?Tiene la primera ministra derecho a bailar?
Privar a quienes ejercen funciones de gobierno de sus espacios de intimidad resulta insano. Desplazar el debate p¨²blico de la pol¨ªtica a la persona cambia por completo el modo en que hemos entendido la democracia
La divulgaci¨®n de im¨¢genes de Sanna Marin en una fiesta privada ha generado una marea de cr¨ªticas en las redes sociales con la consecuencia de que se ha sometido voluntariamente a un test de drogas. En el pasado, los medios han publicado con frecuencia noticias relativas a la vida privada de gobernantes. Hoy, Internet modula significativamente el impacto de este tipo de noticias.
La vida privada puede ceder ante la presencia de elementos que posean relevancia p¨²blica suficiente y sirvan para contribuir a la conformaci¨®n de una opini¨®n p¨²blica libre. No obstante, la condici¨®n p¨²blica de una persona no s¨®lo no implica una renuncia a este derecho, sino que alcanza a su tutela en el espacio p¨²blico. El Tribunal Constitucional (caso ?lvarez Cascos) consider¨® intromisi¨®n ileg¨ªtima la divulgaci¨®n de im¨¢genes de un personaje p¨²blico, tomadas en momentos privados y en un lugar p¨²blico sin su consentimiento. La notoriedad derivada de la actividad pol¨ªtica no priva del derecho a mantener un ¨¢mbito reservado de la propia vida, ya que corresponde a cada persona acotar el ¨¢mbito de intimidad personal y familiar que se reserva. Este derecho es esencial para el desarrollo de la personalidad, y su protecci¨®n se extiende m¨¢s all¨¢ del c¨ªrculo familiar, incluyendo las relaciones sociales.
La evoluci¨®n de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n ha causado un profundo impacto en este escenario. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia del caso Von Hannover, subray¨® los riesgos derivados del uso de las nuevas tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y las comunicaciones, aplicando la Resoluci¨®n 1165 (1998) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el derecho a la vida privada. Esta integra en el art¨ªculo 8 del Convenio de 1950 el derecho fundamental a la protecci¨®n de datos, relevante para el caso que nos ocupa. El Reglamento General de Protecci¨®n de Datos, al igual que hiciera la Directiva 95/46/CE, habilita a los Estados miembros a conciliar mediante regulaci¨®n legal la protecci¨®n de datos con el derecho a la informaci¨®n y la libertad de expresi¨®n. Buen ejemplo de ello son las reglas deontol¨®gicas relativas al tratamiento de datos en el ejercicio de la profesi¨®n period¨ªstica del Anexo I al C¨®digo Legislativo Italiano sobre protecci¨®n de datos. Estas reglas definen l¨ªmites como el respeto a la inviolabilidad del domicilio, la tutela del inter¨¦s superior del menor, la limitaci¨®n del tratamiento de categor¨ªas especiales de datos y la garant¨ªa de la dignidad de la persona, particularmente en caso de enfermedad. Conforme a las reglas, la revelaci¨®n de aspectos de la vida privada debe ser indispensable en raz¨®n de la originalidad del hecho, de la descripci¨®n de la forma en que se produjo y de las caracter¨ªsticas de los protagonistas. Sin embargo, la intimidad de las personas que ejercen funciones p¨²blicas debe ser respetada si las noticias o los datos no tienen relaci¨®n con su funci¨®n o con la vida p¨²blica. La autoridad de protecci¨®n de datos italiana tuvo que pronunciarse en su d¨ªa sobre las fotos de las fiestas de Silvio Berlusconi en Villa Certosa. Orden¨® el bloqueo cautelar y, posteriormente definitivo, de su difusi¨®n en 2007 y 2009. En opini¨®n del garante, se trataba de im¨¢genes relativas a conductas estrictamente personales recogidas mediante t¨¦cnicas de intrusi¨®n dentro de los lugares de residencia privada, sin el conocimiento de las personas afectadas y, en todo caso, sin su consentimiento.
En el caso de la primera ministra, asistimos a un fen¨®meno cuyos riesgos deber¨ªamos evaluar. En esencia, se difunde la grabaci¨®n de una pol¨ªtica bailando durante sus vacaciones y la informaci¨®n se utiliza mediante una campa?a orquestada para cuestionar su capacidad como gobernante. La referencia en el audio de la grabaci¨®n a la ¡°pandilla de la harina¡± es suficiente para inferir que se estaba consumiendo coca¨ªna. Aunque ser¨ªa muy relevante que un cargo p¨²blico de esta entidad fuese adicto o adicta, a partir de una simple inferencia se pone en cuesti¨®n a un Gobierno hasta el punto de someterse voluntariamente a un test de drogas. Y ello plantea hip¨®tesis ciertamente inquietantes.
La discusi¨®n sobre la relevancia p¨²blica de las im¨¢genes admite todo tipo de argumentos. Podr¨ªa afirmarse, llegados al extremo, que existe un inter¨¦s social en conocer c¨®mo se divierte una gobernante. Esto la humaniza, la acerca a la poblaci¨®n y permite hacer un juicio sobre su personalidad. Sin embargo, no puede obviarse que las im¨¢genes fueron obtenidas en una fiesta privada y compartidas en una cuenta cerrada de una red social. Sin embargo, lo relevante es su uso instrumental en un contexto de digitalizaci¨®n.
Hoy todos nos exponemos a millares de impactos. Algunos pueden responder a acciones de ciberguerra y obligan a los altos cargos a adoptar conductas preventivas. Otros, como las herramientas de an¨¢lisis neuroemocional, el perfilado, el seguimiento y la indexaci¨®n constante podr¨ªan aplicarse a los protagonistas de la pol¨ªtica (Cambridge Analytica). En un escenario de datos masivos, la anal¨ªtica del lenguaje o de las im¨¢genes ofrece un espacio para la formulaci¨®n de modelos predictivos sobre la conducta en pol¨ªtica y su percepci¨®n social. ?C¨®mo afectar¨ªa a la salud de la democracia un escenario de escrutinio permanente y sistem¨¢tico de la vida privada de los personajes pol¨ªticos que ofreciera un modelo predictivo sobre su toma de decisiones o evaluase en tiempo real su estado de salud o emocional?
La pol¨ªtica ha apostado por asumir la infocracia (en definici¨®n de Byung-Chul Han), un modelo en el que el debate p¨²blico de los programas y los procesos de discusi¨®n p¨²blica de las decisiones de gobierno se sustituyen por la sobreexposici¨®n en las redes sociales y por la gesti¨®n emocional e inmediata de lo pol¨ªtico. Pero este modo de hacer las cosas genera riesgos. La transparencia se traslada del Gobierno al gobernante y el debate se desplaza de la pol¨ªtica a la persona. El espacio de penumbra que ofrece la vida privada desaparece por completo. No existe un tiempo para recargar las pilas, el personaje pol¨ªtico debe controlar cada milisegundo de su vida y de la de su entorno. Se sabe expuesto a un escrutinio permanente que se remonta al inicio de su carrera y aun antes. Cualquiera puede grabar y difundir im¨¢genes, incluido el c¨ªrculo de confianza. Una frase en un chat, un correo electr¨®nico, un tuit que parec¨ªa borrado¡ Todo puede ser reutilizado en el mundo de la toxicidad de las redes sociales, de la conformaci¨®n de debates multitudinarios a la par que ficticios entre bots, de discusiones p¨²blicas basadas en fake news.
Esto cambia por completo el modo en que hemos entendido la democracia y el debate p¨²blico. Intoxica la cr¨ªtica, traslada el debate p¨²blico de la pol¨ªtica a la persona. Transmuta la esencia de la falacia ad hominem de t¨¦cnica discursiva a objeto mismo del debate, de medio a fin. El debate sobre lo p¨²blico se convierte en una permanente tertulia de prensa amarilla. Y este estado de cosas genera riesgos sustanciales. Privar a las personas que ejercen funciones de gobierno de sus espacios de intimidad es insano. Juzgarles por su vida privada nos conduce como sociedad a ser gobernados desde un juicio fuertemente condicionado por la manipulaci¨®n emocional propia de las redes sociales.
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