La nueva ley audiovisual: la necesaria cooperaci¨®n

La digitalizaci¨®n ha comportado un cambio de paradigma en el sector audiovisual. Ha cambiado los h¨¢bitos de consumos de la ciudadan¨ªa y las plataformas digitales se han convertido en los principales servicios donde, especialmente los m¨¢s j¨®venes, visionan contenidos audiovisuales. Unas plataformas que, a diferencia de los medios audiovisuales tradicionales, est¨¢n bajo una regulaci¨®n totalmente insuficiente.

Este desequilibrio regulador provoca que, en estos momentos, los contenidos il¨ªcitos o m¨¢s perjudiciales se concentren en el entorno digital, como por ejemplo la proliferaci¨®n de la desinformaci¨®n, los mensajes da?inos para los menores, los que incitan al odio o la publicidad encubierta.

La Comisi¨®n Europea trat¨® de dar respuesta a esta situaci¨®n modificando la directiva de servicios audiovisuales. El objetivo era incorporar en el ¨¢mbito subjetivo de la regulaci¨®n los servicios televisivos a petici¨®n, las plataformas de intercambio de v¨ªdeos y, en su caso, las redes sociales. Y cabe decir, que algunos pa¨ªses ya han introducido esta modificaci¨®n, aprobada por la CE en noviembre de 2018, en sus ordenamientos jur¨ªdicos.

En el Estado, el Ministerio de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital ha concluido dos per¨ªodos de informaci¨®n p¨²blica del anteproyecto de Ley General de Comunicaci¨®n Audiovisual, que tiene car¨¢cter normativo b¨¢sico. Una propuesta que si bien recoge los puntos principales de la nueva directiva europea, presenta algunos d¨¦ficits que a nuestro entender, no contribuyen a una regulaci¨®n equilibrada y eficaz.

En primer lugar, el texto presenta algunas afectaciones competenciales sobre la organizaci¨®n del servicio p¨²blico audiovisual auton¨®mico que estamos convencidos de que en el tr¨¢mite de an¨¢lisis de las alegaciones se corregir¨¢n. As¨ª mismo, entendemos que deber¨ªa ser m¨¢s ambicioso en promover la contribuci¨®n de las grandes plataformas digitales a la producci¨®n local y a la diversidad cultural.

Y en tercer lugar, creemos que el texto propuesto no responde, en lo que hace referencia al marco competencial, al nuevo ecosistema audiovisual. Los retos que tenemos hoy son globales, y requieren m¨¢s que nunca, una actuaci¨®n concertada de todos los organismos reguladores independientes que hay en el Estado. Entre ellos, y con el resto de reguladores europeos.

El anteproyecto deja pr¨¢cticamente en manos de la autorregulaci¨®n y la corregulaci¨®n por parte del propio sector el establecimiento de medidas y mecanismos parar proteger, por ejemplo, los derechos de los menores o de personas con discapacidad. La experiencia demuestra que la autorregulaci¨®n ha ofrecido muchas carencias en Espa?a, bien percibidas por la opini¨®n p¨²blica. Todos somos conscientes de la relevancia de contenidos audiovisuales con conductas sexistas o discriminatorias. Y la frecuente ignorancia de compromisos adquiridos. Los medios pueden desempe?ar un deseable complemento en la regulaci¨®n, pero no sustituir a las organizaciones que garantizan esa protecci¨®n. Es inquietante, en esa misma l¨ªnea, que desaparezca del r¨¦gimen sancionador el incumplimiento de resoluciones de la autoridad audiovisual en pro del pluralismo.

La experiencia alcanzada en estos ¨²ltimos a?os por instituciones pioneras en el Estado como el CAC (creado el a?o 2000), el CAA (creado el 2005), y m¨¢s recientemente, del reci¨¦n creado CACV, permiten aportar y compartir conocimientos en cuestiones tan relevantes como la protecci¨®n de las personas menores de edad, discurso de odio, publicidad encubierta, desinformaci¨®n o alfabetizaci¨®n medi¨¢tica.

Los consejos disponemos de una amplia trayectoria en la regulaci¨®n audiovisual y en los ¨²ltimos a?os ya hemos incorporado sistemas de control de los contenidos de riesgo en el mundo digital. Por todo ello, queremos expresar la oportunidad que ofrece la nueva normativa para poner en valor la tarea que realizan las diferentes autoridades audiovisuales y la necesidad de establecer como un eje b¨¢sico de relaci¨®n, el principio de colaboraci¨®n entre ellas.

De hecho, no se tratar¨ªa de ninguna novedad a nivel europeo, ya que este ha sido el posicionamiento de otros Estados descentralizados, como por ejemplo el alem¨¢n o el belga.

A nuestro entender, pues, es necesario modificar el anteproyecto de Ley de tal manera para adaptar la distribuci¨®n competencial a la nueva realidad audiovisual estableciendo una actuaci¨®n concertada entre las autoridades reguladoras independientes existentes en el Estado en materia de supervisi¨®n y control de los contenidos en las plataformas de intercambio de v¨ªdeos o el control y la supervisi¨®n de las obligaciones relativas a la promoci¨®n de obras europeas de los servicios a petici¨®n, entre otros.

Desde el CAC, el CAA y el CACV queremos participar, desde el principio de optimizaci¨®n de los recursos p¨²blicos, y en colaboraci¨®n con la CNMC, en la regulaci¨®n del nuevo entorno digital en los ¨¢mbitos en los que ya contamos con experiencia contrastada.

Se trata de tener visi¨®n estrat¨¦gica para aunar esfuerzos y garantizar as¨ª una mejor protecci¨®n de los derechos de la ciudadan¨ªa en el entorno digital. Y ser¨ªa una mala t¨¢ctica no actuar con todos los activos de que disponemos. Una colaboraci¨®n, adem¨¢s, que es plenamente consecuente en el marco de un estado descentralizado.

Roger Loppacher es presidente del Consell de l¡¯Audiovisual de Catalunya (CAC); Antonio Checa, presidente del Consejo Audiovisual de Andaluc¨ªa (CAA), y Josep Maria Vidal, presidente del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).