Ayotzinapa a?o VIII: sin verdad y sin justicia
Hubo buenas intenciones de AMLO y su equipo hace cuatro a?os, cuando concretaron una comisi¨®n de la verdad y una fiscal¨ªa especial. Pero transcurrido el tiempo se esperan resultados, no ret¨®rica
Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador se ha convertido en un obst¨¢culo para la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Su intromisi¨®n en los trabajos de la comisi¨®n instalada para reconstruir esa tragedia y en la ejecuci¨®n de ¨®rdenes de aprehensi¨®n por parte de la fiscal¨ªa minan la promesa presidencial de que este Gobierno sanar¨ªa la herida que la anterior Administraci¨®n infect¨®. El primer mandatario puede culpar a intereses oscuros de sabotaje, pero es su manipulaci¨®n lo que, de no corregirse, abonar¨¢ a la impunidad.
La manipulaci¨®n del presidente y la de otros. Porque AMLO es solo el m¨¢s visible de los altos funcionarios que han metido la mano en el caso que investiga la muerte y desaparici¨®n de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ra¨²l Isidro Burgos. Y es que adem¨¢s del mandatario, es p¨²blica una controvertida injerencia de los titulares de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica y de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional.
En medio de tan importantes actores se ahogan los esfuerzos de la subsecretar¨ªa de Derechos Humanos de Gobernaci¨®n y los de la fiscal¨ªa especial creadas para investigar esta tragedia. Los encargados de esas dependencias deber¨¢n rendir cuentas sobre los m¨¦ritos e insuficiencias de su labor, pero quiz¨¢ convenga establecer, al atisbar el sombr¨ªo escenario de que la noche de Iguala quede impune, y sus v¨ªctimas en zozobra, que hubo tambi¨¦n un enredo original que termin¨® por empantanar las cosas. Comencemos por ah¨ª.
Encontrar la verdad y lograr la justicia de una tragedia como la que se vivi¨® por d¨ªas a partir del 26 de septiembre de 2014 en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, supone emprender caminos en los que la primera y la segunda no necesariamente ir¨¢n en sincron¨ªa total: las labores para reconstruir la verdad de los hechos pueden aportar pistas y elementos que, en el mejor de los casos, llegar¨¢n a ser judicializables; pero no siempre ocurrir¨¢ de esa forma.
As¨ª que en la ruta para conocer lo que ocurri¨® con los estudiantes normalistas, y establecer qui¨¦nes fueron los perpetradores de su secuestro y homicidio, incluida la desaparici¨®n de sus restos, as¨ª como la identificaci¨®n de otros personajes que habr¨ªan estado coludidos en los hechos o en el encubrimiento de los mismos, la Comisi¨®n para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario Alejandro Encinas, pudo y debi¨® concretar la relator¨ªa m¨¢s acabada sobre tan atroz crimen.
Ese reporte tendr¨ªa valor hist¨®rico y reparatorio, esto ¨²ltimo en tanto que podr¨ªa ¡ªpor fin, y con la mayor exhaustividad y exactitud posibles¡ª decir qu¨¦ fue de los muchachos. En paralelo, aprovechando hallazgos de la Comisi¨®n de Ayotzinapa, la fiscal¨ªa especial ¡ªcuyo nombre correcto es Unidad Especializada en Investigaci¨®n y Litigaci¨®n del Caso Ayotzinapa (UEILCA)¡ª tiene el mandato de investigar y judicializar cuanto le sea posible para que en los tribunales se sancione a los criminales, a sus c¨®mplices y encubridores.
El riesgo, por supuesto, es que si la relator¨ªa y el proceso judicial llegasen a tener alcances distintos, habr¨¢ familias que se sientan defraudadas porque no se obtiene toda la justicia de los cr¨ªmenes vislumbrados en un informe, sino solo la que es posible establecer en t¨¦rminos ministeriales: la reconstrucci¨®n documental aportar¨ªa verdad, la fiscal¨ªa tendr¨ªa que desmontar la impunidad. Acciones que no necesariamente ser¨¢n calcas una de otra.
M¨¢xime si a las instancias, cargadas con tan complejas tareas, se les somete a plazos que tienen nada o poco qu¨¦ ver con la dificultad para desenterrar y restablecer hechos, y evidencias, que durante a?os fueron manejados indolente o criminalmente por anteriores autoridades de todo nivel. Y, por supuesto, si hoy prevalecen intereses, como los de las Fuerzas Armadas, que resisten ¡ªy as¨ª ha sido denunciado¡ª la total cooperaci¨®n.
Y es precisamente en ese punto donde el pecado original fue llevado al peor de los mundos. Comisi¨®n y fiscal¨ªa especial tuvieron que responder, semanas atr¨¢s, a la demanda del presidente L¨®pez Obrador para dar a conocer ya el reporte de Encinas y simult¨¢neamente ejecutar procesos judiciales.
Al fijarles esos plazos, AMLO pudo haber provocado la falta de rigor que ahora se le reclama a Encinas, que ya ha reconocido que incluy¨® en su informe materiales no verificados. Y m¨¢s grave a¨²n, favoreci¨® la usurpaci¨®n de la que fue objeto la fiscal¨ªa especial, donde Omar G¨®mez Trejo renunci¨® luego de que le conculcaran sus atribuciones, apresurando (o habr¨ªa que decir montando) el caso en contra del exprocurador Jes¨²s Murillo Karam, y desactivando una veintena de acusaciones contra militares.
De remate, L¨®pez Obrador ha confesado que ¨¦l mueve los hilos al declarar, no una sino varias veces, que las carpetas contra militares que originalmente fueron presentadas ante un juez y luego, sin autorizaci¨®n de G¨®mez Trejo, retiradas por la propia fiscal¨ªa, se cancelaron porque son acusaciones que no empatan con lo que dice el informe de Encinas, que para colmo dice cosas ¡ªhoy sabemos por el reportaje de The New York Times¡ª que el propio subsecretario reconoce que no fueron debidamente verificadas.
Tras la salida de G¨®mez Trejo, a quien lejos de agradecer tratan como sospechoso de qui¨¦n sabe qu¨¦ irregularidades y pr¨¢cticamente le han forzado a esconderse ¡ªapenas hace un par de d¨ªas sali¨® en Estados Unidos de su mutismo¡ª, Andr¨¦s Manuel confirm¨® que quiere tripular la indagatoria: ha designado en lugar del abogado que contaba con la confianza de las familias de los 43 a un tabasque?o (uno m¨¢s), que salvo el paisanaje carece de credenciales que ayuden a abrigar esperanzas de pericia ministerial.
Hace un mes, en ocasi¨®n del octavo aniversario de la matanza estudiantil, las marchas y los reclamos p¨²blicos tuvieron un nuevo momento de crispaci¨®n. Si bien la conmemoraci¨®n se dio en el marco de la revelaci¨®n del contenido de chats donde con crudeza se narraba, supuestamente, la forma en que fueron desaparecidos, asesinados y ocultados los normalistas, tambi¨¦n hay que apuntar que el gobierno fue el que agit¨® las aguas al lanzar un informe que no supo socializar con la opini¨®n p¨²blica, ni con el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI saldr¨ªa d¨ªas despu¨¦s a cuestionar algo del contenido reportado por Encinas, pero fundamentalmente ese colectivo, que lleva a?os marcando la pauta en esta tragedia, enfoc¨® sus cr¨ªticas a la tarea de denunciar que a pesar de las instrucciones del presidente L¨®pez Obrador, el Ej¨¦rcito no coopera plenamente en el esclarecimiento del caso.
Eso ocurri¨® hace justo cuatro semanas. En ese lapso, lejos de amainar la tormenta que hace dudar sobre si se lograr¨¢ verdad y justicia para los estudiantes de Ayotzinapa, los grises nubarrones se acumulan.
Encinas termin¨® enredado con su propia lengua, y no solo por el reportaje del Times. Una acusaci¨®n tan grave como la que formul¨® meses atr¨¢s, cuando dijo que un mando del Ej¨¦rcito retuvo por d¨ªas a seis de los muchachos, ha quedado en el aire sin que de tal aseveraci¨®n se hayan desprendido ni m¨¢s detalles sobre el paradero de esos j¨®venes, o sobre c¨®mo pudo ocurrir y qui¨¦n consecuent¨® esa presunta actividad criminal.
En otras palabras: el subsecretario Encinas tiene que lidiar con la impaciencia e intromisi¨®n de su jefe, con un escenario medi¨¢tico donde la llamada ¡°verdad hist¨®rica¡± tiene defensores ¡ªes as¨ª por incre¨ªble que parezca, dado que si algo es claro al respecto de la misma es que es producto, al menos en parte, de actos de tortura, adem¨¢s de ministerialmente desaseada¡ª, y con la defensa de un informe que hoy no sabemos en qu¨¦ medida es fiable.
De la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica, en cambio, es f¨¢cil anticipar su proceder: tanto el m¨¢ximo encargado de ese despacho como el reci¨¦n nombrado fiscal especial tendr¨¢n su interlocuci¨®n principal, que nadie se confunda, con Palacio Nacional, y no con las familias de Ayotzinapa (y tampoco con Encinas).
Actores como el GIEI ¡ªque en cuesti¨®n de horas y de nueva cuenta dar¨¢ otro reporte¡ª e incluso el Centro Prodh, que por a?os ha acompa?ado a los padres de los normalistas, ser¨¢n tolerados por un presidente que calcula que eventuales cuestionamientos de esos organismos no interfieren con su machacona insistencia en las ma?aneras, donde se reedita el manual de propaganda que culpa a intereses espurios de tratar de desbarrancar los esfuerzos que nadie antes emprendi¨® para aclarar y castigar lo ocurrido en Iguala.
Sin duda hubo buenas intenciones de AMLO y su equipo hace cuatro a?os, cuando luego de la campa?a electoral concretaron una comisi¨®n de la verdad y una fiscal¨ªa especial. Pero transcurrido el tiempo se esperan resultados, no ret¨®rica. Verdad sustentada en documentos, indicios y narrativa incontestables. Y justicia producto de acusaciones s¨®lidas e imparciales: que no sean administradas a contentillo de las Fuerzas Armadas o de otros factores de poder.
Qu¨¦ paradoja si la verdad y la justicia para Ayotzinapa se quedan, a dos a?os de que concluya el sexenio de L¨®pez Obrador, enfangadas.
?l, que se comprometi¨® con las familias y con la sociedad. ?l, que puso recursos y tiempo en esa causa. ?l, que quiso cerrarla para que se viera que cumpl¨ªa su compromiso, puede quedar en el mismo lugar que Enrique Pe?a Nieto: con un informe que no resiste cuestionamientos elementales y con unos expedientes dosificados porque la voluntad presidencial ¡ªtambi¨¦n la de este tabasque?o¡ª se topa con una muralla militar.
?l, como EPN, recibiendo reclamos de las familias y la sociedad que no atestiguan que de veras aplicar¨¢ la ley caiga quien caiga.
Pero nadie ¡ªy menos que nadie el presidente¡ª podr¨¢ decir que ¨¦l fue ajeno a tan funesto resultado.
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