Traumas duraderos

Las informaciones sobre el espionaje a los l¨ªderes independentistas han sobrevolado toda la semana pol¨ªtica hasta llegar a condicionar la aprobaci¨®n de un importante decreto del Gobierno contra los efectos de la guerra en Ucrania. Sali¨® adelante finalmente con el voto en contra de PP, Vox¡­ y ERC, porque los compromisos del Gobierno para aclarar el alcance de ese espionaje fueron insuficientes para convencer a los independentistas. La intervenci¨®n en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se convirti¨® en el pretexto ¨²ltimo para decantar la posici¨®n de Esquerra, pedir la dimisi¨®n de la ministra (tambi¨¦n por parte de Pere Aragon¨¨s desde el Parlamento catal¨¢n) y apostar por el no en la votaci¨®n del pacto anticrisis. Las palabras de la ministra de Defensa que rebelaron a los independentistas no conten¨ªan un agravio u ofensa, sino una descripci¨®n ajustada a la l¨®gica de un Estado que hab¨ªa vivido la amenaza efectiva de un sabotaje democr¨¢tico: sus l¨ªderes hab¨ªan dicho una y otra vez desde 2016 que impulsar¨ªan un proceso unilateral de secesi¨®n de Catalu?a y eso es lo que sucedi¨®, en efecto, tras una votaci¨®n el 1 de octubre de 2017 sin amparo legal, sin requisitos de validez, sin control jur¨ªdico y sin acuerdo con el resto de las fuerzas pol¨ªticas en Catalu?a ni en Espa?a.

La inoportunidad del tono del discurso de Robles en las v¨ªsperas de una relevante votaci¨®n ocurr¨ªa poco despu¨¦s de que el diputado republicano Gabriel Rufi¨¢n le recomendara al presidente del Gobierno que buscara el tel¨¦fono de Alberto Casero, el diputado del PP que se equivoc¨® en la votaci¨®n de la reforma laboral. No tienen responsabilidades equivalentes, pero la refriega parlamentaria no puede ser asim¨¦trica. Y al fondo hay una reflexi¨®n mayor. La exigencia de explicaciones y claridad en el espionaje del caso Pegasus no puede disfrazar lo sucedido hace cinco a?os: la transparencia que demanda hoy ERC sobre el espionaje ¡ªcon justicia y raz¨®n¡ª es la misma que debe prevalecer sobre los hechos de septiembre y octubre de 2017. Mencionar aquellos hechos no puede ser un tab¨² en la pol¨ªtica espa?ola si efectivamente se trata de inaugurar un tiempo nuevo. El efecto emocional y simb¨®lico que la frustrada proclamaci¨®n de independencia tiene en sus seguidores encuentra su otra cara en el sentimiento de desprotecci¨®n y vulneraci¨®n de derechos que vivi¨® la parte mayoritaria de la sociedad catalana no independentista y el resto de la espa?ola. El independentismo es hipersensible a su lado de la historia, hasta el extremo de convertir en impronunciable la conmoci¨®n masiva que vivi¨® esta sociedad durante el intento de secesi¨®n unilateral de 2017.

Pero el regreso a la pol¨ªtica y la negociaci¨®n democr¨¢tica que encarnan tanto el Gobierno de Pedro S¨¢nchez como el de Aragon¨¨s no puede sustentarse en la ocultaci¨®n del pasado. Las decisiones que adopt¨® la exigua mayor¨ªa independentista en el Parlamento catal¨¢n entre los d¨ªas 6 y 7 de septiembre y hasta el 27 de octubre de 2017 condujeron a una ruptura del Estado de derecho que fue juzgada y sentenciada por el Tribunal Supremo y posteriormente indultada por el Gobierno. Nadie ha olvidado la violencia policial del 1 de octubre para intentar reprimir la votaci¨®n ilegal y tampoco nadie ha olvidado la revuelta callejera, dirigida por un misterioso tsunami organizativo, que contest¨® a las sentencias del Supremo en octubre de 2019. No parece il¨®gico que los servicios secretos activasen ¡ªbajo el control jur¨ªdico correspondiente¡ª sus mecanismos de espionaje. Ahora se trata de determinar hasta d¨®nde lleg¨® ese espionaje y si en todos los casos se cumpli¨® la ley y el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas por un sistema tan invasivo como Pegasus. Pero el precio de las alianzas y negociaciones pol¨ªticas entre los dos Gobiernos no puede ser un pacto de silencio sobre unos hechos que provocaron mucho sufrimiento personal a sus protagonistas y heridas emocionales profundas a toda la sociedad.