Gasolina y espionaje

Nadie pod¨ªa sospechar hace una semana que una trascendental votaci¨®n como la de este jueves en el Congreso estar¨ªa literalmente en el alero. La convalidaci¨®n del decreto con las medidas en respuesta a las consecuencias econ¨®micas de la guerra se ve comprometida por la tormenta pol¨ªtica del caso Pegasus. A ¨²ltima hora del mi¨¦rcoles el Gobierno anunci¨® la tramitaci¨®n del decreto como proyecto de ley en un intento de salvar su aprobaci¨®n, lo que permite las aportaciones de los grupos parlamentarios.

ERC ha abandonado en los ¨²ltimos d¨ªas su posici¨®n inicial tironeado por sus socios de gobierno en la Generalitat, parte de sus bases y algunos sectores de la izquierda. Pere Aragon¨¨s evit¨® confundir en la entrevista con este peri¨®dico el domingo pasado la exigible investigaci¨®n sobre el espionaje y el posible apoyo a la acci¨®n del Gobierno. Desde ese mismo domingo, el Ejecutivo ha desplegado diversas iniciativas orientadas a ofrecer una respuesta sobre la legalidad y las condiciones del espionaje (una investigaci¨®n del Defensor del Pueblo, otra interna del CNI, activar la Comisi¨®n de Secretos Oficiales y que puedan formar parte de ella todos los grupos con representaci¨®n en la C¨¢mara). Todas ellas fueron recibidas con creciente insatisfacci¨®n por el independentismo catal¨¢n. Sub¨ªa un pelda?o m¨¢s la tensi¨®n el martes con la declaraci¨®n firmada por el socio menor del Gobierno, Unidas Podemos, y el resto de partidos que apoyan al Ejecutivo (a excepci¨®n, significativamente, del PNV) para exigir respuestas ¡°inmediatas¡±. La escalada continu¨® ayer mi¨¦rcoles cuando ERC y el mismo Aragon¨¨s exig¨ªan el cese de Margarita Robles tras su tensa intervenci¨®n en la sesi¨®n de control.

Lo que est¨¢ en juego este jueves en el Congreso no tiene que ver con la legalidad de la actuaci¨®n de los servicios secretos o del CNI, sino con las medidas de emergencia que necesita la sociedad espa?ola para aliviar el coste de la crisis. Las propuestas luchan contra los efectos que los precios de la energ¨ªa y una inflaci¨®n muy alta tienen en las cuentas, gastos y previsiones dom¨¦sticas de los espa?oles, las empresas y los aut¨®nomos. De los 16.000 millones de euros previstos en el decreto, 6.000 ir¨¢n en ayudas directas a los ciudadanos por el aumento del precio de los carburantes y 10.000 millones en cr¨¦ditos ICO. La medida m¨¢s popular en este paquete es la bonificaci¨®n de 20 c¨¦ntimos por litro de gasolina, pero tambi¨¦n contiene otras ayudas de diverso tipo, incluido el incremento temporal del 15% en el ingreso m¨ªnimo vital o cientos de millones de euros a sectores como la agricultura y el transporte. Todo pende de un hilo pol¨ªtico demasiado enredado y, sobre todo, ajeno a las motivaciones econ¨®micas y sociales del decreto (o ya proyecto de ley).

Sin el voto de ERC, al Gobierno le queda el PP, que condiciona su apoyo a una bajada de impuestos dif¨ªcilmente asumible por el Ejecutivo y expresamente desaconsejada por organismos internacionales. Como sucedi¨® con la reforma laboral, la pol¨ªtica espa?ola se empe?a en granjearse la incomprensi¨®n ciudadana convirtiendo cada votaci¨®n fundamental en un festival de intereses ajenos a lo que se vota. Una vez m¨¢s, el Gobierno no ha medido la volatilidad de sus apoyos, pero los partidos de la izquierda tendr¨¢n que explicar muy bien a los espa?oles, incluidos los catalanes, que vuelven a pagar el carburante sin descuento o que les pueden subir el alquiler m¨¢s del 2% porque se est¨¢ a la espera de las conclusiones de las investigaciones en marcha sobre el caso Pegasus. Los ciudadanos ya soportan sobre sus hombros la gravedad de la crisis energ¨¦tica; este jueves en el Congreso pueden decidir que carguen tambi¨¦n con las consecuencias del espionaje.