Cuando un v¨ªdeo revela la impunidad del Ej¨¦rcito de Estados Unidos

Al d¨ªa siguiente de que WikiLeaks difundiese el v¨ªdeo que mostraba el ataque de dos helic¨®pteros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el 12 de julio de 2007 en Bagdad y que caus¨® la muerte del fot¨®grafo de Reuters, Namir Noor-Eldeen, su padre se hizo la siguiente pregunta: "Si un incidente de estas caracter¨ªsticas tuviese lugar en Estados Unidos, ?qu¨¦ har¨ªan?". El lamento del progenitor del reportero gr¨¢fico de Reuters es en s¨ª mismo un interrogante de alcance mundial.

?Puede la justicia internacional actuar contra el Ej¨¦rcito estadounidense cuando alguno de sus militares comete cr¨ªmenes o violaciones de la legalidad en conflictos armados? La respuesta es simple: Washington no quiere. "Estados Unidos se sustrae de cualquier procedimiento y pone numerosas vallas para que no se hagan juicios a sus mandos militares", asegura Giulia Tamayo, Responsable de Investigaci¨®n y experta en jurisdicci¨®n de Amnist¨ªa Internacional (AI).

Las im¨¢genes sobre el suceso del 12 de julio de 2007 en Bagdad dieron la vuelta al mundo. En ellas se ve c¨®mo un artillero estadounidense dispara desde un helic¨®ptero Apache contra un grupo de iraqu¨ªes. Uno de ellos est¨¢ armado con un Kalashnikov, pero entre todos se encuentra el fot¨®grafo de la agencia Reuters, Namir Noor-Eldeen, y su conductor, Saeed Chmagh. El Pent¨¢gono reconoci¨® la autenticidad del v¨ªdeo, pero asegur¨® que no ha encontrado entre sus archivos m¨¢s copias.

La posici¨®n oficial de los mandos militares norteamericanos fue que actuaron ante una amenaza terrorista. El mismo d¨ªa del ataque, el coronel Scott Bleichwehl, portavoz de las tropas estadounidenses en Bagdad, asegur¨® en The New York Times que fueron "operaciones de combate contra una fuerza hostil".

"Error terrible"

En el v¨ªdeo se oye c¨®mo uno de los artilleros pide permiso para disparar y este se le concede cuando se confirma que los hombres est¨¢n armados. Pero Noor-Eldeen va cargado con su c¨¢mara. "Aunque existiese amenaza, es un error terrible", asegura Edward Burke, quien ha estado los dos ¨²ltimos meses en Irak y es especialista en tendencias pol¨ªticas en el Golfo P¨¦rsico de la Fundaci¨®n para las Relaciones Internacionales y el Di¨¢logo Exterior (FRIDE). "El contexto es una tragedia y una evidencia de que se comenten errores. Los soldados ten¨ªan que haber identificado al camar¨®grafo, ten¨ªan que haber seguido las reglas de enfrentamiento y, si no lo hicieron, debe investigarse y las conclusiones tienen que hacerse p¨²blicas", asegura Mohamed Abdel Dayem, delegado para Oriente Pr¨®ximo del Comit¨¦ para la Protecci¨®n de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingl¨¦s). Las reglas de enfrentamiento (rules of engagement) son directivas emitidas al Ej¨¦rcito que definen las circunstancias bajo las cuales puede emplear la fuerza dentro de los l¨ªmites autorizados por el derecho interno e internacional en los conflictos armados.

Hace dos a?os, Reuters, como empresa estadounidense, pidi¨® al Gobierno acceder a los documentos clasificados, pero no obtuvo respuesta. La agencia se acogi¨® al derecho a obtenerlas bas¨¢ndose en el Acta de Libertad de Informaci¨®n, una ley federal, firmada en 1966, que recoge que la Administraci¨®n tiene el deber de proveer informaci¨®n completa a organizaciones y ciudadanos de todos los archivos que no est¨¦n espec¨ªficamente exonerados. Pero el Gobierno y el Pent¨¢gono siguieron guardando silencio hasta que WikiLeaks public¨® el v¨ªdeo.

Tras la difusi¨®n de las im¨¢genes, fuentes militares del Comando Central informaron a Reuters que se reabrir¨ªa una investigaci¨®n interna para saber si se cumplieron las reglas de enfrentamiento. En 2007, el Pent¨¢gono concluy¨® que las Fuerzas Armadas estadounidenses respetaron las normas. El General Vicent K. Brooks, quien por aquel entonces era comandante en jefe de las tropas estadounidenses en Bagdad y ¨¢reas de alrededor, asegur¨® que los pilotos no ten¨ªan ning¨²n conocimiento de la existencia de trabajadores de Reuters. Ante esto, los mandos militares no tomaron ninguna acci¨®n disciplinaria.

Sin embargo, la r¨¢faga de disparos contra un herido, socorrido por una furgoneta que los militares estadounidenses identificaron perteneciente a los insurgentes, y la existencia de ni?os que se encontraban dentro del veh¨ªculo cuestionan el respeto de las reglas. Despu¨¦s del v¨ªdeo de WikiLeaks, algunos militares estadounidenses en diversos medios de comunicaci¨®n han puesto tambi¨¦n en duda el cumplimiento de las normas. "Si cualquier ej¨¦rcito comete un crimen, el Gobierno tiene el deber de investigarlo y hacerlo p¨²blico", afirma el portavoz del Comit¨¦ para la Protecci¨®n de los Periodistas. Pero Washington no parece dispuesto a hacerlo y, adem¨¢s, la legislaci¨®n internacional salvaguarda sus acciones.

Inmunidad en la guerra

Desde hace d¨¦cadas, Washington pugna por inmunizar a sus soldados contra el procesamiento por cr¨ªmenes de guerra. Sus normas procesales contienen toda una trama favorecedora de la impunidad de sus actos militares. Seg¨²n la cuarta Convenci¨®n de Ginebra, la poblaci¨®n civil est¨¢ protegida en los conflictos armados, pero el Ej¨¦rcito estadounidense, como otros, justifica estas muertes como "da?os colaterales" en mitad de la contienda. La aparici¨®n de conflictos no convencionales como las conocidas guerras asim¨¦tricas, que se llevan a cabo en Irak o Afganist¨¢n, donde no hay un frente determinado y los insurgentes act¨²an con actos terroristas, hace m¨¢s vulnerables a los civiles y, en consecuencia, al periodista en el ejercicio de su profesi¨®n. El art¨ªculo 79 de la Convenci¨®n de Ginebra afirma que "los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado ser¨¢n considerados personas civiles".

De demostrarse que el da?o colateral es un crimen, la Corte Penal Internacional (CPI) podr¨ªa actuar contra determinados mandos militares, pero en el caso de Estados Unidos no se puede. Poco antes de abandonar la Casa Blanca, el ex presidente Bill Clinton firm¨® el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo del CPI, pero George W. Bush nunca lo ratific¨®. Tampoco Barack Obama. Estados Unidos, Israel y China, entre las potencias m¨¢s destacadas, han defendido sus principios de soberan¨ªa para hacer causa com¨²n contra este tratado.

Con este panorama, Washington es el ¨²nico garante de la aplicaci¨®n de la justicia en los cr¨ªmenes de sus ciudadanos fuera de sus fronteras. Adem¨¢s, el Gobierno estadounidense ha firmado acuerdos bilaterales de inmunidad con m¨¢s de medio centenar de pa¨ªses y, asimismo, crea entramados legales en el marco de las guerras. En Irak, estos privilegios legales inclu¨ªan en los primeros a?os del conflicto a los mercenarios de la empresa de seguridad Blackwater, que lleg¨® a ser el mayor contratista privado del Gobierno de EE UU, recibiendo millones de d¨®lares por misiones de seguridad y protecci¨®n de diplom¨¢ticos.

"Cualquier acci¨®n contra un soldado norteamericano que act¨²a en un conflicto armado en el extranjero tiene que ser autorizada por el fiscal general de Estados Unidos (el ministro de Justicia)", afirma el abogado Leopoldo Torres Boursault, ex fiscal general del Estado y abogado de la familia de Jos¨¦ Couso, camar¨®grafo de Telecinco muerto en Irak el 8 de abril de 2003 en el ataque de un tanque estadounidense. Sin embargo, el Gobierno de EE UU evita esta actuaci¨®n para no generar sentimientos antiamericanos en el mundo o, especialmente, alegando motivos de seguridad nacional. "Si prospera tiene que ser por causa mayor o presi¨®n popular, pero s¨ª conviene decir que la opini¨®n p¨²blica norteamericana no es f¨¢cil que se escandalice por este tipo de acciones. Se consideran en estado de guerra en Irak y Afganist¨¢n y se sienten en un estado de leg¨ªtima defensa", afirma Torres. Este tipo de presi¨®n fue la que surgi¨® tras el esc¨¢ndalo destapado por la prensa estadounidense de las torturas y abusos de la prisi¨®n de Abu Ghraib en Irak, pero no sucedi¨® lo mismo para juzgar el asesinato del periodista Mazen Dana, cuya muerte recuerda a la de Namir Noor-Eldeen. Dana muri¨® en agosto de 2003 en Bagdad con su c¨¢mara al hombro que el Ej¨¦rcito estadounidense confundi¨® con un lanzagranadas.

'Caso Couso'

En Espa?a, es relevante en este sentido el caso de Jos¨¦ Couso, que se encontraba filmando en el piso 14 del hotel Palestina, sede de la prensa internacional en Bagdad, cuando un misil de un tanque norteamericano alcanz¨® la planta 15. "Se necesita cooperaci¨®n por parte de Estados Unidos y no la hay. Tendr¨ªa que empezar por tomar declaraci¨®n a los responsables de la muerte de Jos¨¦ Couso y eso no sucede", asegura Torres. Por aquel entonces, Washington comunic¨® tambi¨¦n que sus militares actuaban en defensa propia, aunque diversos testigos aseguran que no hubo ning¨²n ataque previo contra las tropas norteamericanas.

El caso de Couso est¨¢ pendiente de la sala segunda del Tribunal Supremo. El juez instructor Santiago Pedraz curs¨® una orden internacional de detenci¨®n previo procesamiento de sujetos, pero la sala de lo penal anul¨® todas las decisiones tomadas por el instructor contra los tres ocupantes del carro de combate que mat¨® al c¨¢mara de Telecinco. Sin embargo, su familia est¨¢ dispuesta a agotar todas las posibilidades. "Iremos si hace falta al Tribunal de Estrasburgo", asegura Javier Couso, hermano del fallecido, consciente de la red legal que impide actuar contra Estados Unidos. "La orden de arresto a un militar estadounidense puede venir de un juez espa?ol, por ejemplo, o de la Interpol o Europol y, si al acusado se le ocurre abandonar Estados Unidos, puede ser detenido fuera de su pa¨ªs. El problema es que muchas veces los intereses pol¨ªticos y comerciales pueden detener estas causas", asegura la experta de Amnist¨ªa Internacional, que a?ade, a modo de recordatorio: "Pero todo paso es importante para el derecho internacional, porque una cosa es preservar el principio de soberan¨ªa y otra muy distinta es dar carta de impunidad a los criminales".

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