La justicia como revancha

Es parad¨®jico que la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine ??ez, est¨¦ detenida, entre otros, por el delito de ¡°terrorismo¡±. Durante su gobierno, que termin¨® en noviembre, los fiscales usaron la misma definici¨®n de ¡°terrorismo¡±, que es excesivamente amplia y ambigua en la legislaci¨®n boliviana, para perseguir a su antecesor, Evo Morales. Ambos casos ponen de manifiesto los riesgos que entra?a un sistema de justicia que responde al poder de turno, y la necesidad urgente de impulsar una reforma profunda.

La falta de independencia del sistema de justicia boliviano se agrav¨® durante los 14 a?os que Morales estuvo en el poder. Durante el gobierno de ??ez, no hubo ninguna mejora. Por el contrario, su Gobierno presion¨® p¨²blicamente a fiscales para que favorecieran sus intereses pol¨ªticos, lo cual result¨® en investigaciones penales por sedici¨®n o terrorismo contra m¨¢s de 100 partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS). Muchos de esos casos estaban motivados en intereses pol¨ªticos.

El expediente de m¨¢s de 1.500 p¨¢ginas contra Morales, al cual tuvimos acceso, no conten¨ªa ninguna prueba de que hubiera cometido actos que efectivamente pudieran calificar como terrorismo. Del mismo modo, los cargos de terrorismo contra ??ez, que tambi¨¦n examinamos, carecen de fundamento.

Morales nunca fue detenido, ya que se exili¨® en el extranjero. ??ez, sin embargo, se enfrenta a cuatro meses de detenci¨®n preventiva y hasta 24 a?os de c¨¢rcel si es condenada.

En octubre, Luis Arce, el candidato del MAS, gan¨® las elecciones presidenciales por una amplia diferencia. Poco despu¨¦s, Arce dijo en una entrevista con EL PA?S que la justicia ¡°es una deuda que tenemos como MAS¡± y prometi¨® que, durante su gobierno, no habr¨ªa presi¨®n pol¨ªtica hacia jueces o fiscales. En noviembre, cre¨® una comisi¨®n de alto nivel, con figuras de oposici¨®n y gobierno, para proponer reformas que permitan establecer un sistema de justicia independiente. Hoy las declaraciones e iniciativas presidenciales parecen promesas vac¨ªas.

De hecho, el Gobierno actual ha defendido las detenciones de ??ez y dos de sus exministros, a quienes la fiscal¨ªa ha acusado de ¡°terrorismo¡±, ¡°sedici¨®n¡± y ¡°conspiraci¨®n¡± por su presunta participaci¨®n en el golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019. La fiscal¨ªa tambi¨¦n ha dictado una orden de detenci¨®n contra otros tres exministros. Abri¨® la causa contra todos ellos a partir de una denuncia de una exdiputada del MAS.

La oposici¨®n niega que haya habido un golpe de Estado y sostiene que Morales renunci¨® despu¨¦s de que miles de bolivianos se manifestaran contra un presunto fraude electoral en los comicios de octubre de 2019. Observadores electorales de la Organizaci¨®n de los Estados Americanos y de la Uni¨®n Europea denunciaron graves irregularidades durante ese proceso. Los partidarios del MAS, en cambio, afirman que no existi¨® fraude y que l¨ªderes opositores conspiraron para hacerse con el poder. Lo que s¨ª est¨¢ claro es que los altos mandos de la Polic¨ªa y de las Fuerzas Armadas le ¡°sugirieron¡± a Morales que renunciara. As¨ª lo hizo.

La Fiscal¨ªa General deber¨ªa investigar rigurosamente las denuncias de violaciones al derecho al voto e intentos de atentar contra la voluntad popular expresada en las urnas, ya sea por efecto de fraude electoral, amenazas u otras acciones destinadas a afectar los resultados.

La imputaci¨®n formal contra ??ez y los dos exministros que pudimos conocer, alega que los tres han ¡°promovido, creado, dirigido, formado parte y prestado apoyo¡± a organizaciones cuyo objetivo era quebrantar el ¡°orden constitucional¡± del pa¨ªs. En el documento no resulta claro cu¨¢l es la evidencia contra ellos.

??ez, que era entonces la segunda vicepresidenta del Senado, se convirti¨® en presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de las cuatro autoridades, del MAS, que la preced¨ªan en la l¨ªnea sucesoria. Una de ellas, el presidente de la C¨¢mara de Diputados, se vio obligado a renunciar luego de que una turba tomara a su hermano como reh¨¦n y le exigiera que se retirara del cargo. El Tribunal Constitucional declar¨® que se deb¨ªa seguir la l¨ªnea de sucesi¨®n y que, por ello, ??ez era la presidenta interina leg¨ªtima de Bolivia.

Durante su presidencia se cometieron graves violaciones de derechos humanos, y los responsables a¨²n no han respondido por sus cr¨ªmenes. El 15 de noviembre de 2019, ??ez dict¨® un decreto que otorg¨® excesivas y discrecionales facultades a las fuerzas militares para emplear fuerza contra manifestantes. Ese mismo d¨ªa, 10 partidarios del MAS fueron asesinados en la localidad central de Sacaba y el 19 de noviembre otros 10 murieron en Senkata, en las afueras de La Paz. Diversos testigos nos dijeron que las fuerzas estatales abrieron fuego contra manifestantes desarmados en los dos casos. Pero el actual proceso penal no se refiere a estos graves abusos, sino a las acciones de ??ez antes de convertirse en presidenta interina, seg¨²n ha explicado el actual ministro de Justicia.

Los partidarios y detractores del MAS tambi¨¦n parecen haber cometido graves actos de violencia en octubre y noviembre de 2019, incluyendo incendios deliberados y secuestros. Algunos partidarios del MAS tambi¨¦n habr¨ªan asesinado a dos manifestantes contrarios a Morales en la localidad de Montero.

En febrero de 2021, la Asamblea Plurinacional, donde el MAS tiene mayor¨ªa, aprob¨® un decreto con un lenguaje sumamente impreciso que establece amnist¨ªas e indultos gen¨¦ricos para beneficiar a los procesados durante el gobierno de ??ez por delitos vinculados con la ¡°crisis pol¨ªtica¡± que empez¨® en octubre de 2019. Los l¨ªderes del MAS han dejado en claro que el decreto est¨¢ concebido para favorecer ¨²nicamente a simpatizantes del MAS.

Las v¨ªctimas merecen una justicia genuina e imparcial, que castigue a todos los responsables de delitos, sin recibir amnist¨ªas ni indultos en funci¨®n de su filiaci¨®n pol¨ªtica. No ayudan en nada a esas v¨ªctimas investigaciones parcializadas que violen los derechos al debido proceso, que socaven el Estado de derecho y que son cuestionadas dentro y fuera de Bolivia.

Durante el gobierno de ??ez, instamos al Ministerio P¨²blico a retirar cargos caprichosos y abusivos, incluyendo contra Evo Morales, y a respetar los derechos humanos de todos, sin selectividad. Hoy, ante el gobierno de Arce, hacemos el mismo llamado.

C¨¦sar Mu?oz Acebes es investigador s¨¦nior de Human Rights Watch y Jos¨¦ Miguel Vivanco es director para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch.