Pol¨ªtica y ¡®mossos¡¯

Las explicaciones que ha dado el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, de ERC y muy pr¨®ximo a Oriol Junqueras, sobre los relevos en la c¨²pula de la polic¨ªa catalana han sido insuficientes, insatisfactorias e inexactas. Lo han sido sobre todo porque pretenden banalizar la destituci¨®n del major de los Mossos d¡¯Esquadra, Josep Llu¨ªs Trapero, celoso de la autonom¨ªa de su profesi¨®n frente a las presiones promovidas desde el poder pol¨ªtico e impermeable ante las procedentes tanto de independentistas como espa?olistas. Su destituci¨®n arrastra hoy una desnuda carga pol¨ªtica pero estuvo en la agenda del Govern desde el mismo momento en que fue restituido, hace poco m¨¢s de un a?o, tras ser absuelto por la Audiencia Nacional en el juicio contra los l¨ªderes independentistas. Ni a Puigdemont ni a Oriol Junqueras gustaron nada sus declaraciones en el juicio sobre el operativo dise?ado para detener a ambos l¨ªderes, en la tormenta ilegal de octubre de 2017, si recib¨ªa la orden de un juez en ese sentido. Hoy sigue a¨²n sin destino asignado. Tampoco se ve en los nombramientos de Elena el ¡°relevo generacional¡± que adujo el conseller, ni la ¡°feminizaci¨®n¡± del cuerpo va mucho m¨¢s all¨¢ de incorporar a la nueva c¨²pula a una mujer, la intendente Rosa Mar¨ªa Bosch. Junto a ella, se rescata para la estructura de direcci¨®n del cuerpo a su antiguo director general, el comisario Eduard Sallent, pr¨®ximo a Junts, bajo el mando de Josep Maria Estela como nuevo jefe de los Mossos.

La destituci¨®n inmediata (solo un d¨ªa despu¨¦s) del responsable de Investigaci¨®n Criminal, el intendente Toni Rodr¨ªguez, multiplica las sospechas sobre la intencionalidad pol¨ªtica y judicial de los ceses. Tanto Rodr¨ªguez como el subinspector de anticorrupci¨®n, Juan Manuel Lazo (que dimiti¨® tras el cese de su superior), tuvieron que pedir amparo al TSJC frente a las presiones pol¨ªticas que dificultaban sus investigaciones, y el tribunal se lo concedi¨®. El cese de Trapero y Rodr¨ªguez ha llegado cuando ambos hab¨ªan blindado investigaciones sensibles sobre corrupci¨®n sin acceder a compartir con sus cargos pol¨ªticos los avances en casos relativos a figuras destacadas del nacionalismo independentista. Las diversas causas abiertas, judicializadas y secretas afectan al exconseller Miquel Buch y la contrataci¨®n irregular de un miembro de la escolta de Puigdemont (bajo la direcci¨®n de Eduard Sallent), a Laura Borr¨¤s, actual presidenta del Parlamento, y el fraccionamiento de contratos a un colaborador af¨ªn cuando era directora de la Instituci¨® de les Lletres Catalanes y al presidente de la Diputaci¨®n de Lleida, Joan Ra?¨¦, en relaci¨®n con el cobro de comisiones ilegales. Otro frente abierto m¨¢s recientemente afecta al acuerdo del consejero de Interior con la CUP para excluir en los desahucios a los antidisturbios, contra el criterio profesional de Trapero.

El conseller Joan Ignasi Elena tendr¨¢ que dar explicaciones en sede parlamentaria a instancias de los grupos de la oposici¨®n que han tachado de purga los ceses, empezando por el l¨ªder del partido mayoritario, Salvador Illa. Tambi¨¦n lo han hecho comisarios del mismo cuerpo policial. El president Aragon¨¨s dispone de margen todav¨ªa para enmendar lo que a todas luces desprende aroma de depuraci¨®n y de intervencionismo pol¨ªtico destinado a desactivar causas judiciales por corrupci¨®n contra altos cargos del independentismo.