Rehenes de la jerarqu¨ªa cat¨®lica

El 3 de enero de 1979 la Santa Sede y el Gobierno espa?ol firmaban en el Vaticano cuatro Acuerdos ¡ªJur¨ªdico, Econ¨®mico, Ense?anza y Asuntos Culturales, Asistencia Religiosa a los Cat¨®licos de las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Cl¨¦rigos y Religiosos¡ª. No se trataba de la supresi¨®n del Concordato vigente desde 1953, sino de su revisi¨®n o, mejor, de algunos retoques que dejaban intacto el n¨²cleo fundamental de la vieja alianz...

El 3 de enero de 1979 la Santa Sede y el Gobierno espa?ol firmaban en el Vaticano cuatro Acuerdos ¡ªJur¨ªdico, Econ¨®mico, Ense?anza y Asuntos Culturales, Asistencia Religiosa a los Cat¨®licos de las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Cl¨¦rigos y Religiosos¡ª. No se trataba de la supresi¨®n del Concordato vigente desde 1953, sino de su revisi¨®n o, mejor, de algunos retoques que dejaban intacto el n¨²cleo fundamental de la vieja alianza Estado-Iglesia cat¨®lica romana en Espa?a, en beneficio de esta y sin contrapartida alguna por parte del Estado.

Los firmantes fueron, por el Gobierno espa?ol, Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, y por la Santa Sede, el cardenal Jean Villot, secretario de Estado del Vaticano. La firma tuvo lugar tres d¨ªas despu¨¦s de que el texto constitucional se publicara en el BOE, pero las negociaciones tuvieron lugar, sin luz ni taqu¨ªgrafos, durante un largo per¨ªodo de tiempo anterior a ser aprobada la Constituci¨®n. Por eso son considerados preconstitucionales e incluso anticonstitucionales, ya que no respetan la laicidad y la neutralidad del Estado en materia religiosa, como tampoco el principio de la igualdad de todas las religiones ante la ley.

Desde entonces, los diferentes gobiernos que se han sucedido en Espa?a han mantenido intactos dichos Acuerdos, que reconocen a la iglesia cat¨®lica similares privilegios educativos, fiscales, econ¨®micos, fiscales, culturales, jur¨ªdicos e incluso militares a los que disfrutaba durante la dictadura reconocidos por el Concordato de 1953, e incluso los han incrementado como en el caso de la asignaci¨®n tributaria, ya que, durante el primer Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero, se increment¨® el porcentaje a entregar a la iglesia cat¨®lica en la declaraci¨®n de la renta del 0,52% al 0,70%, lo que ha supuesto en los ¨²ltimos a?os la recaudaci¨®n de m¨¢s de 280 millones recibidos por la Conferencia Episcopal Espa?ola sin contrapartida alguna. Con tal actitud todos los gobiernos, absolutamente todos, de derecha, de centro y de izquierda, se han convertido en rehenes de la jerarqu¨ªa cat¨®lica.

Pero no toda la responsabilidad les corresponde a este Gobierno y a los anteriores. Importante responsabilidad, y mayor si cabe, tiene el episcopado espa?ol que, gracias a dichos Acuerdos (Concordato encubierto) sigue disfrutando de ping¨¹es beneficios a los que no est¨¢ dispuesto a renunciar, consciente como es de la clara discriminaci¨®n del resto de las religiones que su situaci¨®n provoca. Por coherencia evang¨¦lica y respeto a la separaci¨®n entre Iglesia y Estado es la propia jerarqu¨ªa la que debe tener la iniciativa en la renuncia a las siguientes prebendas: exenciones fiscales; asignaci¨®n tributaria; decenas de miles de bienes que no son de su propiedad y ha inmatriculado a su nombre acogi¨¦ndose a una ley franquista de 1946, actualizada por Aznar en 1998; ense?anza confesional de la religi¨®n cat¨®lica en la escuela y apoyo a una asignatura no confesional de historia de las religiones en el contexto de la historia de las culturas; Vicariato General Castrense (cat¨®lico), que implica de hecho una militarizaci¨®n de la Iglesia cat¨®lica y la confesionalizaci¨®n del Ej¨¦rcito; exenciones fiscales totales y permanentes.

La jerarqu¨ªa cat¨®lica debe apoyar la reforma del art¨ªculo 16.3 de la Constituci¨®n que constituye una contradicci¨®n in terminis y coloca a la Iglesia cat¨®lica en una situaci¨®n de privilegio constitucional en relaci¨®n con las dem¨¢s religiones. El texto no puede ser m¨¢s expl¨ªcito en el privilegio constitucional de la Iglesia cat¨®lica, lo que implica una grave injusticia religiosa y un atentado contra la laicidad del Estado: ¡°Ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal. Los poderes p¨²blicos tendr¨¢n en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espa?ola y mantendr¨¢n relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia cat¨®lica y las dem¨¢s confesiones religiosas¡±. Lo que se afirma en la primera parte del art¨ªculo 16.3 se niega en la segunda. M¨¢s coherente en esta materia me parece el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n de la II Rep¨²blica espa?ola que no daba lugar a dudas sobre el car¨¢cter laico del Estado espa?ol. ¡°El Estado espa?ol no tiene religi¨®n oficial¡±.

Los obispos espa?oles deben prestar su apoyo a la conformaci¨®n de un Estado laico, que no es contrario a las religiones ni las persigue, sino que es el marco pol¨ªtico y jur¨ªdico que propicia el respeto a la libertad de conciencia, incluida la libertad religiosa.

Mientras no se produzcan estas renuncias o no se exijan por parte del Gobierno, la jerarqu¨ªa cat¨®lica continuar¨¢ siendo un poder f¨¢ctico, legitimado incluso constitucionalmente, reclamar¨¢ ser parte negociadora al mismo nivel que los otros poderes en cuestiones de Estado. Seguir¨¢ sin producirse la necesaria transici¨®n religiosa, que es sin duda la m¨¢s retrasada de todas las transiciones de los ¨²ltimos 45 a?os.

El reciente encuentro de la vicepresidencia segunda del Gobierno, Yolanda D¨ªaz, con el papa Francisco en el Vaticano hubiera sido una muy oportuna ocasi¨®n para haberle planteado la derogaci¨®n de los Acuerdos con la Santa Sede, que no pocos sectores cristianos, movimientos sociales y partidos pol¨ªticos reclaman. Por las informaciones que hemos recibido de tal encuentro, ampliamente difundido, no parece que ni siquiera fue sugerido el tema. ?Otra ocasi¨®n perdida!