La cuerda que asfixia a Ayotzinapa

Al cumplirse ocho a?os de la noche de Iguala los mexicanos saben m¨¢s cosas sobre la tragedia que engull¨® la vida de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Se sabe con mayor certeza que nunca que no murieron incinerados en un muladar de Cocula. Y que por ende sus cenizas no necesariamente acabaron en el r¨ªo San Juan.

Se sabe que la llamada verdad hist¨®rica, instrumentada por el gobierno de Enrique Pe?a Nieto, provino de tinta manchada por la tortura y por la intenci¨®n, no solo de cerrar precipitadamente el caso sino de proteger a oficiales del Estado de distintos niveles. Por ambas cosas, esa capitulaci¨®n y enga?o revictimiz¨® a las familias de los estudiantes.

Es sabido tambi¨¦n que en Iguala y buena parte de Guerrero la convivencia entre autoridades federales y locales y narcotraficantes supera cualquier imaginaci¨®n novelesca. No que sorprenda, pero los detalles expuestos sobre la complicidad entre uniformados y criminales desnudan la gran farsa de la incorruptibilidad de las fuerzas armadas o de la utilidad de las polic¨ªas locales.

Y, finalmente y por desgracia, las familias de los 43 y la sociedad mexicana tienen detalles hoy de la cruenta manera en que los estudiantes fueron agrupados para, en diferentes momentos y lugares, matarlos y desechar sus restos. Acaso haya dudas sobre los momentos en que la mano ejecutora era de un asesino con o sin uniforme.

Porque los trabajos de cuatros a?os de la Comisi¨®n para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa han aportado luz sobre los hechos que conmocionaron a M¨¦xico. Pero esos avances tambi¨¦n han hecho aflorar resistencias y han desatado una serie de intentos que amenazan la posibilidad de la justicia. Como si al remover los hechos se hubieran tambi¨¦n vigorizado los intereses de distintos actores que prefieren una nueva verdad hist¨®rica: mocha, inducida, negociada, m¨ªnima y as¨¦ptica para entidades gubernamentales varias.

Sobre la esperanza de tener nuevo conocimiento en torno a la tragedia de Ayotzinapa ha ca¨ªdo el alud de quienes pretenden sofocar todo intento de exhaustividad en las pesquisas, toda l¨ªnea de investigaci¨®n que pueda reventarles en la cara a personajes de ayer y hoy en las fuerzas armadas, en entidades policiales y en aparatos de procuraci¨®n de justicia. En el centro de esos esfuerzos, parad¨®jicamente, est¨¢ el presidente de la Rep¨²blica Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador y su fiscal Alejandro Gertz Manero.

En agosto, el compromiso presidencial de AMLO de dar a las familias de los estudiantes lo que Pe?a Nieto les hab¨ªa negado, parec¨ªa haber dado un salto definitivo. El informe presentado a mediados de ese mes por el subsecretario Alejandro Encinas a los padres de los 43 constituy¨® la reapertura del caso hacia la justicia. Las principales v¨ªctimas pidieron tiempo para manifestarse sobre lo que les fue informado. Y faltaba, tambi¨¦n, lo que al respecto dijera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).

Sin embargo, el documento Encinas, quien funge como titular de la comisi¨®n, comenz¨® a ser r¨¢pidamente diseccionado por prensa y especialistas. Surgieron entonces las primeras resistencias. En los medios de comunicaci¨®n se escucharon voces de quienes estaban conformes con la verdad hist¨®rica de Jes¨²s Murillo Karam: no aporta mucho, no mueve los cimientos de lo anterior, los muchachos est¨¢n muertos, ya lo sab¨ªamos, participaron polic¨ªas y delincuentes, tambi¨¦n lo sab¨ªamos, ?cu¨¢l es la novedad?

Actores de todo un sector que de motu proprio o por servir a otros intereses no tuvo empacho en optar por el reduccionismo. Expresiones de quienes no conmovi¨® el nuevo relato ni lo impl¨ªcito en ¨¦l: si no fueron incinerados donde Murillo Karam dijo, si no murieron como se declar¨®, poco importa: los estudiantes muertos est¨¢n y algunos de los perpetradores ¨Cel exalcalde de Iguala, sus polic¨ªas, y otros agentes estatales¡ª encarcelados o libres por fallas ministeriales. Caso cerrado entonces y ahora.

Esa primera resistencia no fue menor y solo empez¨® a fracturarse cuando a las pcoas semanas se supo m¨¢s del informe, de sus partes que se presentaron testadas, de las l¨ªneas que apuntan con crudeza la forma de la masacre y los intercambios de comunicaciones entre delincuentes y elementos del Ej¨¦rcito y la Marina que habr¨ªan estado involucrados en hechos criminales antes, durante y despu¨¦s de la noche de Iguala.

La total difusi¨®n de lo contenido en el informe Encinas puso en el centro de las sospechas a elementos de las fuerzas armadas. El propio subsecretario de Gobernaci¨®n ya hab¨ªa dicho, ante la primera ola de cr¨ªticas de que nada de nuevo se ten¨ªa en el reporte, que hab¨ªa indicios de que un grupo de 6 estudiantes estuvo con vida por cuatro d¨ªas y que en el funesto destino de esos muchachos fue decretado por un mando militar.

A la postre, la filtraci¨®n period¨ªstica del informe sin testar aceler¨® el conocimiento no solo de los escabrosos m¨¦todos con que fueron asesinados los estudiantes, sino que precipit¨® una cosa igualmente reveladora: al mismo tiempo que en agosto se informaba a los padres de los hallazgos de la comisi¨®n, el gobierno arranc¨® una operaci¨®n para desmantelar la Unidad Especializada para Investigar y Litigar el Caso Ayotzinapa, uno de los dos brazos de la promesa de L¨®pez Obrador para de hacer justicia en esta tragedia.

Omar G¨®mez Trejo, titular de esa unidad, y quien hab¨ªa trabajado antes como secretario ejecutivo del GIEI, por lo que ten¨ªa credenciales de conocimiento y compromiso con esta causa, renunci¨® semanas atr¨¢s al constatar que Gertz Manero secuestraba las pesquisas, precipitando incluso alguna de ellas (la detenci¨®n del exprocurador Jes¨²s Murillo Karam), ordenaba el desestimiento de ¨®rdenes de aprehensi¨®n contra militares y exfuncionarios estatales, y retiraba del caso a los polic¨ªas de investigaci¨®n.

Por m¨¢s que M¨¦xico ha atestiguado el car¨¢cter impulsivo del actual fiscal general de la Rep¨²blica, el coptar la UEILCA supon¨ªa una maniobra impensable sin la autorizaci¨®n de Palacio Nacional. No hubo necesidad de especular al respecto: el presidente ha aceptado en toda esta semana que orden¨® o secund¨® lo hecho por Gertz Manero, incluido y sobre todo lo concerniente a sacar del alcance de la justicia a 16 militares.

Si la primera resistencia a los nuevos esfuerzos por esclarecer el caso Ayotzinapa fueron expresiones medi¨¢ticas, la operaci¨®n presidencial por acotar el alcance y la deriva de las pesquisas es flagrante. El jefe del Estado se asume y reconoce como el titiritero de Gertz Manero.

L¨®pez Obrador ha instrumentado, particularmente, la defensa de los militares. Porque no solo orden¨® el desestimiento en ¨®rdenes de aprehensi¨®n contra varios de ellos, sino porque desde las ma?aneras intenta, repetidamente, reducir el involucramiento de elementos de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional y de la Secretar¨ªa de Marina, a una cosa circunstancial en la que, si acaso, estuvieron involucrados un pu?ado de miembros de las fuerzas armadas.

La resistencia del presidente es ceguera autoinfligida: no quiere ver que al menos en el entorno de Iguala distintas pesquisas apuntan a anudadas y a?osas complicidades de las fuerzas armadas con el narcotr¨¢fico.

La resistencia de L¨®pez Obrador frente a su propia comisi¨®n incluye la tolerancia al desacato de las fuerzas armadas, que no entregan documentaci¨®n que se les orden¨® hacer llegar al GIEI. El presidente igualmente no no rechista ante la andana medi¨¢tica que emprendieron desde la SEDENA para clamar la inocencia incluso de los pocos militares bajo proceso.

Andr¨¦s Manuel ha dicho, a manera de explicaci¨®n que suena a disculpa, que es su deber cuidar el prestigio de la instituci¨®n militar. Es una manera de no decir que la justicia ser¨¢ discrecional. Es una forma, tambi¨¦n, de cuidar sus propios intereses: ha apostado a las fuerzas armadas la concreci¨®n de algunos de sus m¨¢s caros anhelos. El presidente no quiere que su alianza militarista se vea afectada por pesquisas exhaustivas, sin control centralizado en la FGR y en Palacio Nacional. Es una capitulaci¨®n del Estado frente a los intereses particulares de algunos de sus integrantes.

Y las fuerzas armadas no han desaprovechado esta oportunidad. Cabildean, y no solo medi¨¢ticamente, su causa. Cuentan para ello con la complicidad ¨Cno se le puede llamar de otra forma¡ª de toda una clase pol¨ªtica, que ante los hallazgos de la Comisi¨®n y las denuncias del GIEI de los hechos que deber¨ªan ser investigados en torno a los militares, siguen discutiendo, como quien oye llover y no posibles hechos delictivos, la ampliaci¨®n del mandato del Ej¨¦rcito como jefe de la seguridad p¨²blica.

Para tranquilidad de personajes del pasado, que primero encontraron en el tiempo a su principal aliado a fin de no ser llamados a cuentas por lo ocurrido en Iguala, el verano de 2024 ha significado que el caso Ayotzinapa ha llegado a un nuevo atolladero.

Encinas tiene un informe, pod¨ªa declarar que ha avanzado, pero est¨¢ en un predicamento. El presidente que le pidi¨® hacerse cargo del caso es el mismo que descafe¨ªna y tripula las pesquisas que podr¨ªan derivarse de esos hallazgos. ?A qui¨¦n terminar¨¢ siendo leal el subsecretario, a los padres que le depositaron la confianza o al presidente que se sacude la renuncia del fiscal G¨®mez Trejo como si fuera una mota en el traje?

?Le bastar¨¢ a Encinas, a quien esta semana el GIEI le ha cuestionado la falta de verificaci¨®n de algunos de sus hallazgos provenientes de mensajer¨ªa telef¨®nica, con pasar a la historia como quien quiso hacer la investigaci¨®n m¨¢s completa, pero como quien, tambi¨¦n, permiti¨® que ¨¦sta no se tradujera en las m¨¢s exhaustivas pesquisas? ?Le gustar¨¢ que su biograf¨ªa quede definitivamente a la sombra de alguien Gertz Manero?

Si Encinas cede, si ocupa mansamente el lugar que disponga Palacio Nacional a la hora de validar, sin atribuciones ni recato, qu¨¦ s¨ª se persigue judicialmente y qui¨¦n no, se habr¨¢n impuesto en definitiva las resistencias que estiran la cuerda para que el caso de los 43 quede, es cierto, un poco en donde estaba desde el pe?ismo.

Parece que ese escenario es el que prefieren todos los intereses que de tiempo atr¨¢s maniobran para que unos polic¨ªas menores, un militar, exfuncionarios locales, y una recua de criminales de distinta ralea sean los ¨²nicos que paguen c¨¢rcel por la mayor masacre de los tiempos modernos de M¨¦xico.

Todos tiran de esa cuerda: exfuncionarios federales que avivan el fuego medi¨¢tico de aquellos que pregonan que la verdad hist¨®rica resiste el esfuerzo del nuevo gobierno, la SEDENA que en el sexenio pasado no cooper¨® y en este regatea, los mandos de la extinta PGR que aguardan, en el exilio o con amparos, el evidente empantanimiento judicial del caso, y hasta personajes como Omar Garc¨ªa Harfuch, que primero dej¨® correr la versi¨®n de que como expolic¨ªa federal no hab¨ªa estado en donde los nuevos reportes lo ubican, para luego aceptar lo que public¨® El Pa¨ªs: que s¨ª, que por ah¨ª andaba en ese entonces.

El GIEI ha sentenciado esta semana que los hallazgos de la Comisi¨®n son prometedores, pero tambi¨¦n ha dicho que las pesquisas han sido manoseadas por Gertz Manero. Pero el grupo de expertas y expertos internacionales ha dicho algo m¨¢s importante a¨²n.

En su conferencia del jueves ha recordado que todo el teatro de funcionarios y peritos, de estudios y diligencias, de declaraciones y promesas, ten¨ªa un objetivo, y que ¨¦ste no se ha cumplido: los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen esperando verdad, justicia y reparaci¨®n. Y ocho a?os despu¨¦s se presenta de nuevo el riesgo de que poco de eso obtengan.

Porque tras dos investigaciones y dos gobiernos, la herida est¨¢ abierta: los padres de Ayotzinapa mantienen su pregunta original: ?D¨®nde est¨¢n los muchachos? ?D¨®nde al menos sus restos para darles sepultura?

Eso preguntan y reiteran una demanda que no muere: Vivos se los llevaron¡­

Pero ocho a?os despu¨¦s de la desaparici¨®n de los estudiantes de Ayotzinapa en las ¨¦lites gubernamentales casi todos parecen preferir que los intereses de pol¨ªticos de distinto corte, en el oficialismo y en la oposici¨®n, y de uniformados de varios colores sean el valor a tutelar. Eso, sus intereses, y no el dolor de los padres de los 43.