Vacuna obligatoria

Nos solemos quejar de la lentitud de la justicia, pero Javier Fraga, el juez que estaba de guardia el viernes por la tarde en Santiago de Compostela, acaba de pulverizar todas las marcas de velocidad registradas por los estudiosos del Derecho. Una anciana incapacitada alojada en una residencia ten¨ªa que vacunarse el domingo, seg¨²n los planes de la Xunta, pero su hija se negaba a hacerlo por presiones familiares y un miedo difuso y apenas explicable a los productos de la big pharma. La residencia llev¨® el tema al juzgado, y el juez Fraga tuvo que tomar una decisi¨®n importante y pionera a velocidades supralum¨ªnicas. Oblig¨® a vacunar a la anciana pese a la oposici¨®n de su hija. Y solo dos d¨ªas despu¨¦s de que le llegara el papeleo, el domingo que estaba previsto por la autoridad sanitaria gallega. La vacuna no ha llegado todav¨ªa al centro, lo que resta impacto narrativo al caso, pero esa es otra historia. La decisi¨®n del juez Fraga sigue siendo esencial, siquiera como precedente.

La argumentaci¨®n del juez es tan interesante como su decisi¨®n misma. Su resoluci¨®n est¨¢ basada en la mejor ciencia disponible, que nos dice que los riesgos asociados a ponerse la vacuna son claramente inferiores a los de no hacerlo. La seguridad de las vacunas de Pfizer y Moderna viene avalada por unos ensayos cl¨ªnicos en los que han participado 70.000 personas. El argumento de la hija para rechazar la vacuna implica un temor bastante com¨²n entre la poblaci¨®n, seg¨²n han revelado las encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas): que no quieren ser conejillos de Indias, que prefieren esperar a que se vacunen otros. La solidaridad no es tan com¨²n como creemos. En cualquier caso, ya hay decenas de miles de voluntarios que se han vacunado antes que la anciana de Santiago, y gracias a ellos sabemos que la vacuna es segura y eficaz.

El juez Fraga tambi¨¦n justifica la urgencia de la medida (olvidemos de nuevo que la vacuna no ha llegado en la fecha prevista). ¡°Pocas cosas hay m¨¢s urgentes que salvar una vida¡±, dice con un argumento francamente dif¨ªcil de refutar. Si sus criterios se extienden, o si acaban sentando jurisprudencia tras un largo recorrido judicial estamento arriba, tendr¨¢n un efecto notable, porque hay residencias por toda Espa?a que est¨¢n emprendiendo acciones judiciales para poder vacunar a los residentes incapacitados pese al rechazo de sus familias. La cuesti¨®n tiene relevancia sanitaria y jur¨ªdica.

La mera idea de que la Administraci¨®n, o alguno de sus poderes, obligue a la gente a meterse una sustancia en el cuerpo contra su voluntad puede producir escalofr¨ªos y acusaciones de incurrir en un Estado cl¨ªnico, dirigido por una ¨¦lite grotesca de tecn¨®cratas desnortados. Pero ceder a las exageraciones de la ciencia ficci¨®n, un g¨¦nero que tiende a llevar todo al l¨ªmite, tal vez no sea la mejor gu¨ªa para interpretar la ley de una forma razonada y profunda. Los dilemas ¨¦ticos que nos vamos a encontrar en el futuro previsible van a ser como el del juez Fraga, menos pomposos y m¨¢s personales, menos abstractos y m¨¢s sensibles a flor de piel. Que un familiar est¨¦ legalmente a cargo de una anciana no le otorga la libertad de hacerle da?o.