Conjura en el CGPJ
La conspiraci¨®n de un pu?ado de juristas conservadores lleva al l¨ªmite al ¨®rgano de gobierno de los jueces
Las noticias procedentes de la instituci¨®n m¨¢s importante del poder judicial siguen siendo funestas: nada invita a rebajar la alarma que este peri¨®dico ha expresado repetidas veces. La conspiraci¨®n armada por un grupo de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial para dilatar la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional tiene una finalidad irreconciliable con un sistema democr¨¢tico en el que los jueces act¨²an con indepen...
Las noticias procedentes de la instituci¨®n m¨¢s importante del poder judicial siguen siendo funestas: nada invita a rebajar la alarma que este peri¨®dico ha expresado repetidas veces. La conspiraci¨®n armada por un grupo de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial para dilatar la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional tiene una finalidad irreconciliable con un sistema democr¨¢tico en el que los jueces act¨²an con independencia del poder ejecutivo para cumplir con la ley (en lugar de conculcarla). Espa?a ha vivido la experiencia de encarcelar a dirigentes pol¨ªticos en activo por desobedecer abiertamente la ley, como sucedi¨® en Catalu?a y sentenci¨® en su momento el Tribunal Supremo con altas penas de c¨¢rcel por sedici¨®n. Hoy son juristas y magistrados del ¨®rgano de gobierno de los jueces nombrados en su d¨ªa a propuesta del PP ¡ªJos¨¦ Antonio Ballestero, ?ngeles Carmona, Nuria D¨ªaz, Juan Manuel Fern¨¢ndez, Carmen Llombart, Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas, Juan Mart¨ªnez Moya y Gerardo Mart¨ªnez Trist¨¢n¡ª quienes han impedido cumplir la ¨²ltima reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, aprobada en el Parlamento el 27 de julio para renovar los miembros del Constitucional que le corresponden al Consejo antes del 13 de septiembre, es decir, hoy termina el plazo.
Este lunes este grupo se limit¨® a comunicar los dos nombres que participar¨¢n con el sector progresista en una nueva comisi¨®n destinada a negociar ¡°las bases¡± sobre las que debe discurrir ¡°el di¨¢logo¡± a partir de este martes. No es solo una pr¨¢ctica dilatoria: es un sabotaje perpetrado desde la c¨²pula del poder judicial que prolonga la mayor¨ªa conservadora que hoy tiene el Tribunal Constitucional y que leg¨ªtimamente deber¨ªa pasar a ser progresista, en una alternancia preservada durante m¨¢s de 40 a?os de democracia. La incomprensi¨®n europea ante la actual situaci¨®n se ha expresado en diversas ocasiones por voces autorizadas. Volvi¨® a ponerse de manifiesto con una carta de la vicepresidenta de la Comisi¨®n Europea, V¨§ra Jourov¨¢, dirigida al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. En ella le instaba sin reservas a acabar con la ¡°desesperada situaci¨®n¡± del poder judicial espa?ol, en alusi¨®n a los casi cuatro a?os del bloqueo, y recordaba tambi¨¦n que en ning¨²n caso el funcionamiento de las instituciones del Estado puede formar parte del debate pol¨ªtico y, menos a¨²n, ¡°ser reh¨¦n de ese debate¡±.
La renovaci¨®n del Constitucional se debe completar con los dos nombres que corresponde proponer al Gobierno, y esa ha sido la pr¨¢ctica com¨²n, tanto con gobiernos socialistas como populares. Incluso fue un gran capit¨¢n de la derecha como Jose Mar¨ªa Aznar, quien dej¨® en suspenso el nombramiento de dos jueces de este tribunal porque su mandato de presidente estaba en funciones tras perder las elecciones el PP frente a Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en 2004.
No hay precedentes en esta democracia de un obstruccionismo ilegal e irresponsable como el que se est¨¢ produciendo en este momento y que sume al CGPJ en un desprestigio corrosivo e in¨¦dito. La ejemplaridad social esperable en tan altos representantes del poder judicial no est¨¢ en entredicho; est¨¢ directamente descartada tras la decisi¨®n de expresar sus diferencias con el Gobierno incumpliendo una ley aprobada por los representantes de los espa?oles en el Congreso de los Diputados. Es imposible digerir civil, moral y pol¨ªticamente que quienes tienen en el cuerpo central de sus funciones la aplicaci¨®n de la ley la ignoren cuando les afecta.