Desacato ¡®interruptus¡¯

Paralizar las actividades de un Parlamento sin causa justificada compromete de forma radical el funcionamiento de la democracia. Suspender sus sesiones dos d¨ªas fue la decisi¨®n que adopt¨® la presidenta de la c¨¢mara catalana, Laura Borr¨¤s, mientras el independentismo examinaba su respuesta a la resoluci¨®n de la Junta Electoral Central que obligaba a retirar el esca?o al diputado Pau Juvill¨¤ (CUP). Miembro tambi¨¦n de la Mesa, fue condenado a seis meses de inhabilitaci¨®n por un delito de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a al haberse resistido hasta en cuatro ocasiones a retirar los lazos amarillos de las ventanas de su despacho del Ayuntamiento de Lleida, donde era concejal, durante la campa?a de las elecciones generales de 2019.

No son pocas las dudas leg¨ªtimas que cabe plantear sobre la idoneidad democr¨¢tica de un efecto tan dr¨¢stico y definitivo como la retirada de un esca?o por un delito de esta naturaleza. Otros diputados catalanes se encuentran en situaciones parecidas con riesgo de inhabilitaci¨®n, incluida Laura Borr¨¤s (en un caso de presunta corrupci¨®n), y la misma circunstancia se reprodujo en el Congreso de los diputados cuando la presidenta Batet se vio obligada a retirar el esca?o a Alberto Rodr¨ªguez tras otra decisi¨®n judicial.

Borr¨¤s ha sido m¨¢s intr¨¦pida y embarc¨® a toda la c¨¢mara en un callej¨®n sin salida. Lo hizo sabiendo que no ten¨ªa alternativa a la retirada del esca?o a Juvill¨¤ y con la intenci¨®n de usar su cargo para exhibirse ante los independentistas como adalid de pega de la desobediencia. En la pr¨¢ctica, estaba haciendo todo lo contrario. La dirigente de Junts ha chocado con la misma pared que su predecesor, el republicano Roger Torrent, al que tanto critic¨® por la retirada del esca?o al expresident Quim Torra en cumplimiento de otra sentencia por la misma causa. Durante varios d¨ªas ha promovido la desobediencia al elevado coste de paralizar el trabajo parlamentario por motivos partidistas descarnados (y esa suspensi¨®n impidi¨®, entre otras cosas, aprobar el dictamen de la ley catalana antidesahucios ).

Fueron los funcionarios del Parlament quienes tuvieron que dejar claro que no pensaban dejarse arrastrar hacia la ilegalidad con actuaciones como impedir que Juvill¨¤ pudiera delegar su voto o participar en el pleno. La presidenta de la c¨¢mara no ha incurrido al fin en desacato pero su actuaci¨®n, una vez m¨¢s, ha quedado m¨¢s cerca del activismo que de las funciones que le competen: representar a la totalidad de la c¨¢mara y dirigir con exquisita imparcialidad sus debates. De la desobediencia a esos principios no hay duda en el independentismo que encarna Borr¨¤s, empe?ado en patrimonializar las instituciones e involucrarlas en disputas endog¨¢micas y ajenas al inter¨¦s p¨²blico de la mayor¨ªa. Por fortuna, Borr¨¤s eludi¨® el desacato pero su actuaci¨®n ha comprometido irremediablemente el prestigio del Parlament y el suyo propio como presidenta.