La amenaza del ¡®caso Assange¡¯

Julian Assange no es un periodista cualquiera. La aprobaci¨®n por el Gobierno brit¨¢nico de su extradici¨®n a Estados Unidos, acusado de 18 delitos, incluido uno de espionaje, trasciende el caso particular del fundador de WikiLeaks y supone una advertencia inquietante para el ejercicio del periodismo en las democracias occidentales. Washington persigue judicialmente a Assange por la difusi¨®n por parte de WikiLeaks de informaci¨®n confidencial, registros militares y cables diplom¨¢ticos que considera que puso vidas en peligro. Pero la Fiscal¨ªa estadounidense no ha sido capaz de presentar ni un solo caso en que los documentos de la organizaci¨®n de Assange verificados exhaustivamente y publicados, entre otros medios, por EL PA?S, The New York Times, The Guardian, Le Monde o Der Spiegel contuvieran informaci¨®n que pudiera poner en peligro la vida de una persona.

Lo que s¨ª ha llegado a la opini¨®n p¨²blica mundial gracias a las informaciones obtenidas y facilitadas por WikiLeaks son pruebas de mentiras, deformaciones de la verdad y abusos contra la poblaci¨®n civil en las guerras de Afganist¨¢n e Irak. Tambi¨¦n importantes presiones de la Administraci¨®n estadounidense sobre diferentes gobiernos. Se trata de una informaci¨®n leg¨ªtima y necesaria que hab¨ªa sido ocultada retorciendo injustificadamente el alcance del concepto de secreto de Estado. El poder se defiende ante la filtraci¨®n de lo que quiere ocultar: eso es todo.

El devenir personal de Assange ha sido complejo y su imagen p¨²blica ha adoptado gestos entre la provocaci¨®n antisistema y el histrionismo del estrellato. Pr¨®fugo de la justicia sueca, acusado de violaci¨®n y abusos sexuales, fue condenado a casi un a?o de c¨¢rcel por la justicia brit¨¢nica por saltarse las restricciones de su libertad provisional en 2012 mientras se dirim¨ªa su extradici¨®n a Suecia. Pero el activista, que siempre ha defendido su inocencia, se refugi¨® en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneci¨® siete a?os con el benepl¨¢cito del presidente Rafael Correa, mientras era espiado. En ese tiempo Suecia cerr¨® el caso ante las dificultades de procesarlo; no as¨ª Estados Unidos. La decisi¨®n del Gobierno brit¨¢nico es recurrible, pero ser¨¢ ya su ¨²ltimo cartucho.

Nada de lo anterior puede interponerse en el derecho de los medios de comunicaci¨®n a difundir informaci¨®n veraz ¡ªy de una manera responsable, como se hizo¡ª y el del p¨²blico a conocerla: la fortaleza de las democracias depende de la solvencia y fortaleza de sus medios, y del atrevimiento para sacar a la luz precisamente aquello que el poder desea mantener oculto. Eso es lo que sucedi¨® con los documentos de WikiLeaks. El derecho a la informaci¨®n est¨¢ protegido por todos los ordenamientos constitucionales democr¨¢ticos. Perseguir a una figura emblem¨¢tica cuya tarea fue la de facilitar el acceso del p¨²blico a informaci¨®n relevante no solo es un castigo individual; contiene una velada amenaza contra los profesionales dispuestos a volver a hacerlo.