Para qu¨¦ sirven los impuestos

La pol¨ªtica fiscal de un Gobierno es la columna vertebral que sostiene el Estado de bienestar: no hay democracia cabal sin un sistema impositivo, progresivo y solidario que proporcione los recursos necesarios para que el Estado haga frente a su pol¨ªtica de pagos. No hay remedio m¨¢gico contra el empobrecimiento econ¨®mico, pero un Gobierno dispone de los impuestos como arma clave para mitigar la desigualdad y contrarrestar el aumento disparado del coste de la vida de las clases medias. En los ¨²ltimos d¨ªas,...

La pol¨ªtica fiscal de un Gobierno es la columna vertebral que sostiene el Estado de bienestar: no hay democracia cabal sin un sistema impositivo, progresivo y solidario que proporcione los recursos necesarios para que el Estado haga frente a su pol¨ªtica de pagos. No hay remedio m¨¢gico contra el empobrecimiento econ¨®mico, pero un Gobierno dispone de los impuestos como arma clave para mitigar la desigualdad y contrarrestar el aumento disparado del coste de la vida de las clases medias. En los ¨²ltimos d¨ªas, hemos asistido a un debate sobre la fiscalidad que pone el acento en aliviar los impuestos de una parte minoritaria y rica de la poblaci¨®n mientras deja de lado la necesaria solidaridad interterritorial.

Las dos reformas que Espa?a tiene pendientes son de calado: una reforma fiscal que dise?e un sistema tributario para el siglo XXI y la del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. La primera, comprometida con la UE para 2023 en el marco de los fondos de recuperaci¨®n Next Generation, se anticipa de dificil¨ªsima negociaci¨®n ante la toma de posici¨®n reiterada por el PP. Su defensa de una rebaja indiscriminada de impuestos (sin distinguir si hay recesi¨®n o expansi¨®n, si hay d¨¦ficit o super¨¢vit) se ha erigido en bander¨ªn de enganche demag¨®gico. Es una falsa soluci¨®n que no recomienda ni la OCDE ni el FMI ni ning¨²n centro econ¨®mico serio, y adem¨¢s es insolidaria porque debilita al mejor instrumento de protecci¨®n del que dispone la inmensa mayor¨ªa de la poblaci¨®n: unos buenos servicios p¨²blicos.

La segunda reforma pendiente desde 2014 es la financiaci¨®n auton¨®mica, donde se enmarca la propuesta sobre el impuesto sobre el patrimonio de Andaluc¨ªa. El r¨¦gimen actual otorga a las comunidades una capacidad normativa limitada, pueden establecer impuestos de nuevo cu?o si no se superponen ni invaden los centrales y pueden modular los tipos estatales mediante recargos o bonificaciones. Imponer una exenci¨®n del 100% del impuesto, como es el caso, no solo contradice el esp¨ªritu de un gravamen ¡ªque es com¨²n aunque se gestione por parcelas¡ª, sino que representa una renuncia a unos ingresos ahora m¨¢s necesarios que nunca. Aunque la capacidad recaudatoria de este impuesto es relativamente peque?a, en torno a 1.000 millones anuales en toda Espa?a, su eliminaci¨®n afecta a un porcentaje muy reducido de la poblaci¨®n, que es adem¨¢s el que menos angustias sufre en los malos tiempos.

La eliminaci¨®n del impuesto sobre el patrimonio choca frontalmente con un PP que ha labrado su perfil con apelaciones patri¨®ticas a la unidad de Espa?a. ?Contribuye a la unidad la invitaci¨®n a la fuga de cerebros, capitales o empresas de unas comunidades aut¨®nomas a otras? Esta operaci¨®n configura una competencia desleal o dumping fiscal, e implica asimismo una dejaci¨®n de la responsabilidad exigible a todas las instancias administrativas y pol¨ªticas. Renunciar a unos ingresos sin prever d¨®nde recortar el gasto supone exigir una futura compensaci¨®n a las comunidades contribuyentes netas o a la Administraci¨®n General del Estado. M¨¢s disfuncional es todav¨ªa cuando la propuesta parte de una comunidad receptora neta de la caja com¨²n por la v¨ªa de la solidaridad interterritorial y abre una peligrosa v¨ªa hacia el parasitismo tributario, es decir, el escenario grotesco en el que el beneficio otorgado a los 20.000 ricos andaluces deba ser financiado con recortes sociales a los m¨¢s necesitados o con un mayor esfuerzo fiscal de trabajadores y clases medias.

La inequidad de la medida es flagrante pero va acompa?ada de algo peor: una renuncia parcial al IRPF que revela la cara ideol¨®gica de la medida. No persigue evitar posibles concomitancias entre dos figuras impositivas para evitar una doble imposici¨®n, sino que apunta a una rebaja generalizada de impuestos, como ha propuesto de forma mal argumentada e inconsistente el PP nacional. Invocar las rebajas de impuestos que ha decidido Alemania es una coartada tramposa: Berl¨ªn reduce tipos a las rentas m¨¢s bajas pero los incrementa a los tramos superiores.

Cualquier estrategia desfiscalizadora es hoy contraria a la m¨¢s elemental cordura ante la necesidad de afrontar la factura de la guerra en Ucrania y la lucha diaria contra la inflaci¨®n. Contradice tambi¨¦n el impulso a nuevos impuestos que est¨¢ desplegando la Uni¨®n Europea y menosprecia el aumento de la desigualdad social (m¨¢s de un 6% en Espa?a desde la Gran Recesi¨®n de 2008). La clave de un sistema fiscal es no arruinar su car¨¢cter redistributivo y afianzarlo ante las asechanzas de una coyuntura incierta: unos pa¨ªses lo hacen con un impuesto espec¨ªfico global al patrimonio, como Espa?a, Suiza o Noruega; otros gravan la riqueza con impuestos espec¨ªficos a la posesi¨®n de viviendas (como en Francia), o con figuras transversales (como el IRPF).

En un contexto de grave incertidumbre, no hay nada peor que colocar el debate fiscal en una batalla pol¨ªtica con tintes electorales. El Gobierno central tiene que explicar todav¨ªa los detalles de su reacci¨®n a la irresponsable ofensiva popular. Crear un nuevo impuesto que reemplace al de patrimonio puede ser inexcusable ante la evidencia de que la v¨ªa de su reforma se ha ido cegando a medida que se vaciaba de contenido en los gobiernos auton¨®micos, primero en Madrid y ahora en Andaluc¨ªa. Pero es importante que el dise?o del nuevo tributo a las grandes fortunas evite la doble imposici¨®n en los territorios que mantienen el impuesto sobre el patrimonio, no a?ada complejidad al modelo y profundice en el car¨¢cter redistributivo del sistema fiscal. Los impuestos que pagamos determinan directamente la calidad de los servicios que recibimos. Excluir a los m¨¢s ricos de sus obligaciones fiscales empobrece al Estado de bienestar y debilita la confianza en la capacidad de la democracia para proteger la equidad social.