en 2015 a la mujer, v¨ªctima de violencia de g¨¦nero, entre otras circunstancias.

El papel central, sin embargo, tiene que ser de la pol¨ªtica. Tras la cuestionable maniobra de Unidas Podemos ¡ªque present¨® de la mano de ERC y EH Bildu una enmienda a sus propios Presupuestos ya pactados para impedir los desahucios de personas vulnerables hasta finales de 2022¡ª, los dos socios del Gobierno han acordado el contenido de un decreto para abordar la situaci¨®n con unos t¨¦rminos que parecen m¨¢s acertados que los de la enmienda. Las familias que habitan una vivienda con contrato cuyo pago no pueden afrontar no ser¨¢n desalojadas hasta el final del estado de alarma, en mayo, si acreditan ante el juez esa imposibilidad. A la vez, las familias vulnerables que okupan viviendas (es decir, sin mediar contrato) no podr¨¢n ser desalojadas, pero solo si el propietario es un gran tenedor (due?o de m¨¢s de 10 inmuebles urbanos) y durante un periodo de tres meses.

Las nuevas medidas, que en principio ser¨¢n aprobadas en un pr¨®ximo Consejo de Ministros, extienden razonablemente la protecci¨®n en medio de una dram¨¢tica situaci¨®n econ¨®mica y sanitaria. Correctamente, se distingue el due?o particular ¡ªpara quien el ingreso de ese alquiler tambi¨¦n puede ser vital¡ª de los grandes tenedores. Es este un paso en la direcci¨®n adecuada, aunque no una soluci¨®n definitiva. Los equilibrios son complejos; toda soluci¨®n tiene que tener en cuenta la seguridad jur¨ªdica y no causar la inhibici¨®n de la puesta en alquiler de pisos, entre otros factores. Una de las claves es una pol¨ªtica m¨¢s ambiciosa de vivienda social en un pa¨ªs rezagado con respecto a otros de Europa. Esto deber¨ªa ser una prioridad tanto de un Gobierno que se jacta de no dejar a nadie atr¨¢s, como de las comunidades aut¨®nomas.