Pegasus contra todos

Desde el lunes se sabe que los tel¨¦fonos institucionales del presidente del Gobierno espa?ol, Pedro S¨¢nchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron atacados con el programa Pegasus, que infecta el m¨®vil para sustraer informaci¨®n de cualquier tipo contenida en ¨¦l, adem¨¢s de escuchar conversaciones o activar la c¨¢mara del aparato. En el caso del presidente se sabe, porque lo ha contado el Gobierno, que se sustrajeron 2,7 gigas de informaci¨®n. Los ataques se produjeron en mayo y junio de 2021, cuando Espa?a sufr¨ªa el acoso de Marruecos en la frontera de Ceuta tras filtrarse la acogida al l¨ªder del Frente Polisario y presidente de la Rep¨²blica ?rabe Saharaui Democr¨¢tica, Brahim Gali, aquejado de covid. Tambi¨¦n por entonces, Pere Aragon¨¨s acababa de convertirse en el primer president de ERC desde Tarradellas, y La Moncloa empezaba a estudiar los indultos a los presos del proc¨¦s. Ese era el contexto espa?ol, aunque ello nada presuponga, sin saber las intenciones ¨²ltimas de quienes se infiltran en el tel¨¦fono del presidente del Gobierno de un pa¨ªs miembro de la UE y de la OTAN. La confirmaci¨®n del espionaje que el ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, consider¨® absolutamente segura, pone en guardia a todas las entidades supranacionales a las que Espa?a pertenece porque no deja de ser un acto de agresi¨®n a la seguridad nacional, venga de donde venga el ataque y buscara lo que buscara. Como otros l¨ªderes europeos han podido comprobar, Pegasus escapa a las reglas y controles del derecho internacional y los esquiva en la misma medida en que lo hacen los para¨ªsos fiscales o los gigantes tecnol¨®gicos. Este es el debate de fondo que urge abrir para tomar medidas ante la repetici¨®n de estas injerencias que socavan los pilares de la democracia.

En Espa?a, el Gobierno ha ido variando en dos semanas su respuesta al esc¨¢ndalo del espionaje con Pegasus a los l¨ªderes independentistas. Del ¡°aqu¨ª no se esp¨ªa y lo vamos a investigar¡± de los primeros d¨ªas, al ¡°solo se hace bajo autorizaci¨®n judicial¡± pasando por el ¡°qu¨¦ se hace frente al desaf¨ªo independentista¡± hasta llegar al giro absoluto de guion del lunes con la confirmaci¨®n de que el propio presidente y su ministra de Defensa fueron espiados hace un a?o. Que la existencia del ataque se haya confirmado ahora, seg¨²n Bola?os, demuestra o bien la inoperancia de los sistemas de rastreo del CNI o la infalibilidad de Pegasus. En cualquiera de los dos casos, es preciso investigar a fondo y obrar a continuaci¨®n hasta las ¨²ltimas consecuencias porque el resultado es una vulneraci¨®n de los derechos de las v¨ªctimas ¡ªsean quienes sean las v¨ªctimas¡ª, y ahora ya tambi¨¦n un peligro para la seguridad nacional.

Al margen de las intrusiones ilegales, la ocasi¨®n deber¨ªa servir para determinar qu¨¦ procedimientos son democr¨¢ticamente aceptables para seguimientos o espionajes legales autorizados por un juez y qu¨¦ procedimientos o instrumentos ¡ªtan invasivos como Pegasus¡ª no son admisibles porque, en un Estado de derecho, el fin no justifica los medios. No permite albergar mucha esperanza sobre un debate serio la respuesta p¨²blica que el lunes dio el presidente del PP, N¨²?ez Feij¨®o, en lo que ya es un patr¨®n de comportamiento: primero, apoyo al Gobierno ante el espionaje, y despu¨¦s sembrar sospechas sobre la casualidad del momento en que se ha revelado el ataque. Tampoco la rivalidad independentista por qui¨¦n es m¨¢s exigente con La Moncloa ayuda a un debate profundo. En cualquier caso, es al Gobierno al que corresponde restablecer la confianza de los ciudadanos en la seguridad de las comunicaciones y despejar dudas sobre la idoneidad o no de los instrumentos que el Estado utiliza para protegerse.