Coordinar la coalici¨®n
La experiencia de esta semana muestra la ineficacia de mantener un reparto de parcelas entre los socios de Gobierno
La sacudida pol¨ªtica y social que ha generado la entrada en vigor de la ley del solo s¨ª es s¨ª ha evidenciado una vez m¨¢s desequilibrios en el Ejecutivo que siguen sin resolverse. El primer Gobierno de coalici¨®n en Espa?a de esta democracia ha ido aprendiendo a serlo en medio de enormes turbulencias mundiales, pero a estas alturas de la legislatura era exigible una mayor coordinaci¨®n sobre una ley central como la...
La sacudida pol¨ªtica y social que ha generado la entrada en vigor de la ley del solo s¨ª es s¨ª ha evidenciado una vez m¨¢s desequilibrios en el Ejecutivo que siguen sin resolverse. El primer Gobierno de coalici¨®n en Espa?a de esta democracia ha ido aprendiendo a serlo en medio de enormes turbulencias mundiales, pero a estas alturas de la legislatura era exigible una mayor coordinaci¨®n sobre una ley central como la llamada ley del solo s¨ª es s¨ª y sobre la reacci¨®n posterior cuando han empezado a verse efectos indeseados en su aplicaci¨®n. A esto hay que sumar la irrelevancia del Parlamento, al que apenas llegan normas con otra forma que no sea la de real decreto ¡ªlo que no ha impedido una ingente e importante labor legislativa¡ª. Y adem¨¢s est¨¢ la ruptura cr¨®nica de puentes entre el Gobierno y el principal partido de la oposici¨®n por su rechazo casi preceptivo a cualquier posible pacto de Estado, pese a su evidente urgencia, en particular en el ¨¢mbito judicial.
Cuando una reforma (y nada menos que del C¨®digo Penal) provoca algunos efectos contrarios a los que se persiguen, como est¨¢ sucediendo hasta el momento con la ley del solo s¨ª es s¨ª, es la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la ley, quien debe rendir cuentas y buscar soluciones. Hasta muy poco antes de empezar a emerger los efectos indeseados, la formaci¨®n morada reivindicaba la ley como suya. Pero el Ministerio de Justicia revis¨® la norma antes de que Igualdad la llevase al Consejo de Ministros y su opini¨®n sobre la calidad jur¨ªdica del texto y sus consecuencias es tambi¨¦n muy relevante en este asunto. Es comprensible e incluso deseable evitar una uniformidad marcial en el seno de un Ejecutivo y admitir un cierto grado de disonancia entre los socios; es entendible que cada parte quiera visibilizar sus logros, pero las leyes afectan a toda la ciudadan¨ªa y cuando tocan el C¨®digo Penal requieren no solo de una elaboraci¨®n transversal sino de una coordinaci¨®n impecable ante las consecuencias de su entrada en vigor. A la vista de la gesti¨®n de la crisis desencadenada desde que empezaron a trascender las rebajas de penas, cabe preguntarse si todos los miembros del Ejecutivo estuvieron involucrados en un proyecto legislativo de esta trascendencia. Y cabe exigir ese compromiso conjunto para impedir la repetici¨®n de la misma disfunci¨®n con leyes en marcha muy sensibles, como la ley mordaza, encallada desde hace m¨¢s de un a?o, la ley trans o la ley de vivienda. Todas merecen un debate p¨²blico que afine sus detalles y el primer beneficiario de ese debate ser¨ªa el conjunto del Gobierno.
Los modos de negociaci¨®n que se han impuesto en el Ejecutivo parecen responder a un reparto de parcelas en el que Unidas Podemos tiene sus leyes y en el que prevalece un c¨¢lculo partidista que debilita a la misma coalici¨®n. No se ha logrado desarrollar una estructura que visibilice el di¨¢logo horizontal entre ministros. Con el a?adido de la evidente fractura entre Podemos y el resto del espacio confederal de UP, lo que obliga a una coordinaci¨®n a tres y no a dos. Hasta ahora, los problemas de fricci¨®n entre los socios del Ejecutivo se saldan con un pacto por arriba que da una salida pol¨ªtica al enfrentamiento y pone en un segundo plano los aspectos de car¨¢cter t¨¦cnico. Pero se trata de impedir que un mal funcionamiento interno genere una situaci¨®n parecida a la vivida durante esta semana. Un error subsanable, una carencia t¨¦cnica o la disparidad de interpretaciones sobre la norma no pueden volver a colonizar el debate con el efecto de invisibilizar la ambici¨®n de una ley necesaria. El principal interesado en armar y cuidar ese mecanismo cohesionador, hoy ausente, es Pedro S¨¢nchez.