Nicaragua y las elecciones municipales

Nicaragua vivir¨¢ el pr¨®ximo mes otro proceso electoral, exactamente un a?o despu¨¦s de las elecciones generales de noviembre de 2021, que dieron paso al cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega, presidente desde 2007.

Los comicios del 6 de noviembre ser¨¢n municipales, en ellos se elegir¨¢n alcaldes, vicealcaldes y miembros de los consejos deliberantes en 153 alcald¨ªas, de las cuales, desde 2017, 135 est¨¢n en manos del oficialista Frente Sandinista de Liberaci¨®n Nacional (FSLN). Adem¨¢s, desde principios de julio de este a?o, cinco m¨¢s pasaron al control del FSLN cuando se destituy¨® a los alcaldes de oposici¨®n para nombrar, de facto, a correligionarios del partido gobernante.

La expectativa de cambio con estas elecciones es ciertamente menos alta que la del a?o pasado, aunque la importancia de estos comicios no es menor dado que los resultados podr¨ªan implicar el ocaso definitivo del pluralismo democr¨¢tico, de lo que Nicaragua ya padece. Para la institucionalidad tambi¨¦n ser¨¢ un golpe radical. A nivel nacional, el Gobierno sandinista ya tiene el control sobre los otros tres poderes del Estado. Pronto, ese influjo copar¨ªa toda la estructura municipal.

La pregunta que surge en este momento es si este proceso electoral tendr¨¢ los mismos rasgos con los que la OEA caracteriz¨® al sufragio presidencial de 2021. La Asamblea General de la OEA concluy¨®, por 25 votos a favor, siete abstenciones y solo el voto en contra de Nicaragua, que aquellas elecciones ¡°no fueron libres, justas ni transparentes y no [tuvieron] legitimidad democr¨¢tica¡±. La respuesta parece obvia, pues las condiciones no han cambiado o, incluso, de acuerdo a la informaci¨®n disponible, han empeorado a nivel local.

Este a?o, a trav¨¦s de la Ley 1116, la Asamblea Nacional reform¨® la Ley Electoral ¡ªque ya hab¨ªa sido reformada en 2021 para las elecciones presidenciales¡ª, pero no modific¨® las disposiciones que restringen indebidamente los derechos de participaci¨®n pol¨ªtica y las libertades p¨²blicas. Por tanto, siguen vigentes preceptos que obligan a los partidos a pedir autorizaci¨®n policial para reunirse con sus adeptos en una concentraci¨®n durante la campa?a (Art. 89.1), o que proh¨ªben a la ciudadan¨ªa realizar manifestaciones, las que est¨¢n reservadas ¨²nicamente a quienes competir¨¢n en las elecciones (Art. 95).

La Ley 1116 redujo la duraci¨®n de la campa?a electoral a menos de la mitad, de 42 a 20 d¨ªas. En un contexto como el actual, en el que el oficialismo controla el 92% de las alcald¨ªas y est¨¢ postulando a 111 alcaldes y vicealcaldes en ejercicio, esta reducci¨®n afectar¨ªa a otras opciones pol¨ªticas que, como se ha denunciado, no contar¨ªan con el suficiente tiempo para hacerse conocer o para difundir y discutir sus propuestas con el electorado. ?sta ser¨ªa una desventaja en t¨¦rminos de las condiciones generales de igualdad en el acceso a la funci¨®n p¨²blica, derecho reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos.

La contienda municipal no contar¨¢ con la participaci¨®n de los tres partidos pol¨ªticos que fueron cancelados arbitrariamente por el Consejo Supremo Electoral en 2021. Uno de ellos, Ciudadanos por la Libertad, administraba hasta julio una cuarta parte de las alcald¨ªas de oposici¨®n. Es predecible que tampoco participen muchos aspirantes dispuestos a servir y a aportar al desarrollo de sus comunidades, pues el encarcelamiento de siete precandidatos presidenciales y otros l¨ªderes y lideresas pol¨ªticos y sociales meses antes de las elecciones generales de 2021 ¡ªhoy condenados como traidores a la patria¡ª no es precisamente un est¨ªmulo para postularse.

En este ¨²ltimo tiempo la represi¨®n en el pa¨ªs ha sido m¨¢s ostensible fuera de la capital, especialmente vehemente en ciertos municipios, como Masaya, donde en septiembre un despliegue de cientos de efectivos policiales impidi¨® las procesiones en honor de su santo patrono. Semanas antes, en S¨¦baco y Matagalpa, 15 personas, entre sacerdotes y laicos, fueron retenidas por las fuerzas de seguridad en ambientes eclesi¨¢sticos entre 3 y 15 d¨ªas, respectivamente. Actualmente, ocho de esas personas, incluido el Obispo de Matagalpa, est¨¢n en prisi¨®n preventiva o en detenci¨®n domiciliaria bajo investigaci¨®n penal por haber, supuestamente, intentado organizar grupos violentos con el prop¨®sito de desestabilizar al Estado y atacar a las autoridades.

En septiembre, en los municipios de Jinotepe, Juigalpa, Managua, Matagalpa, Nagarote y Nueva Guinea, la polic¨ªa ha detenido a miembros de UNAMOS, partido con or¨ªgenes en una escisi¨®n del FSLN hace m¨¢s de 25 a?os. Aunque UNAMOS no tiene reconocimiento legal para participar en los comicios, es una de las organizaciones pol¨ªticas m¨¢s influyentes en el pa¨ªs. Adem¨¢s de capturar a diez de sus militantes en el ¨²ltimo mes, la polic¨ªa tambi¨¦n ha detenido arbitrariamente a c¨®nyuges, hijos y hermanos de otros integrantes, pasando el mensaje, impl¨ªcito y expl¨ªcito, de que no ser¨¢n liberados hasta que su familiar integrante del partido se entregue a las autoridades. Esta incalificable acci¨®n se ha dado en m¨¢s de un caso, sum¨¢ndose a los patrones de persecuci¨®n pol¨ªtica que se practican en Nicaragua desde 2018.

La ¨²ltima ola represiva no ha excluido a los medios de comunicaci¨®n locales. Seg¨²n sociedad civil, entre los 26 medios clausurados en Nicaragua en lo que va de este a?o, 23 operaban en 19 municipios de los departamentos de Chinandega, Estel¨ª, Jinotega, Le¨®n, Matagalpa, Nueva Segovia y R¨ªo San Juan, y en las Regiones Aut¨®nomas de la Costa Caribe Sur y Norte. Cerrar esas emisoras de radio y televisi¨®n significa, de cara a las elecciones municipales, restringir canales de comunicaci¨®n, informaci¨®n y discusi¨®n sobre asuntos de inter¨¦s p¨²blico.

La sociedad civil organizada a nivel local tampoco ha escapado de la feroz acometida estatal de reducci¨®n del espacio c¨ªvico y democr¨¢tico. De las m¨¢s de 2,514 organizaciones que en 2022 han sufrido la cancelaci¨®n de su personalidad jur¨ªdica ¡ªcifra sin precedentes seg¨²n el propio Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reuni¨®n pac¨ªfica y de asociaci¨®n¡ª, una buena parte operaba en municipios postergados y alejados de la capital, incluidos los de la Costa Atl¨¢ntica con extensa poblaci¨®n ind¨ªgena y afrodescendiente.

Estos son algunos de los elementos que configuran el escenario previo a las elecciones municipales del 6 de noviembre, luego de las que Nicaragua podr¨ªa quedar a¨²n m¨¢s sometida a un gobierno refractario a la discrepancia y al pluralismo y que concentrar¨¢ en sus manos todo el poder pol¨ªtico, lo que contradice principios b¨¢sicos de un Estado democr¨¢tico de derecho. Por ello, la comunidad internacional no puede dejar sola al pueblo de Nicaragua, que por d¨¦cadas ha luchado, y sigue luchando, por el reconocimiento de sus derechos y por volver a vivir en una verdadera democracia.