Maduro ante la impugnaci¨®n m¨¢s intolerable

Los reg¨ªmenes populistas, aun cuando exhiban rasgos tir¨¢nicos alarmantes, suelen absorber objeciones institucionales. Defienden una visi¨®n de la vida p¨²blica para la cual la divisi¨®n de poderes, la libertad de expresi¨®n o el pluralismo partidario son ideologemas puestos al servicio de una dominaci¨®n olig¨¢rquica. En cambio, hay una impugnaci¨®n mucho m¨¢s corrosiva. La que denuncia un estado de malestar social originado en la marginalidad y la pobreza. Las cr¨ªticas desde ese ¨¢ngulo son intolerables porque ponen en tela de juicio el supuesto en el que esos sistemas se justifican: la promesa de un distribucionismo igualitario capaz de realizar el cielo en la tierra. Esta es la raz¨®n por la cual el chavismo, en Venezuela, est¨¢ llevando su autoritarismo hacia una nueva frontera. Ya no alcanza con intervenir a las agrupaciones pol¨ªticas. Ha comenzado un avasallamiento sobre las asociaciones humanitarias de la sociedad civil.

Que bajo el mando de Nicol¨¢s Maduro hayan florecido las organizaciones dedicadas a combatir el hambre y la enfermedad no debe llamar la atenci¨®n. Uno de cada tres venezolanos est¨¢ subalimentado. Nueve de cada diez son pobres. La desnutrici¨®n infantil alcanz¨® niveles africanos. M¨¢s de cinco millones de personas dejaron el pa¨ªs en busca de una vida m¨¢s digna. Son las cifras de la emergencia humanitaria.

El colapso sanitario es tan severo que produjo lo imposible. A comienzos del ¨²ltimo junio, los funcionarios de Maduro acordaron con el infect¨®logo Julio Castro, asesor de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaid¨®, un pedido conjunto a la Organizaci¨®n Panamericana de la Salud para que env¨ªe recursos financieros para afrontar la covid-19.

En un contexto tan delicado se multiplicaron las entidades destinadas a la solidaridad. Pero desde hace unos meses, la dictadura comenz¨® a perseguirlas. El chavismo ha ido elaborando un aparato legal que sirve como coartada para el acoso ya no de disidentes, sino tambi¨¦n de grupos dedicados a la promoci¨®n social cuyas actividades no controla. Entre esas regulaciones hay una ley que castiga a las personas que tengan conductas o emitan mensajes inspirados en el odio o la intolerancia. La misma ambig¨¹edad caracteriza a las reglas contra acciones con una supuesta intencionalidad terrorista.

El caso m¨¢s reciente, y m¨¢s escandaloso, en la aplicaci¨®n de este tipo de normas ha sido el desalojo de la sede de la red Alimentar la Solidaridad y, sobre todo, el pedido de captura de su fundador, Roberto Pati?o, que fueron informados por Florantonia Singer en El Pa¨ªs, el pasado 20 de noviembre. Alimentar la Solidaridad es un programa lanzado hace ya cinco a?os, que gestiona la comida diaria de unas 25.000 personas a trav¨¦s de 238 comedores comunitarios. El emprendimiento es interesante por varios motivos. Promueve la organizaci¨®n de los mismos beneficiarios, que administran la infraestructura y aportan su trabajo, como muchos otros voluntarios. Adem¨¢s, adquiere los alimentos de productores de todo el pa¨ªs, evitando intermediaciones costosas y, muchas veces, opacas.

El ¨²ltimo progreso de la agrupaci¨®n fue la firma de un convenio con la tradicional Save the Children, para la entrega de recursos directos a unas 300 familias a trav¨¦s de tarjetas emitidas por Banesco, una empresa financiera internacional, que es l¨ªder en Venezuela.

El Sebin, que es el servicio de espionaje del r¨¦gimen, produjo allanamientos y se lanz¨® detr¨¢s de Pati?o, a pesar de que no es el responsable institucional de Alimenta Solidaridad. Estas agresiones encendieron varias alarmas fuera del pa¨ªs. Una de ellas lleg¨® desde el Vaticano: el secretario de Estado, Pietro Parolin, se comunic¨® con la canciller¨ªa chavista para manifestar su preocupaci¨®n. No debe asombrar. Parolin fue nuncio en Caracas. Y en la creaci¨®n de Alimentar la Solidaridad intervino Alfredo Infante, un jesuita, como el papa Francisco. Por la suerte de Pati?o se interes¨® tambi¨¦n Keith Mines, uno de los l¨ªderes del United States Institute of Peace, una agrupaci¨®n muy pr¨®xima a Juan Gonz¨¢lez, que est¨¢ entre los principales colaboradores de Joe Biden en temas latinoamericanos. Esta alarma, que fue expuesta ante el canciller Jorge Arreaza, es crucial: podr¨ªa endurecer al Instituto de Mines, que est¨¢ destinado a ser un puente para las primeras conversaciones entre el nuevo Gobierno dem¨®crata y Caracas.

El ataque sobre Pati?o y su ONG forma parte de una rutina sistem¨¢tica. La semana pasada la Fuerzas de Acciones Especiales de la Polic¨ªa Nacional ingresaron a las oficinas de Convite, una asociaci¨®n destinada a proveer alimentos y medicinas a adultos mayores e indigentes. El ardid fue alegar una denuncia por manejo de explosivos para poder llevar detenidos a los directivos Luis Francisco Cabezas y Patrizzia Latini, que fueron liberados en un par de horas.

Una agresi¨®n similar se produjo en septiembre, en Caracas. El blanco fue la asociaci¨®n Acci¨®n Solidaria, que asiste a pacientes con VIH y otras enfermedades. En mayo, los agentes del espionaje allanaron la casa del grupo Un Mundo sin Mordaza, dedicado a promover los derechos humanos. Tambi¨¦n la asociaci¨®n M¨¦dicos sin Fronteras fue hostigada.

Pocas horas despu¨¦s del ataque a Convite, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas llamaron denunciaron este avance sobre las ONG. Cl¨¦ment Voule, Irene Khan, Mary Lawlor y Foinnuala N¨ª Aol¨¢in se?alaron que ¡°dada la preocupante situaci¨®n socioecon¨®mica en la que se encuentra el pa¨ªs, que empeor¨® durante la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales son m¨¢s esenciales que nunca para garantizar el acceso a las necesidades y los servicios b¨¢sicos respetando los derechos humanos¡±. A?adieron que ¡°su papel en la protecci¨®n de los derechos humanos y en la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado¡±.

Human Rights Watch tambi¨¦n sigue de cerca estas violaciones a las garant¨ªas elementales para las personas y entidades humanitarias.

Los funcionarios de la ONU llamaron la atenci¨®n sobre un proyecto que ya fue insinuado por algunos jerarcas del chavismo. La pretensi¨®n de, establecida la nueva Asamblea Nacional a partir de las cuestionadas elecciones de comienzos de este mes, emitir leyes que impidan el financiamiento internacional para organizaciones no gubernamentales venezolanas. Los entes que regulan la actividad bancaria est¨¢n hace semanas pidiendo informaci¨®n sobre cuentas de las ONG.

La posibilidad de que se avance en este tipo de legislaci¨®n forma parte de la visi¨®n que el chavismo tiene de las asociaciones de trabajo social y sanitario. Son vistas como m¨¢scaras de una infiltraci¨®n imperial de motivaciones golpistas. Este tipo de paranoia es ajeno a la ideolog¨ªa. El brasile?o Jair Bolsonario, devoto de Donald Trump y ultraderechista, cree los mismo de las organizaciones que luchan por la preservaci¨®n del medio ambiente.

Para el r¨¦gimen venezolano, los voluntarios que luchan contra el hambre y las enfermedades deben ser perseguidos por dos motivos principales. Arrebatan al proyecto populista el monopolio del contacto con los m¨¢s necesitados. Y denuncian, aun sin propon¨¦rselo, que la revoluci¨®n del siglo XXI naufraga en una cat¨¢strofe humanitaria.